El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, respondió al exmandatario Evo Morales (2006-2019) sobre sus comentarios en relación a la crisis de combustibles y la supuesta intención de privatizar la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
En una publicación en X, Paz le dijo a Morales que “no tiene autoridad moral” para referirse a la compañía petrolera que, junto al expresidente Luis Arce, “quebraron”.
“Cuando entraste, YPFB era la empresa con más recursos, con reservas petrolíferas y gasíferas del país. Durante 20 años, tú y tu ministro Arce de Economía no hicieron más que usarla para intereses políticos, gastar el gas y no asegurar el futuro de la patria”, escribió el mandatario boliviano en un mensaje inusualmente extenso.
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Paz también responsabilizó a Morales por haber dejado al país “sin gas y sin futuro hidrocarburífico”, a pesar de haber nacionalizado los recursos petroleros en 2006. “La soberanía energética que nos prometieron hoy es un fracaso porque la negociaste y la vendiste”.
El presidente defendió las críticas a su gestión al señalar que “no pueden pretender que resolvamos en meses lo que destruyeron con corrupción en 20 años” y descartó rumores sobre la privatización de la petrolera. “Nadie va a privatizar YPFB, la haremos eficiente”, finalizó.
Un día antes, Morales había manifestado en un programa radial que existe una campaña de desprestigio contra YPFB con la intención de privatizar la compañía. “De manera intencionada, están haciendo campaña de la mala imagen. Dicen ‘YPFB ya no sirve, entonces hay que privatizar’”, afirmó el exmandatario.
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Las declaraciones de ambos líderes políticos ocurren en medio de una crisis de combustible que lleva un par de meses sin resolverse y en un proceso de reorganización institucional del sector de los hidrocarburos, tras la renuncia de la anterior presidenta de YPFB y el relevo del ministro de Hidrocarburos, los dos principales ejecutivos del área.
En su carta de renuncia, la expresidenta de YPFB, Claudia Cronenbold, ofreció un diagnóstico crítico sobre la principal empresa del país por su estado “significativamente más deteriorado de lo previsto”, producto de prácticas acumuladas durante al menos dos décadas, y afirmó que las reformas estructurales necesarias requieren más tiempo que el que ofrece la política.
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Bolivia padeció más de dos años de abastecimiento irregular de combustible debido a la caída de la producción local y las limitaciones económicas para la importación. En diciembre, tras el cambio de gobierno, se levantó el subsidio a los carburantes —que por 20 años habían mantenido un precio fijo y menor al del mercado internacional— y se regularizó el suministro.

Sin embargo, semanas más tarde surgió otro conflicto: una ola de denuncias de que la gasolina que se vendía estaba en mal estado y provocaba daños mecánicos en los vehículos. El Gobierno no tardó en admitir que había distribuido “gasolina desestabilizada”, pero sin responsabilizarse por su origen y ofreciendo versiones distintas que van desde residuos tóxicos en tanques hasta la existencia de redes de “sabotaje” internas y externas.
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El conflicto se agravó en las últimas semanas con denuncias de escasez de diésel y manifestaciones de sindicatos transportistas. El Gobierno atribuyó la situación a la sobredemanda de combustible por la temporada agrícola y se comprometió a incrementar los despachos, con lo que se levantaron las medidas de presión en La Paz.
Esta seguidilla de problemas que no terminan de resolverse estuvo acompañada de inestabilidad institucional: en cinco meses de Gobierno, Paz tuvo dos ministros de hidrocarburos, tres presidentes de YPFB y dos directores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en busca de rumbo para reestructurar el sector.
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