Los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación

El 29 de agosto se instituyó en la República Argentina el Día de los Abogados, en homenaje al nacimiento de Juan Bautista Alberdi, en 1810, a quien se considera autor intelectual de la Constitución Nacional. Alberdi fue definido, con acierto, como "el abogado que diseñó la estructura institucional de nuestra República".

Hoy, 208 años más tarde, los abogados de nuestro país nos encontramos cumpliendo con el compromiso de participar en el diseño de nuestro sistema de Justicia, parte fundamental de la institucionalidad republicana que el insigne jurista nos ha legado.

Cierto es que el Consejo de la Magistratura de la Nación fue producto de la reforma de 1994 y no se encontraba en la estructura original de la Constitución de 1853. Sin embargo, este órgano constitucional ha permitido a quienes ejercemos esta profesión incorporarnos a los procesos de selección de jueces, juzgamiento de su conducta y su desempeño, administración de los recursos económicos financieros del Poder Judicial y reglamentación de lo atinente a la organización de la Justicia.

Así, a los abogados se nos ha otorgado la oportunidad histórica de participar en el diseño institucional de nuestra república. Es también una ocasión válida para reclamar por los derechos y los principios que los convencionales constituyentes nos otorgaron y que, a través de leyes inconstitucionales posteriores que soslayaron el espíritu de la Carta Magna, se nos han quitado.

La Constitución Nacional establece que la representación en el Consejo de la Magistratura debe respetar el principio de equilibrio entre los denominados estamentos políticos y los correspondientes a la comunidad jurídica.

La representación establecida por ley —un abogado por la Capital Federal y otro por las provincias argentinas— violenta dicho principio al dividir la representación abogadil en dos distritos separados de representación individual y no plural. De esta forma, la lógica y la constitucional pluralidad desaparecieron. El sistema establecido implica, además, la minusvalía numérica en relación con los estamentos políticos, así como la dificultad de lograr equivalencia de género.

En relación con las atribuciones propias del Consejo, a los abogados se nos ha excluido, sin razón o motivo válido alguno, de la Comisión de Selección de Magistrados. Dicha circunstancia nos inhabilita para dictaminar en esa materia, y altera manifiestamente la propia letra constitucional que requiere de participación de los estamentos en todas las comisiones, y ello sin dejar de hacer notar la trascendencia del juicio de valor que quien ejerce nuestra profesión le otorga al proceso de selección de jueces.

No obstante, ninguna de estas privaciones de derechos y facultades absolutamente contrarias a la Constitución Nacional nos ha impedido llevar adelante nuestra labor en el órgano constitucional. Así, en un trabajo conjunto y colectivo con los demás estamentos, hemos superado la parálisis en la que el Consejo se encontraba sumido desde hace años. Durante esta gestión pudimos devolverle el protagonismo institucional que le corresponde, llevar adelante los procesos de selección de manera ejemplar y llegar a las puertas de un número récord en elevación de ternas: 233 a la fecha.

Asimismo, se promovieron diversas investigaciones a través de la Comisión de Disciplina y Acusación, y llevamos adelante la acusación en diversos juicios políticos. También, respondiendo a un reclamo de la sociedad y en el marco de un compromiso con la transparencia en la gestión, se han establecido mecanismos de evaluación a través de auditorías y la total implementación de la ley de acceso a la información pública en el ámbito del Consejo.

Ratificamos el compromiso con las personas en condiciones de vulnerabilidad y su acceso a la Justicia; la defensa a ultranza de los derechos fundamentales de las personas; y tantas otras acciones positivas que se han llevado adelante con el pleno impulso de la representación que los abogados poseemos en este órgano constitucional.

Sin embargo, todo lo logrado no debe hacernos olvidar de las deudas que mantenemos con la sociedad que nos ha confiado una parte de ese diseño institucional del país en relación con el sistema de Justicia, por el cual debemos bregar de manera incesante y continuar reclamando el reconocimiento de una mayor representación y su consiguiente responsabilidad que la Constitución ha consagrado para los abogados.

El autor es abogado, presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación.