El momento de la reforma laica

Siempre sorprende la manera en la que los temas llegan a estar en el ojo de la discusión pública. A veces basta que alguien haga una pregunta, como la que le hicieron al jefe de gabinete, Marcos Peña, en el Congreso de la Nación, para desnudar una realidad incómoda. Si bien hace años que muchas personas de todo el arco ideológico venimos trabajando para lograr la separación de Iglesia y Estado, parece ser que finalmente ha llegado la hora de avanzar en una reforma laica.

Lo primero que me parece importante destacar es que el laicismo busca cumplir con un simple mandato bíblico: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Separar los asuntos públicos, terrenales, de los asuntos confesionales, del espíritu. No es anticlericalismo, no es estar en contra de la Iglesia Católica, es estar en contra de los privilegios legales que existen. Se puede ser creyente y abogar por el laicismo. De hecho, conozco a varios obispos que adhieren a la causa.

Esto no quiere decir de forma alguna que cada uno de nosotros deba dejar de lado sus convicciones, sino que no puede haber instituciones que gocen de un tratamiento de privilegio por parte del Estado por sostener determinada creencia o ideología. Se busca nada más y nada menos que la igualdad ante la ley.

La relación carnal entre Estado e Iglesia data de la época de las monarquías. En particular, la corona española gozó del "patronato regio" a partir del cual se le otorgaba la posibilidad de nombrar a las autoridades eclesiásticas (obispos, curas, etcétera) y algunas otras cuestiones de control político a cambio del sostén económico. Esto fue luego absorbido por nuestra patria tras su independencia y, más tarde, por nuestra Constitución Nacional del 53. De hecho, puede encontrarse su antecedente en las Bases… de Juan B. Alberdi.

Para los políticos era un negocio redondo: se garantizaban el control político de sus comunidades y se utilizaba a las iglesias como otra herramienta de movilidad social y construcción política, y lo pagábamos los gobernados. En 1966, tras distintos desencuentros entre la Argentina y el Vaticano, y con los lineamientos del Concilio Ecuménico Vaticano II, se procede a modificar el esquema de patronato, control de la Iglesia por parte del Estado, al concordato. El concordato implicó la independencia de la Iglesia en materia administrativa y política del Estado.

Así Iglesia y Estado transitaron más de una década sanamente separados hasta la llegada de la dictadura militar. Entonces, mediante varias leyes, especialmente la 21950, se establecieron sueldos, jubilaciones y beneficios económicos a los jerarcas de la Iglesia Católica. A pesar de haber concluido la figura del patronato que dio origen al deber de sostenimiento económico, cuestionable desde ya, la Iglesia logró obtener privilegios económicos ahora en un marco de independencia.

¿Por qué debemos financiar a la Iglesia con los impuestos de todos los argentinos? No se me ocurre ninguna razón legal, ética o de ninguna naturaleza que justifique que todos nosotros financiemos a un culto en particular. O, de hecho, a cualquier culto, dado que entre nosotros hay agnósticos y ateos.

Monseñor Héctor Aguer hace poco defendió los subsidios de la Iglesia, porque dice que las limosnas son "miserables", es decir, que sus fieles no los apoyan económicamente de forma voluntaria y que, en consecuencia, corresponde que les paguemos. Un delirio.

Aguer justifica también este privilegio en que la mayoría de los argentinos son católicos. Propongo que adoptemos en Argentina un sistema similar al alemán, que también rige en países como Suecia y Finlandia. Que se cobre un impuesto adicional a cada creyente para el sostenimiento de su culto, o de cualquier otra religión. Ya que están dispuestos a meterles la mano en el bolsillo forzosamente a las personas, entonces que al menos cada uno pueda elegir a quién darle la plata si declara su pertenencia a tal o cual religión. Nos sorprenderíamos, creo, del nivel de apostasía que alcanzaríamos.

Por último, quiero dejar en claro que estos privilegios económicos, logrados en la última dictadura, violan preceptos constitucionales básicos y dado que constituyen privilegios, son una forma de discriminar. No sería la primera vez que un artículo de una Constitución es declarado inconstitucional, ni leyes que buscan su amparo en algún artículo en particular.

Durante este año estaremos trabajando con actores de todos los espacios políticos para derogar, mediante el Congreso o los tribunales, estas leyes contrarias a la patria libre y de iguales que debemos construir. Son todos bienvenidos.