Por estas semanas asistimos al recrudecimiento de los enfrentamientos públicos entre el sindicalismo y el gobierno nacional, que parecen tener en la figura de Hugo Moyano uno de sus capítulos fundamentales.
A días de una nueva y polémica medida de fuerza que divide al propio sindicalismo, cabe preguntarse: ¿hasta dónde llegará el Gobierno?, ¿cuál es la carta que aún no jugó?, ¿cómo reaccionarán los principales líderes sindicales?, ¿se rompe la CGT?
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En medio de este fuego cruzado, y a la espera de develar algunos de esos interrogantes, es posible analizar victorias y derrotas en términos de opinión pública.
La mala imagen del sindicalismo
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Desde hace años, los sindicatos son una de las instituciones de la democracia con peor imagen pública. La corrupción percibida por la sociedad cubrió con un manto de desconfianza a las organizaciones y a sus dirigentes, erosionando de esta forma gran parte de su tradicional legitimidad.
En este marco, de cara a la percepción de la opinión pública, está más que claro que la disputa pública que por estos días Hugo Moyano está sosteniendo con el Gobierno nacional lo perjudica mucho más de lo que lo beneficia. El líder sindical, capaz de movilizar a sus seguidores del Sindicato de Camioneros e influenciar a buena parte de la estructura de la CGT, aún condensa mucho poder. Sin embargo, la sociedad no lo ve con buenos ojos. Se trata de un dato que, si bien no es una novedad, hoy parece ser más gravitante que antaño.
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Un trabajo de las encuestadoras Taquion y Trespuntozero da cuentas de la profunda crisis que atraviesa el sindicalismo en términos de opinión pública. Un relevamiento realizado durante enero de este año sobre una muestra de 1.069 casos a nivel país, observa que los sindicatos son percibidos como la institución más corrupta de la democracia. Así, el 80,9% de los encuestados sostienen que los sindicatos son muy o bastante corruptos. Es una cifra que supera la corrupción percibida en empresarios (77,5%), el Poder judicial (74,8%), los medios de comunicación (67,4%), el Congreso de la Nación (64,5%), el Gobierno nacional (54%) y la misma ciudadanía (53,7%).

En términos de la disputa pública que tiene lugar estas semanas, este dato le otorga una ventaja abismal al gobierno. Mientras el sindicalismo "ataca", en términos comunicacionales, con temas relacionados a los precios, las paritarias y la situación económica en general, el Gobierno ha logrado esgrimir una defensa y contrataque eficaz apelando a la lucha contra la corrupción.
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Ataque y defensa: la estrategia del Gobierno
Durante los dos primeros años del gobierno de Cambiemos la corrupción fue, sin dudas, el caballito de batalla utilizado estratégicamente para atacar al gobierno kirchnerista. La "pesada herencia", los bolsos de José López, Lázaro Báez, De Vido, Boudou, fueron algunos de los blancos principales que alimentaron dicha estrategia.
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Pero para que una estrategia de ataque sea efectiva no sólo debe identificarse con los problemas y las preocupaciones que expresan los electores, sino que también debe proyectar la imagen de poder resolverlos a través de acciones concretas. En otras palabras, plantear el problema de la corrupción se conecta con una preocupación de los ciudadanos que existe desde hace varios años. El Gobierno, haciéndose eco de dicho descontento, busca canalizarlo y ganar la iniciativa a través de una suerte de cruzada contra la corrupción.
En este sentido, los hechos parecen legitimar la discursividad del Gobierno: no son sólo palabras, también hay acciones concretas. Desde que comenzó la gestión de Cambiemos, cuatro importantes sindicalistas fueron investigados y encarcelados por delitos relacionados a la corrupción: Marcelo Balcedo (Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación), Omar "Caballo" Suárez (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos), Juan Pablo "Pata" Medina (UOCRA La Plata) y Humberto Monteros (UOCRA Bahía Blanca).
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El conflicto, lejos de desgastar al Gobierno, lo fortalece frente a la opinión pública. Los electores "blandos" de Cambiemos, aquellos que simpatizan con el Gobierno y el Presidente pero que no son incondicionales y estarían dispuestos a cambiar en función de la coyuntura, pueden interpretar estas acciones como positivas y convertirse en votantes "duros" del oficialismo. De igual manera, algunos votantes duros de otros candidatos, los cuales consideran los temas de corrupción y transparencia como una de sus preocupaciones más importantes, pueden convertirse en votos "blandos" de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal o alguna otra figura del Gobierno.
En este marco, el sindicalismo deberá revisar sus estrategias necesariamente. En un contexto económico díficil para la gran mayoría de los trabajadores, y de cara a las negociaciones paritarias indispensables para sostener el salario real frente a la inflación, aparecer frente a la opinión pública como defensores de los privilegios de un puñado de dirigentes no parece ser el mejor camino para recuperar la legitimidad extraviada.
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Mientras tanto, en el marco de un conflicto que acumula paros, movilizaciones, discusiones públicas y acusaciones, el Gobierno juega estratégicamente sus cartas. Sabe que, en el escenario del enfrentamiento con el sindicalismo o Hugo Moyano, tiene mucho más para ganar en términos de opinión pública.
*El autor es sociólogo, autor del libro "Gustar, ganar y gobernar" (Ed. Aguilar)
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