El fracaso del garantismo en la Justicia

En sus raíces, el garantismo considera al delincuente como "una minoría desviada" producto de la falta de inclusión social y acusa a un supuesto Estado totalitario por incentivar al ladrón o el asesino al quebrantamiento de la ley y, con este banal argumento, lo victimiza y justifica su incorrecto proceder.

Asimismo, defiende las libertades individuales al promover la eliminación de las cárceles y la pena privativa de la libertad para quienes cometen delitos, con la reducción del derecho punitivo rozando los límites del abolicionismo del derecho penal, bajo dogmas estériles e inaplicables en la Argentina.

Nadie quiere ni defiende el "gatillo fácil" ni "policías que tiren por la espalda" como dijo días atrás Estela de Carlotto buscando adeptos con absurda finalidad política. Todos coincidimos en que "no queremos una Justicia dura, sino una justa", como bien afirmó Germán Garavano, acorde a las imperantes necesidades de la Argentina.

Lejos de los extremistas dogmas garantistas, los argentinos necesitamos un Poder Judicial más dinámico, confiable y enfocado en la defensa social, con mayor participación a la víctima, con la aplicación de un Código Penal sin contemplaciones para quienes infrinjan la ley.

La racional aplicación de la pena privativa de la libertad que reprime al delito es una pauta inexcusable del restablecimiento del orden social y, por qué no decirlo, un fuerte mensaje disuasivo a quienes pretendan cometer delitos.

La libertad es un "derecho responsable" propio de quienes no infringen la ley y, mal que le pese al garantismo, la aplicación de una pena de prisión adecuada y proporcional al daño causado representa una justa compensación destructiva por el daño ocasionado con el delito.

Los abolicionistas del derecho penal deben entender que el encarcelamiento preventivo es una justa medida cautelar para evitar riesgos procesales y sociales, sin que resulte equivalente a una pena anticipada ni a la vulneración del principio de inocencia, conforme lo previsto en los artículos 316 y 319 del Código Procesal Penal de la Nación.

En tanto, la aplicación de una justa condena de cumplimiento efectivo se exhibe como respuesta ineludible de la sociedad honesta y opera como herramienta procesal de disuasión al brindar un legítimo mensaje intimidatorio a quienes corrompan la ley y robustecer así la confianza de la sociedad en la inquebrantabilidad del ordenamiento jurídico.

Pero, además, el garantismo o abolicionismo exhibe su peor fachada a poco de advertir que jamás ha propuesto una solución de fondo al problema de la criminalidad. Únicamente disfruta de su miopía egocéntrica con teorías inaplicables, se afinca en la permanente crítica artificiosa al sistema penal y, como corolario de ello, defiende la sórdida teoría del minusválido delincuente como víctima social.

Si el Poder Judicial o el Ministerio Público Fiscal exhiben deficiencias, no podemos, como propone el garantismo, abolir el sistema penal para deslegitimar el poder punitivo del Estado frente al delincuente. Lejos de ello, debemos doblegar los esfuerzos, brindarle suficientes medios tecnológicos, aumentar la capacidad de personal idóneo, modificar el horario de trabajo acorde con la realidad de la vida social, reducir la tan exagerada feria judicial y, en especial, contar con un Consejo de la Magistratura independiente, todo lo cual se encuentra contemplado en el tan esperado proyecto de Justicia 2020.

Sin embargo, todo ello sería abstracto si olvidamos que la educación es la mejor herramienta para disminuir la delincuencia y tanto más eficaz si se pone en práctica durante la niñez y la adolescencia para evitar la germinación de focos de delincuencia juvenil.

Eduardo "Coco" Oderigo acreditó empíricamente en estos últimos 10 años de arduo trabajo que el deporte ejercitado dentro de la cárcel generó compromisos, valores, camaradería, responsabilidad y compañerismo entre los reclusos y logró disminuir notablemente el índice de reincidencia. Nunca vi a un abolicionista jugar al rugby con los presos. Es más fácil criticar detrás de una cámara de televisión.

En suma, nada de esto han propuesto, ni desarrollado, ni logrado quienes defienden el demagogo garantismo, a pesar de que en los últimos 12 años gozaron de polémicos referentes en el derecho penal en altas esferas de la Justicia y, por consiguiente, su pretensa aplicación ha fracasado.

El autor es abogado, especialista en Derecho Penal Empresarial. Empleado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante 3 años. Socio del Estudio Cúneo Libarona, especializado en derecho penal empresarial.