Por qué la violencia frente al Congreso fue un acto de sedición

Todos vimos lo ocurrido en Buenos Aires y en La Plata el 14 y el 18 de diciembre. No fueron manifestaciones duras que ejercían el derecho a reunirse y peticionar a las autoridades. No fueron solamente una alteración del orden público por el fútbol o para asaltar supermercados. Fueron movilizaciones violentas con planeamiento, organización, tácticas, financiación y dirección concebidas para alterar el orden constitucional, impedir el funcionamiento de los poderes legítimos del Estado. Por eso hubo sedición.

No importa que no haya existido una fuerza armada en el sentido clásico, porque la Constitución y el Código Penal también consideran sedición a cualquier grupo de personas que se atribuya los derechos del pueblo e impida que deliberen y gobiernen las autoridades legales. Aunque no usen armas convencionales.

Esas hordas violentas quisieron impedir la ejecución de las leyes y las decisiones de los funcionarios públicos legítimos, como también define el Código Penal. ¿Cuáles leyes? Las normas que rigen al Congreso y la Legislatura. ¿Qué decisiones? El tratamiento de proyectos de ley. Más claro, imposible.

Lo ocurrido no puede exculparse con el argumento del derecho a manifestarse y peticionar, porque no hubo una manifestación pacífica como tantas que hemos visto. Fue una rebelión violentísima, coordinada y organizada que atacó a las fuerzas de seguridad con salvajismo para tomar el Congreso. Y en La Plata fue en algún aspecto, todavía peor.

Dejando de lado la ilegítima actuación previa de una jueza que debe ser juzgada con todo rigor, algunos creen que fue demasiado débil y formal la reacción judicial federal, porque no aplicó la ley con la energía y el rigor imprescindibles ante semejante ataque al Poder Legislativo.

En menos de 24 horas se liberó a todos los detenidos por la inicial ausencia de pruebas, al menos en los momentos inmediatamente posteriores a los disturbios. Si aparecen pruebas quizás, solo quizás, sean recapturados. Mientras, seguirán delinquiendo.

Debemos preguntarnos dos cosas: primero, si el juez a cargo extremó las medidas a su alcance para saber si al menos algunos de las decenas de detenidos habían delinquido. Lo sabremos cuando se conozca en profundidad el expediente.

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Lo segundo se proyecta hacia el futuro: no hay duda de que hubo sedición, porque existió un alzamiento grupal contra el orden constitucional. Remarquemos que la sedición es gravísima, porque atenta contra el valor clave de nuestra convivencia: estar sometidos solo a las leyes y a las autoridades elegidas democráticamente. Tan grave es que aunque solamente ocurra una mera alteración del orden, igual debe haber penalidades, como manda el artículo 232 del Código Penal. Hasta hay sanción penal cuando se descubre antes de que empiece a cometerse.

El problema con este gravísimo delito es que se comete por muchas personas en grupo, a veces a cara tapada, en medio de humo, corridas y caos inimaginable. Eso dificulta mucho la obtención de pruebas de que cada detenido es directamente responsable, al menos con los parámetros tradicionales de análisis individual y específico, con jueces que demasiadas veces son excesivamente reacios a aceptar pruebas razonables.

Vimos cientos de atacantes con violencia desatada, organizados, armados con martillos, objetos punzantes, piedras y hasta bazucas caseros, dicen que coordinados con algunos diputados, tratando de impedir el proceso legislativo. También hubo delitos de lesiones gravísimas, graves y leves, robos, hurtos, daños, estrago, asociación ilícita, instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del crimen, atentado al orden público, resistencia a la autoridad, denegación y retardo de justicia y encubrimiento.

Esos ataques han costado mucho dolor y daños físicos a nuestros policías y nos costará decenas de millones de nuestros impuestos reparar los bienes públicos destruidos, o sea, dinero nuestro que no irá ni a educación, ni a salud, ni a seguridad.

Claro que jueces y fiscales no pueden ser ni débiles ni crueles: tienen la obligación y el monopolio de aplicar las leyes, siempre y con rigor y cordura. O sea, deben hacer justicia.

Por eso, para impedir tanto la debilidad sistémica como la arbitrariedad, necesitamos reformar ciertas normas procesales para revertir la debilidad probatoria en casos colectivos como la sedición, que pueden provocar la impunidad de los sediciosos. Seguir así sería suicida para la democracia, que quedaría indefensa ante unos cientos de violentos.

Una ley debe imponer más apertura al sentido común, las inducciones y las deducciones, menos formalismos exculpatorios y más herramientas tecnológicas y probatorias. Sumando las técnicas documentales modernas será posible dejar de estar tan indefensos ante estos ataques, por ejemplo, a través de reconocimiento facial y de imágenes, tan comunes en las redes sociales, sin aplicar la teoría del fruto del árbol prohibido.

Si seguimos con la debilidad institucional y los formalismos actuales, proliferarán grupos como los del otro día, que al no conseguir ganar el poder con elecciones, quieren lograrlo por el miedo y el caos. Solo podemos defendernos con leyes modernas, aptas, de ejecución rápida y segura.

La Justicia es responsable de proteger a los ciudadanos y más aún: al sistema republicano. Deben hacerlo con energía, rapidez, firmeza y eficiencia, como lo demostró el juez de la Corte Julio Oyhanarte cuando solo con su coraje, un papel y una lapicera tomó juramento al presidente provisional Guido, impidiendo al golpista general Poggi asumir la presidencia tras derrocar a Frondizi.

Pasaron desde esa gesta tan solitaria como heroica 55 años y tenemos más recursos que papel y lapiceras. La tecnología permite reconocer las caras de los sediciosos y los delincuentes; los drones ven ángulos e imágenes antes imposibles, en fin, hay otro mundo. La cuestión es que las leyes les permitan y obliguen a los jueces a tomar las medidas preventivas rápidas para que estos desastres republicanos no se conviertan en el prólogo de una etapa nefasta de fuerza bruta y violencia.

Si tenemos miedo de aplicar las leyes, si dejamos impunes también a estos atentados contra el orden constitucional, será el inicio de tiempos demasiado oscuros que nos quitarán el futuro. Cambiemos.

El autor es abogado y ex integrante del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.