El fiscal asesinado tenía razón. La patria, probablemente, haya sido traicionada. Existe, en esta y en todas las causas, el estado de inocencia para todos los procesados, pero las sospechas son de una gravedad inusitada. Ningún juez procesa, con prisión preventiva, a una ex Presidente, a un ex canciller y a otros altos ex funcionarios, si no existiese una profunda y sincera convicción respecto de los elementos de prueba que construyen aquella situación de duda procesal.

El atentado a la sede de la AMIA, con 85 muertos y varios cientos de heridos, constituye el hecho criminal más grave de nuestra historia. Eventualmente, su encubrimiento será el ocultamiento criminal más grave también de nuestra historia.

Las órdenes de detención del juez federal Claudio Bonadío causan estupor y algo de espanto. El solo hecho de pensar que altísimas figuras de un gobierno se hayan complotado para encubrir un atentado terrorista en su propio país genera un torrente frío, muy frío, en la circulación sanguínea.

Alberto Nisman lo había denunciado en enero de 2015. No pudo ver la evolución de su presentación. Fue vilmente asesinado, hasta ahora por manos anónimas, y su denuncia fue sepultada con él, en medio de un grotesco cortejo de difamaciones, burlas e insultos post mortem.

El fiscal militante Javier de Luca, titular de una de las fiscalías de Casación, hizo lo que más le gustaba al Gobierno anterior: la negación por inexistencia. El delito, en la presentación de Nisman, mantenida por los fiscales Pollicita y Moldes, según el representante de Justicia Legítima, no existió.

Del mismo modo que, para el Gobierno kirchnerista, no existían la inflación, la pobreza, la inseguridad, el narcotráfico, el cepo cambiario, etcétera. Pero De Luca no estuvo solo en esa cruzada. Un juez federal (Rafecas), dos camaristas federales (Freiler y Ballestero) y un grupo de "notables juristas", entre los que se destaca el gurú del abolicionismo vernáculo, Raúl Zaffaroni, se habían manifestado en contra de seguir investigando la hipótesis del fiscal muerto.

En medio de la batalla judicial para mantener viva una investigación criminal, se montó una nauseabunda campaña de difamación en contra del procurador fallecido. Nisman fue denostado hasta los huesos. Literalmente. En pocas horas, el fiscal más importante del país, ya que era el magistrado que investigaba el atentado terrorista más grave de nuestra historia, se convirtió en mitómano, delirante, alcohólico, drogadicto, siervo de los servicios de inteligencia… ¡Y hasta socio de los fondos buitre!

Es tarde para él y para su familia, pero hay que decirlo: Nisman tenía razón.

El autor es fiscal del Ministerio Público y miembro de Usina de Justicia