Discapacidad: por una cultura más inclusiva

De acuerdo con la resolución 47/3 de la Asamblea General de Naciones Unidas, cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Desde 1992, el calendario nos tiene reservado esta cita ineludible, no sólo a los profesionales que trabajamos en pos de promover la accesibilidad y la inclusión, sino también a la sociedad en su conjunto.

La fecha nació para dar cumplimiento a un objetivo necesario: "Llamar la atención acerca de la situación de las personas con discapacidad, en relación con su calidad de vida, la salud, la educación, el trabajo, la recreación, el deporte, el disfrute del tiempo libre y el ejercicio de los derechos sociales, económicos, civiles, políticos y culturales". "Llamar la atención", el concepto que evocó Naciones Unidas no es casual. El colectivo de personas con discapacidad no está suficientemente visibilizado, y suele contarse con escasa información sobre sus problemáticas y sus necesidades.

La indiferencia, la incomodidad, la distancia y hasta el rechazo son conductas, muchas veces producto de prejuicios y miedos infundados, que pueden revertirse mediante una mayor divulgación de los temas relacionados con la discapacidad. También pueden diluirse apelando a la solidaridad y la empatía: la discapacidad es una condición a la que todos estamos expuestos.

Si bien en los últimos años se ha abandonado el paradigma proteccionista clásico asistencial y se han registrado cambios importantes en la percepción social y la comprensión de estas problemáticas, el camino por recorrer resulta aún extenso y complejo, porque la meta final es lograr la discriminación cero. El desafío por el que Estado, la sociedad civil y el sector privado debemos comprometernos, articuladamente, es superar toda barrera que obstaculice o vulnere derechos.

Se estima que el 15% de la población mundial, unos mil millones de personas, vive con discapacidad. En nuestro país, según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado en 2010, la población con dificultades o limitaciones de carácter permanente es de 12,9 por ciento. Se trata de 5.114.190 de personas que han declarado tener esta condición.

Por ser una de las poblaciones vulnerables más numerosa, resulta imperiosa la necesidad de seguir avanzando en nuevas iniciativas que permitan, en primer lugar, visibilizar y humanizar los números que arrojan las estadísticas; y luego profundizar en más políticas de inclusión real, y de protección y garantía de derechos. En este sentido, cabe subrayar que los derechos de las personas con discapacidad gozan de jerarquía constitucional, desde diciembre de 2014, cuando por ley 27044, se incorporó a la Carta Magna la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En su artículo 3º, la ley fija un conjunto de principios que generan la base para prácticas más democráticas acerca de este colectivo. Estos principios son el respeto de la dignidad, la autonomía individual y la independencia de las personas; la no discriminación; la participación y la inclusión plenas en la sociedad; el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad; la igualdad entre el hombre y la mujer; y el respeto a la evolución de los niños con discapacidad.

Este año se creó la Agencia Nacional de Discapacidad, un organismo cuyas tareas son, entre otras, diseñar y ejecutar políticas públicas en materia de discapacidad. La idea fue crear un único organismo especializado en cuestiones vinculadas con las personas en situación de discapacidad, tendientes a la plena inclusión. Para lograr este objetivo, es indispensable la participación de todos los actores involucrados: personas con discapacidad, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios y profesionales especializados que puedan escuchar y consensuar las acciones que garanticen el ejercicio de los derechos de esta población.

Más allá de las cuestiones que requieren de políticas públicas pertinentes, todos podemos hacer un aporte valioso y significativo, que, por simple que parezca, no resulta menor. Consiste en fomentar conductas responsables y solidarias, que lleven a un cambio de actitud, a una conducta empática, a una respuesta superadora a la pregunta acerca de cómo miramos o cómo nos comportamos frente a una persona ciega o sorda, usuaria de silla de rueda, o con alguna limitación intelectual, o alguna otra condición diferente a la convencional.

La única actitud válida es tratar a las personas como iguales, como ciudadanos plenos, portadores de los mismos derechos que asisten a todo ser humano.

En un día como hoy, es necesario renovar el compromiso por hacer que estos derechos, plasmados en la Constitución, se ejerciten cotidianamente, como así también desde una conducta proactiva y de compromiso social, exigir y alentar más acciones que defiendan y promocionen derechos, y fomenten esencialmente el respeto de la dignidad humana.

La autora es coordinadora del área de Discapacidad de AMIA.