El trabajo colaborativo entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para el proceso de generación de políticas públicas de transparencia. El diseño, la implementación y la evaluación de una política involucra numerosos actores y sectores y, a través de medios institucionales de participación y diálogo, estos actores pueden fortalecer su presencia en la agenda pública y generar incidencia.
Existen distintas instancias de colaboración entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. En la agenda de la transparencia es emblemática la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), ya que busca asegurar compromisos concretos de los gobiernos mediante la elaboración de planes de acción que comprendan políticas transparentes, participativas e innovadoras.
La transparencia es importante porque promueve la apertura, combate la corrupción y genera legitimidad en el desarrollo de las políticas públicas. La participación ciudadana, porque permite a la sociedad civil incidir en la agenda para generar buena prácticas de gestión. La innovación, porque genera nuevas formas de crear políticas públicas con los ciudadanos. A la vez, existe un común denominador a estos tres pilares y es el acceso a la información pública.
El ejercicio del derecho de acceso a la información pública es fundamental para pensar un gobierno abierto y su condición es el Estado de derecho en tanto garantiza gobernanza.
Actualmente, la AGA cuenta con 75 países, 16 de ellos son de Latinoamérica y el Caribe. Su representación está compuesta por gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y sectores privados. Para ser miembro de la AGA, los países deben presentar un plan de acción elaborado en forma conjunta entre sus integrantes.
La experiencia regional muestra que el gobierno abierto ha evolucionado a través de diversas iniciativas y estrategias. La AGA logró el posicionamiento y el liderazgo de países que ya venían generando un proceso de transparencia. Tales son los casos de México, Chile y Colombia.
En la experiencia argentina es posible distinguir dos momentos. El primero se identifica con una línea de retroceso en la agenda de apertura de información y de transparencia. En el año 2012, el gobierno de turno vislumbró la posibilidad de incluirse en la AGA. Sin embargo, esta inclusión quedó desfasada, las organizaciones de la sociedad civil argentinas quedaron aisladas y Argentina perdió la oportunidad de participar en importantes cumbres.
Una nueva época vino de la mano de Cambiemos, que salda una deuda histórica con los argentinos bajo el reconocimiento del derecho humano del acceso a la información pública y la puesta al día con la agenda del gobierno abierto.
El camino recorrido hasta aquí encuentra hoy un hito. En la Semana de Gobierno Abierto, Argentina será la sede del Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto y contará con la presencia de todo el gabinete nacional. Hablar de acceso a la información y de apertura de datos es hablar de políticas sociales, abrir los gobiernos es ponerlos al servicio de los más vulnerables. Inclusión: de eso se trata la iniciativa de la que hoy nuestro país es sede y el mundo viene a impulsar de manera cooperativa.
La autora es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por UCR-Cambiemos, especialista en acceso a la información y gobierno abierto, y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión.
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