Ciberacoso sexual, una problemática que requiere responsabilidad del Estado

Marcelo Depierro

Según la información estadística brindada por el grupo de investigaciones judiciales, desde el 2012 se han relevado más de veinte mil casos de ciberacoso sexual a niños y adolescentes. Entre 2013 y 2015 el aumento fue del 1600 por ciento. A su vez, sorprende el avance del fenómeno durante el año pasado. Por ejemplo, sólo en septiembre de 2016 se abrieron 447 causas.

Este crecimiento sostenido de los casos de grooming en los últimos años generó nuestra preocupación, por lo cual presentamos en la Legislatura porteña el proyecto de prevención del ciberacoso a niños y adolescentes, a mediados de 2016. La ley fue aprobada en diciembre del año pasado, luego de un trabajo en forma colaborativa con otros diputados y recibió el apoyo de distintos referentes de la oposición y del oficialismo. Ello permitió consensuar una norma que abarcara a las instituciones educativas de gestión pública o privada en los niveles primarios y secundarios.

Si bien el proyecto original sufrió una serie de modificaciones y recortes en el proceso de negociación en la Legislatura, no deja de representar un avance notable en la lucha contra esta forma de acoso sexual. La norma establece que el Ministerio de Educación realice acciones concretas en las escuelas orientadas a la capacitación de autoridades y docentes, en general, y a padres y alumnos, incluyendo la elaboración de materiales y talleres con actividades especiales.

En este sentido, contar con una herramienta de anticipación es indispensable porque el derecho penal llega siempre tarde y reprime un hecho que ya fue consumado, por lo que resulta imprescindible contar con recursos para prevenir el ciberacoso sexual.

Sin embargo, la mera sanción de la norma no ha mermado nuestra preocupación. En el contexto del recrudecimiento del fenómeno en el último año, la puesta en marcha de los mecanismos definidos por la ley no puede ser dilatada. Tampoco el incremento y el apoyo de otras acciones desde diversos organismos estatales, como la Defensoría del Pueblo, u organizaciones no gubernamentales.

Las estadísticas parecen confirmarnos esta postura. La ley nacional que penaliza el grooming está vigente desde 2013. Sin embargo, la incidencia del delito parece incrementarse de forma cada vez más acelerada. Por ello, creo necesario que la acción del Estado se oriente inmediatamente a la educación de los chicos y sus familias en cuestiones básicas, como, por ejemplo, compartir la actividad en las redes sociales, o acercarse con ellos a las novedades en el acceso al mundo de la sociabilidad virtual como una vía para hacerse de información sobre este delito en conjunto padres e hijos.

En esta problemática los padres deben tener un papel central informándose y prestando mayor atención a sus hijos. También deben dotarse de los saberes necesarios toda vez que, por una cuestión generacional, en muchos casos no somos usuarios nativos de estas tecnologías y desconocemos la dinámica de estas redes sociales.

Por el lado de los chicos, tienen que saber que hay formas de obtener ayuda y entender que, ante un error o un descuido que haya puesto en riesgo su privacidad, lo peor que pueden hacer es seguir sometiéndose a los pedidos del acosador. La única forma de no salir de un pozo es seguir cavando.

Asimismo hay que insistir hasta que entiendan que las personas que conocen a través de internet pueden no ser quienes dicen y que el haber pasado el filtro de compartir un contacto no lo convierte en una persona de confianza.

De estas situaciones se sale fomentando el criterio y el sentido común de los chicos, explicándoles que hay salidas antes de que se profundice el problema, que hay a quiénes recurrir en caso de que se encuentren extorsionados por alguna actividad que hayan hecho pública en internet y para eso es necesario que sepan adónde acudir de inmediato para protegerlos.

El papel del Estado a través de la escuela para todas estas tareas es fundamental, ya que es, después del hogar, el lugar donde los chicos pasan más tiempo. Hay que capacitar y dotar de medios a los docentes para que sean una figura de confianza a quienes acudir en aquellos casos en los que los niños se vean desbordados por una extorsión.

En definitiva, el grooming es una realidad que debemos enfrentar con decisión. La única alternativa frente a esto es que quienes tenemos que trabajar para la plena vigencia de los derechos de nuestros niños y adolescentes cumplamos a conciencia y seriamente con las obligaciones que nos corresponden.

 

@MarceloDepierro

 

El autor es legislador de la Ciudad de Buenos Aires (Confianza Pública).

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