La gestión de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se acerca peligrosamente al ridículo a medida que pasan los meses. De no ser porque la seguridad de los ciudadanos argentinos es un tema de extrema prioridad, producto del crecimiento de hechos delictivos que sufren en su enorme mayoría personas que se encuentran expuestas e indefensas, los anuncios del ministerio que dirige están llenos de errores groseros y desmentidas apresuradas.
Solo por mencionar algunos, entre los anuncios de alto impacto que ella o sus funcionarios hicieron públicos y de los que tuvieron que desdecirse rápidamente, se encuentran la captura de un grupo de terroristas que querían atentar contra la vida del Presidente Macri que resultó ser una banda de quemacoches; la presencia de bandas salvadoreñas en la argentina denominadas Maras, cuando en realidad se detuvo a un traficante peruano en La Matanza; la detención de un "temible" terrorista libanés con pedido internacional de captura, que simplemente se trataba de un libio nacionalizado paraguayo con pedido de detención de la justicia brasileña; y el último anuncio del secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, sobre la presencia de terroristas formados por el estado islámico denominado ISIS, que fue rápidamente desmentido por el propio Burzaco.
A estos errores, exabruptos o anuncios grandilocuentes, debemos agregarle el estridente plan "Argentina Sin Narcotráfico", anunciado con bombos y platillos en Tecnópolis. El mismo repite el lugar común de declararle la guerra al narcotráfico, aunque desconozcamos cuales son las acciones efectivas reales que propone, cuál es su plazo de implementación y cuál el presupuesto con el que contaría. Eso sí, está muy claro que continúa la misma estrategia de perseguir consumidores penalmente para inflar estadísticas exitosas que ocultan el crecimiento de dicha actividad delictiva en el país. En síntesis, lo que tenemos es más de lo mismo, un simple relato con impacto mediático.
Esta novela de intrigas, entrega también capítulos jugosos de internas entre servicios y funcionarios, acusaciones cruzadas con el jefe de la aduana, sospechas sobre autoridades policiales de primer nivel y un combo interminable de improvisaciones y desaciertos.
La realidad es que en una Argentina en la que crece el desempleo y la pobreza (no hace falta leer los datos que ofrecen los institutos de investigación social más prestigiados para corroborarlo), producto del estancamiento económico, los miles de despidos que se produjeron tanto en el sector formal como en el sector informal del mercado laboral y el impacto de la inflación en el bolsillo de la mayoría de las familias que viven de su trabajo, es absolutamente previsible que crezca la delincuencia y la inseguridad.
El gobierno de Macri debe entender que no alcanza el show mediático para ocultar las condiciones sociales en el que está sumida la mayoría de nuestra población. La prioridad de un gobierno que quiere enfrentar el delito se encuentra en políticas públicas activas que reduzcan la pobreza y generen oportunidades de trabajo. El resto lo debe hacer una gestión seria y eficiente en materia de seguridad. La gestión de Bullrich no estaría siendo el caso.
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