El exdiputado opositor nicaragüense Enrique Sáenz sostuvo que la democracia en Nicaragua no llegará mediante un helicóptero militar de Estados Unidos y afirmó que la salida de Daniel Ortega dependerá de la movilización interna y de presiones internacionales efectivas. El dirigente, al que el Gobierno privó de la ciudadanía, rechazó la expectativa de que Washington expulse por la fuerza al mandatario.
“La democracia en Nicaragua no llegará de la mano de un helicóptero militar estadounidense”, dijo Sáenz a EFE. Consideró que esa posibilidad es una fantasía sostenida por ciertos sectores de la oposición nicaragüense.
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Sáenz fue uno de los 94 nicaragüenses declarados “traidores a la patria” por las autoridades en febrero de 2023. La consulta se produjo tras la creación, por parte de la Organización de Estados Americanos, de un grupo ministerial destinado a dialogar con el Gobierno nicaragüense y buscar el retorno del país a la senda democrática.
La presión internacional y la construcción de una alternativa
La salida de Ortega y el inicio de un proceso de cambio democrático, planteó el exlegislador, solo serán posibles con la participación del pueblo nicaragüense, especialmente de quienes padecen los abusos de la dictadura y las dificultades económicas y sociales que atribuyó a “la mafia en el poder”.
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Los grupos opositores enfrentan el desafío de construir una alternativa que genere confianza tanto dentro de Nicaragua como ante la comunidad internacional. Sin embargo, Sáenz sostuvo que la polarización ideológica y el apego a una solución proveniente de Washington han impedido hasta ahora consolidar esa opción política.
El grupo de la OEA está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Paraguay, Perú y Estados Unidos. Su mandato consiste en dar seguimiento a la situación nicaragüense, promover elecciones y reclamar la liberación incondicional de los presos políticos.
La organización resolvió intervenir después de que Ortega declarara el 19 de julio que en Nicaragua no habría más elecciones. Posteriormente, el Gobierno impulsó una reforma constitucional para impedir la participación electoral de las personas consideradas “traidoras a la patria”, una categoría dirigida contra la oposición.
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Ortega no cederá “un centímetro” sin presiones reales, advirtió Sáenz. A excepción de Estados Unidos, afirmó, los demás integrantes del grupo no cuentan con mecanismos capaces de “mover la voluntad del dictador”.
A su juicio, la principal posibilidad de que el organismo continental tenga un papel político efectivo es que el Gobierno estadounidense aplique medidas contundentes que respalden las gestiones diplomáticas. Los recientes resultados electorales en Estados Unidos podrían, según su análisis, restablecer un consenso bipartidista en el Congreso y ofrecer apoyo político renovado para esas medidas.
Ese consenso ya se había expresado en la Nica Act y, posteriormente, en la Ley Renacer, dos iniciativas que contemplaron presiones contra el Gobierno sandinista, aunque Sáenz consideró que su aplicación fue incompleta.
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La segunda alternativa sería que el grupo ministerial, después de realizar algunas gestiones, diera por terminada su tarea. Esa decisión podría dejar abierta la posibilidad de acciones unilaterales, particularmente desde Estados Unidos, aunque el dirigente planteó dudas sobre la existencia de espacio político para que ocurran.
La crisis iniciada en 2018 y la reelección de Ortega
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se profundizó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021. En esos comicios, Daniel Ortega, de 81 años, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo desde su regreso al poder en 2007.
Las elecciones se celebraron mientras sus principales competidores permanecían encarcelados. Después, el Gobierno los expulsó del país, les retiró la nacionalidad y los derechos políticos, tras acusarlos de ser “golpistas” y de cometer “traición a la patria”.
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