El director del Sistema Penitenciario (SP) de Guatemala, Jorge López Dellachiesa, confirmó que el amotinamiento simultáneo registrado el miércoles en dos cárceles del país habría sido planificado con teléfonos celulares de alta gama, un hallazgo que surgió tras las requisas realizadas una vez controlada la situación.
El funcionario adelantó que la pandilla conocida como Los Paisas, ajena al Barrio 18 y a la Mara Salvatrucha, es la principal sospechosa de haber organizado la revuelta, aunque remarcó que la investigación formal recién comienza.
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Los disturbios comenzaron cerca de las 20 horas del miércoles 4 de noviembre en los centros de detención Renovación 1, en Escuintla, y El Boquerón, en Santa Rosa.
Durante el episodio, entre 30 y 40 agentes penitenciarios quedaron retenidos por los reclusos, en un hecho que se prolongó hasta aproximadamente las 22.30 o 23 horas de esa misma noche. López Dellachiesa precisó que la retención fue “no violenta” y que, tras la liberación, no se registraron guardias heridos ni faltantes de armamento.
Para retomar el control de las instalaciones intervinieron el Ejército de Guatemala, la Policía Nacional Civil (PNC), representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y jueces del Organismo Judicial. Desde la noche del miércoles se instaló una mesa de coordinación en el Ministerio de Gobernación para atender la emergencia.
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“No entramos a ninguna negociación. La orden fue clara, no negociar con criminales”, aseguró el director del SP, quien atribuyó la liberación de los custodios a la presión ejercida por las fuerzas de seguridad y no a ningún acuerdo con los amotinados.
Las requisas detectaron teléfonos y cargadores
Durante las labores para recuperar el control de los penales, las autoridades decomisaron cargadores y teléfonos celulares de alta gama, dispositivos que, según el funcionario, no se descarta que hayan servido para coordinar los dos motines entre ambos departamentos.
“No descartamos que a través de esos medios hayan podido hacer las coordinaciones de centro a centro para realizar eso”, explicó López Dellachiesa.
El director reconoció además una falla tecnológica estructural: los bloqueadores de señal instalados en los centros penitenciarios solo alcanzan a interferir redes 3G, mientras que los teléfonos hallados entre la población reclusa operan con tecnología 4G y 5G.
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“Los bloqueadores quedaron desactualizados ante este nuevo software que tienen los teléfonos celulares”, admitió.
Como parte de las medidas de control, el SP informó que ya se reimplementó un circuito cerrado de cámaras en ocho centros de detención y que se instaló un centro de monitoreo.
A nivel nacional, 23 centros penitenciarios cuentan con equipos de “body scan” para la revisión de visitantes, aunque Renovación 1 no dispone de este sistema porque el aparato fue incendiado durante un motín anterior registrado en marzo.
El SP descarta fugas y anuncia denuncia ante el Ministerio Público
Entre las demandas que motivaron la protesta, el director mencionó las condiciones de detención en ambos penales, la calidad de la alimentación, los programas de la Subdirección de Rehabilitación Social y el régimen de visitas, que fue modificado recientemente con un nuevo protocolo de ingreso controlado para proteger a niños, niñas y adolescentes.
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También salió a relucir el reclamo por beneficios que los internos tenían antes de distintas requisas, como electrodomésticos, a los cuales el SP afirmó que no cederá.
Según el registro biométrico de la institución, no se confirmó ninguna fuga de reclusos durante los incidentes, y tampoco se reportaron daños en la infraestructura de los penales.
La Inspectoría General del SP, junto con los órganos de control, trabaja en los tres centros de detención, incluido Pavoncito, donde no hubo retención de guardias pese a los rumores iniciales.
López Dellachiesa indicó que, una vez concluido el informe correspondiente, el caso será remitido al Ministerio Público para establecer las responsabilidades penales.
Como medida preventiva, el SP solicitó a la Cámara Penal suspender durante el jueves los traslados de reclusos a tribunales y hospitales, con el fin de no exponer al personal penitenciario ni a los privados de libertad mientras continuaban las verificaciones en los centros afectados.
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