La dictadura encarcela el pensamiento: Penas de cárcel para ocho cubanos acusados de “terrorismo” por disentir en redes

El tribunal los sentenció por “propaganda contra el orden constitucional” tras más de dos años en prisión provisional y un juicio cuestionado por organizaciones independientes

Pintura de siete hombres con los brazos atrás custodiados por tres guardias uniformados frente a una gran bandera de Cuba.
Las penas de siete y ocho años llegaron tras más de dos años de encierro preventivo y un proceso cuestionado por organizaciones jurídicas independientes por las condiciones de reclusión y las garantías judiciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Tribunal Provincial Popular de Las Tunas condenó a ocho opositores cubanos vinculados con Cuba Primero a penas de siete y ocho años de cárcel por “propaganda contra el orden constitucional”, después de que pasaran más de dos años en prisión provisional y de un proceso cuestionado por organizaciones independientes por el lugar del juicio, las condiciones de reclusión y las garantías procesales.

La sentencia impuso la pena más alta a Guillermo Carralero López: ocho años de privación de libertad. Javier Reyes Peña, Maikel Hill Ramírez, Carlos Manuel Santiesteban Saavedra, Carlos Alberto McDonald Ennis, Enrique González Infante, Pedro Carlos Camacho Ochoa y Adisbel Mendoza Barroso fueron condenados a siete años cada uno.

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Según CubaNet, medio cubano, el grupo fue procesado por sus presuntos vínculos con el movimiento opositor Cuba Primero. Documentación revisada por Cubalex, organización jurídica cubana, indicó que el expediente penal se apoyó en actividades realizadas en redes sociales y en la difusión de contenidos y opiniones críticas sobre el sistema político cubano.

La Fiscalía había pedido penas de entre seis y nueve años. Reyes Peña enfrentaba la solicitud más alta, de nueve años; Carralero López y Mendoza Barroso, de ocho; Camacho Ochoa, Santiesteban Saavedra, McDonald Ennis y González Infante, de siete; y Hill Ramírez, de seis.

El juicio se celebró dentro de la prisión tras más de dos años de detención provisional

Siete hombres en ropa civil son sujetados por oficiales con uniforme militar verde y gorra con estrella, ante la bandera de Cuba.
El expediente enlaza afiliación, videos y publicaciones críticas con el sistema político cubano. La cronología se convierte en el corazón de la discusión, mientras las familias piden explicaciones. Un joven de 28 años terminó estudios tras las rejas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los acusados fueron detenidos entre marzo y abril de 2024 y permanecieron más de dos años en prisión provisional en la cárcel provincial de Las Tunas, conocida como El Típico, antes de ser llevados a juicio. La vista oral se celebró el 30 de junio dentro de la propia prisión.

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De acuerdo con Cubalex, celebrar el proceso en una instalación penitenciaria restringió en la práctica el acceso de familiares, ciudadanos y observadores independientes, y afectó el principio de publicidad del proceso penal. Las autoridades habrían alegado falta de combustible para trasladar a los acusados a la sede judicial.

Diario de Cuba, medio cubano, informó que la sentencia fue dictada por un tribunal integrado por los jueces Jorge Luis García Fajardo, como ponente, Gilberto Sevilla Castañeda y Esteban Marino Iser Milton. La organización jurídica señaló además que, antes del juicio, Reyes Peña y Camacho Ochoa fueron enviados a celdas de castigo bajo supuestas “medidas de seguridad”, pese a que no habían cometido indisciplinas dentro del penal.

La resolución sostiene que los condenados se incorporaron a Cuba Primero y participaron en la grabación de videos y la publicación de contenidos en redes sociales vinculados con esa organización. Según la información difundida por la organización que tuvo acceso a la sentencia, el tribunal calificó al grupo como una entidad con “fines terroristas” orientada a desestabilizar el orden constitucional y derrocar el sistema político cubano.

La cronología del caso quedó bajo cuestionamiento por la inclusión posterior de Cuba Primero en la lista de terrorismo

Ilustración de una celda vacía con puerta metálica a la izquierda, banca de concreto a la derecha y una ventana enrejada al fondo.
Había salido bajo fianza por el deterioro de su salud y afronta tratamiento por un cáncer detectado cuando estaba preso. Se enteró del veredicto al volver de una ciudad donde debe atenderse. Ahora mira el plazo y la casación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amalia Ochoa Moro, madre de Pedro Carlos Camacho Ochoa, dijo al medio Martí Noticias que en el expediente de su hijo “no hay ninguna prueba acusatoria, ni proclamas, ni críticas en Facebook, ni daños a entidades. Solo la afiliación a un grupo determinado”. Añadió: “Posterior a que mi hijo llevara un año en prisión, en julio de 2025, el gobierno decide poner a Cuba Primero en la lista de terrorismo. ¿Qué tiene que ver él con una decisión que tomó el gobierno un año después de que ya estaba preso?”.

La publicación añadió que Camacho Ochoa tenía 28 años cuando fue arrestado y cursaba el duodécimo grado. Tras su detención, terminó esa etapa escolar dentro de prisión.

Mendoza Barroso, de 40 años, permanece en libertad bajo fianza hasta que la sentencia quede firme. En declaraciones recogidas por el medio, afirmó: “En lugar de condenarme, las autoridades deberían indemnizarme por la tremenda injusticia y arbitrariedad de este proceso. Cuba Primero no es más que una organización que busca la democracia en Cuba”.

Uno recibió condena mientras sigue tratamiento por un tumor cancerígeno

Entre los sancionados figura Carlos Alberto McDonald Ennis, quien había sido excarcelado bajo fianza en junio por el deterioro de su salud. Cubalex documentó que durante su encarcelamiento desarrolló un tumor maxilofacial, además de padecer diabetes, hipertensión y cardiomiopatía isquémica, y denunció dificultades para que recibiera atención médica y empezara el tratamiento requerido.

El diario señaló que McDonald Ennis se enteró de su condena cuando regresó de Holguín, ciudad a la que debe trasladarse para recibir radioterapia porque ese tratamiento no está disponible en Las Tunas. “Cuando se haga firme la sentencia, tengo que ir a prisión, si no hay recurso de casación”, dijo al medio antes de partir de nuevo para recibir la quinta sesión.

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