Los hijos de Ortega y Murillo controlan sectores enteros de la economía nicaragüense —combustibles, aduanas y minería de oro— mientras el régimen que los sostiene acaba de cancelar las elecciones presidenciales de noviembre de 2026 y extendió su mandato hasta 2028 mediante una reforma constitucional aprobada el 1 de septiembre por la Asamblea Nacional sandinista.
La misma reforma prohíbe a la oposición participar en comicios y eleva a rango constitucional la exclusión de quienes el gobierno catalogue como “traidores a la patria”.
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Al día siguiente de su aprobación, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, convocó a la comunidad internacional a cesar el comercio normal con Managua y anunció acciones en la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La reforma constitucional cierra la última vía electoral real
No es la primera vez que el régimen ajusta las reglas a su medida. En febrero de 2025, una primera reescritura creó la figura de copresidenta para Rosario Murillo —quien hasta entonces era vicepresidenta— y extendió el mandato de cinco a seis años. La de septiembre amplió ese plazo un año más.
Daniel Ortega, cuya participación pública se redujo por su deterioro físico, mantiene un rol predominantemente simbólico. El poder efectivo está en manos de Murillo y de un círculo de no más de 200 personas —altos funcionarios, militares y burócratas leales— que coordinan el control social, según el análisis del investigador Manuel Orozco, del Diálogo Interamericano.
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Orozco describe la arquitectura del poder a través de cuatro pilares: aislamiento internacional con alianzas con Estados no democráticos, criminalización de los derechos civiles, captura del Estado por parte del círculo familiar y censura sistemática. El régimen subordinó la Constitución a la Ley de Autodeterminación y autorizó a la Policía a detener ciudadanos con base en denuncias no verificadas.
El negocio familiar: combustibles, aduanas y oro
La captura del Estado opera de forma silenciosa y tiene nombres propios. Rafael Ortega, hijo del mandatario, controló durante al menos 10 años más del 30% del mercado de distribución de combustibles —un negocio de unos USD 500 millones anuales— a través de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP), hasta que las sanciones lo desplazaron.
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Laureano Ortega, otro hijo de la pareja presidencial, aprovechó el modelo de diálogo con el sector privado para apropiarse del sistema aduanero y autorizar la liberación de mercancías sin aranceles para sus negocios y asociados. Bajo ese esquema, las importaciones desde China saltaron de USD 600 millones en 2019 a USD 2.000 millones en 2025.
En abril de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos hijos más de la pareja presidencial, Maurice Facundo y Daniel Edmundo Ortega Murillo, junto a siete empresas del sector aurífero vinculadas a capitales chinos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que ese entramado permite al régimen “generar fondos y mantener el control político” y participar en la “incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses” ligadas a la minería de oro.
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China controla el 10% del territorio nacional en concesiones mineras
Las sanciones no frenaron la expansión. Según registros de la Fundación del Río, entre 2021 y septiembre de 2026 el régimen otorgó concesiones en 85 lotes a 22 empresas chinas, que suman 1.277.389 hectáreas —alrededor del 10% del territorio nacional—, con superposiciones sobre áreas protegidas y territorios indígenas.
El 8 de septiembre, el gobierno adjudicó una nueva concesión a cielo abierto de 26.205 hectáreas a la firma china Linze Excelente Minería S.A. en el municipio de Bonanza, pese a las sanciones vigentes.
Orozco describe a China como el nuevo “banquero de los dictadores”, en referencia a la expresión que el exembajador estadounidense John Feeley usó para el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Managua espera incrementar sus exportaciones de oro de 600.000 a 800.000 onzas en 2026, al capitalizar precios internacionales elevados mediante concesiones ilegales, confiscaciones y extorsión tributaria.
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Washington suma más de 85 sanciones y calibra su próximo paso
Estados Unidos acumula más de 85 sanciones contra instituciones y personas vinculadas al régimen, más restricciones de visa a más de 2.350 funcionarios y familiares. La Unión Europea, Canadá, el Reino Unido y Suiza mantienen listas propias.
Tras la muerte en custodia del líder indígena Brooklyn Rivera en junio de 2026, Rubio amplió las restricciones de visa a más de 100 funcionarios adicionales. La respuesta de septiembre escala esa presión hacia el terreno multilateral.
Orozco advierte que Washington no busca un colapso abrupto del régimen. La estrategia apunta a evitar una nueva ola migratoria, el avance del crimen organizado y un mayor acercamiento a potencias hostiles, mientras aguarda que el deterioro físico de Ortega, los conflictos dentro del círculo familiar o el malestar social acumulado generen condiciones para una transición gradual.
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