La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la reforma que veta a la oposición en las elecciones

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que prohíbe la participación de partidos opositores en elecciones y extiende el período presidencial de seis a siete años, según informaron fuentes oficiales. La iniciativa, impulsada por los la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, generó condenas de gobiernos de la región y de organismos internacionales.

El líder parlamentario del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Gustavo Porras, depositó el texto de la reforma en la tumba del poeta Rubén Darío en la ciudad de León, a 90 kilómetros al noroeste de Managua, antes de la votación. “Venimos a entregarle este ejemplar de la reforma parcial a la Constitución que aprobaremos hoy ante su mausoleo, su catedral”, declaró Porras según se informó.

La reforma impide postularse a cargos de elección popular a quienes el régimen califica de “golpistas” y “traidores a la patria”, así como a opositores exiliados que, según Porras, “viven pidiendo intervención militar” de Estados Unidos o “aplauden y piden sanciones”. La medida también alcanza a quienes hayan “incurrido en actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua”.

La enmienda amplía además de seis a siete años los mandatos de los copresidentes y otros cargos de elección popular, así como los períodos de los jefes del Ejército y la Policía. Para entrar en vigor, deberá ser ratificada en segunda legislatura a partir del 18 de enero de 2027, conforme a la legislación nicaragüense que exige aprobación en dos períodos parlamentarios distintos.

Esta no es la primera modificación a la carta magna en años recientes. En 2024, el oficialismo ya había extendido el período presidencial de cinco a seis años y elevado a Murillo —entonces vicepresidenta— al rango de copresidenta, al tiempo que postergó para fines de 2027 los comicios que debían celebrarse a fines de 2026.

La reforma se produce semanas después de que Ortega declarara públicamente, el 19 de julio, que “no volverá a haber elecciones” en Nicaragua para evitar que la oposición “atrape el Gobierno”. El anuncio, pronunciado durante los actos del 47 aniversario de la revolución sandinista en Managua, desencadenó una reacción diplomática inmediata en la región.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó de forma urgente una reunión de cancilleres para abordar la situación del país. Costa Rica, Estados Unidos, Panamá —que retiró a su embajador de Managua—, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay, junto con la Unión Europea, el secretario general de la OEA, Alberto Ramdin, y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, expresaron su rechazo o preocupación.

Washington instó a la comunidad internacional a aislar al gobierno nicaragüense, mientras varios países centroamericanos, Bolivia, Brasil y Chile calificaron las declaraciones de Ortega como un nuevo retroceso democrático.

Ortega, exguerrillero izquierdista próximo a cumplir 81 años, asumió en enero de 2022 su cuarto mandato consecutivo tras unas elecciones ampliamente cuestionadas en noviembre de 2021. Gobierna junto a Murillo, de 75 años, desde 2017, y acumula casi dos décadas en el poder, lo que lo convierte en el líder con más años en el cargo en América.

La crisis política nicaragüense se remonta a abril de 2018, cuando el gobierno reprimió una serie de protestas antigubernamentales. El saldo, según la ONU, superó los 300 muertos, además de miles de heridos, el cierre del espacio cívico y político, y un éxodo masivo de ciudadanos. La pareja presidencial califica aquellas movilizaciones como un “intento de golpe de Estado” patrocinado por Estados Unidos.