Qué países han expresado ya su rechazo a la reciente reforma constitucional en Nicaragua

Daniel Ortega declaró en julio que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, y el 1 de septiembre su Asamblea Nacional lo convirtió en texto constitucional: aprobó en primera legislatura una reforma que veda la participación electoral a quienes el régimen clasifica como “traidores a la patria” y extiende a siete años el mandato presidencial y el de todos los funcionarios del Estado.

La medida, impulsada por el régimen de Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo, requiere una segunda votación legislativa para entrar en vigor.

Esa ratificación está prevista para el 18 de enero de 2027, fecha que la propia Murillo señaló como el momento en que los cambios quedarán sellados. La consecuencia inmediata es el desplazamiento de las elecciones generales, que debían celebrarse en noviembre de 2026, hacia noviembre de 2027, según informó Artículo 66.

La reforma blinda al régimen y elimina la competencia electoral

El texto aprobado en una sesión especial al aire libre prohíbe presentarse a cargos de elección popular a cualquier persona designada como traidora a la patria, una categoría que el gobierno ya aplicó a más de 452 opositores, a quienes también despojó de la nacionalidad nicaragüense, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, según informó Tico Times, periódico costarricense.

La reforma también amplía las facultades del Consejo Supremo Electoral para cancelar el reconocimiento legal de partidos financiados desde el exterior o cuyos dirigentes sean declarados contrarios a los principios constitucionales.

Los mandatos de copresidentes, diputados y alcaldes; magistrados del Tribunal Supremo y del Electoral; el fiscal general, el superintendente bancario y los jefes del Ejército y la Policía pasan de seis a siete años. Los funcionarios ya en ejercicio ven sus mandatos extendidos de forma automática.

Estados Unidos convocó a sus aliados a romper vínculos con Managua

La reacción de Washington llegó horas después de la votación. El secretario de Estado Marco Rubio emitió un comunicado en el que exhortó a los socios de Estados Unidos a cortar sus relaciones habituales con el gobierno nicaragüense.

“Las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían gozar de los mismos beneficios económicos o políticos que los gobiernos comprometidos con la defensa de la paz” y la seguridad hemisféricas, advirtió Rubio, según recogió Artículo 66.

El funcionario anunció además que su país impulsará medidas concretas en la próxima reunión de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y reafirmó el compromiso de aplicar una nueva ronda de sanciones económicas y financieras contra el gobierno sandinista. Washington ya acumula restricciones de visado sobre más de 2.350 funcionarios nicaragüenses y sus familiares.

Ortega respondió sin nombrar a Rubio directamente. En un acto conmemorativo del aniversario del Ejército nicaragüense, dijo que Estados Unidos “se siente con derecho a atacar simplemente porque es una potencia militar global” y añadió: “A quienes constantemente nos amenazan, aquí tienen a un pueblo y a un ejército que nunca se venderá ni se rendirá”.

Costa Rica, Perú y Guatemala sumaron sus voces al rechazo

El gobierno de Costa Rica fue uno de los primeros de la región en pronunciarse. Expresó su “profunda preocupación” por el deterioro democrático en Nicaragua, agravado, según indicó, por una reforma que “limita aún más la participación política y electoral”, de acuerdo con lo publicado por Artículo 66.

La Cancillería costarricense reiteró su llamado al respeto de los derechos humanos, el Estado de derecho y “el derecho del pueblo nicaragüense a decidir libremente su futuro, mediante procesos electorales que garanticen la pluralidad y las condiciones propias de una democracia auténtica”. El régimen respondió con una carta en la que acusó a San José de intervenir en asuntos exclusivamente internos.

El gobierno de Perú, presidido por Keiko Fujimori, difundió a través de su Cancillería una carta en la que advirtió sobre el riesgo de que la pareja gobernante se perpetúe en el poder.

La misiva señaló que las modificaciones constitucionales “pretenden eliminar las condiciones para elecciones libres y así debilitar las instituciones democráticas”, según la misma publicación. El régimen de Ortega y Murillo respondió con comunicados idénticos en contenido, con el único cambio del destinatario, en los que sostuvo que “la soberanía de un pueblo no se discute, y mucho menos puede ser cuestionada por otros países con graves problemas de legitimidad y unidad”.

El gobierno de Guatemala emitió un comunicado en el que manifestó su “profunda preocupación” ante la reforma. Consideró que “la pluralidad política, la participación ciudadana, la alternabilidad en el poder y la posibilidad de elegir y ser elegido son elementos esenciales de cualquier democracia” y reafirmó que “la defensa de estos principios y del derecho de todos los pueblos a decidir libremente su futuro es fundamental para la estabilidad y la convivencia pacífica de nuestra región”, tal como recogió Artículo 66. El Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense respondió con el mismo texto enviado a Lima y a San José.

La OEA y la Unión Europea también rechazaron la votación

El rechazo a la reforma desbordó el ámbito regional. La Unión Europea y las Naciones Unidas también condenaron la votación del 1 de septiembre, según consignó Tico Times, periódico costarricense. La OEA había convocado una reunión de emergencia sobre Nicaragua el 19 de agosto, con el voto en contra de Brasil y la abstención de México, aunque aún no tiene fecha definida.

Varios países centroamericanos, junto con Bolivia, Brasil y Chile, ya habían criticado la declaración de Ortega de julio, cuando anunció públicamente que no habría más elecciones en el país. Panamá fue más lejos y retiró a su embajador de Managua.

La reforma aprobada en septiembre profundiza los cambios constitucionales de febrero de 2025, cuando la Asamblea extendió el mandato presidencial de cinco a seis años, creó la figura de copresidenta para Murillo y reorganizó la estructura del Estado. El texto del 1 de septiembre cierra uno de los últimos espacios formales a través de los cuales la oposición organizada podía disputar el poder, aunque su vigencia definitiva depende de la segunda votación prevista para enero.