El régimen de Nicaragua rechazó las críticas de Costa Rica sobre el deterioro democrático en el país y acusó a San José de interferir en asuntos internos. La respuesta llegó después de que la Asamblea Nacional nicaragüense aprobara en primera instancia una reforma constitucional que amplía el período presidencial y restringe la participación política.
La respuesta fue difundida este jueves por la Cancillería de Nicaragua mediante una nota firmada por el cocanciller Valdrack Jaentschke. El documento cuestionó la posición del Gobierno costarricense y sostuvo que el país “no acepta la injerencia de otros en nuestros propios asuntos”.
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La reacción de Managua llegó tras un pronunciamiento de Costa Rica, que manifestó su “profunda preocupación” por la situación institucional nicaragüense. San José vinculó esa advertencia con la reforma constitucional aprobada el martes en una primera legislatura, una de las dos instancias parlamentarias requeridas para que el cambio entre en vigor.
Nicaragua pidió a Costa Rica no intervenir en sus asuntos internos
En su comunicación oficial, el régimen nicaragüense recordó que se considera un país “digno y soberano” y reclamó vínculos entre vecinos que respeten los asuntos internos de cada Estado.
“Nos permitimos recordar al ilustrado Gobierno de la hermana Costa Rica, que Nicaragua es un país y un pueblo digno y soberano y que no aceptamos la injerencia de otros en nuestros propios asuntos”, indicó la nota de la Cancillería.
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El texto agregó que ambos países deben mantener una relación basada en el respeto a los procesos institucionales propios. Managua afirmó que, como “vecinos y hermanos centroamericanos”, las naciones de la región no deben intervenir en cuestiones que correspondan “al derecho de cada país a desarrollar sus procesos institucionales soberanos”.
La declaración nicaragüense también aludió a la situación política y de seguridad en Costa Rica. En ese tramo, sostuvo que no emite opiniones sobre “las grandes dificultades” entre las instituciones del país vecino ni sobre las amenazas contra sus máximas autoridades.
“Recordamos que el respeto al derecho ajeno es la paz”, expresó el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes ejercen como copresidentes de Nicaragua, de acuerdo con la reforma impulsada por el oficialismo.
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San José pidió una respuesta coordinada en la OEA
El Gobierno de Costa Rica había advertido que en Nicaragua existe un “continuo deterioro democrático”, que, a juicio de su Gobierno, se agravó con las modificaciones constitucionales promovidas desde Managua.
El Ejecutivo costarricense pidió el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la posibilidad de que los nicaragüenses definan su futuro en elecciones con pluralidad política y garantías democráticas.
Además, anunció que respaldará “una respuesta firme y coordinada” dentro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en relación con el proceso político nicaragüense.
La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó el martes la primera parte de una reforma que excluye de cargos de elección popular a las personas consideradas “traidores a la patria”. La iniciativa también extiende de cinco a siete años la duración del mandato presidencial.
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Ortega, que gobierna Nicaragua desde 2007, afirmó que los cambios serán ratificados el 18 de enero, durante la próxima legislatura. Según el mandatario, el nuevo marco institucional modifica el calendario electoral previsto.
Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero las enmiendas contemplan un período presidencial de siete años. De aplicarse el nuevo esquema, los próximos comicios quedarían previstos para noviembre de 2027.
Según informó EFE, las declaraciones de Ortega sobre la posibilidad de que no haya nuevas elecciones en el país provocaron reacciones críticas de distintos sectores de la comunidad internacional.
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