La oposición de Nicaragua pidió sanciones y el aislamiento del régimen de Ortega tras la reforma que restringe las elecciones

Las organizaciones políticas en el exilio reclamaron medidas contra los funcionarios y actores económicos que sostienen a la dictadura y pidieron respaldo internacional para una transición democrática con elecciones libres y observación independiente

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en primera legislatura una reforma constitucional promovida por Ortega y Murillo que aún requiere una segunda votación. (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Foto de archivo)
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en primera legislatura una reforma constitucional promovida por Ortega y Murillo que aún requiere una segunda votación. (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Foto de archivo)
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Los principales movimientos de la oposición nicaragüense en el exilio reclamaron este jueves una respuesta internacional más severa contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, luego de que el oficialismo avanzara con una reforma constitucional que amplía el período presidencial y establece mecanismos para impedir que determinados opositores puedan competir en elecciones.

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) instó a los gobiernos extranjeros a modificar su respuesta frente a Managua.

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Llamamos a la comunidad internacional a pasar de la condena verbal a las acciones individuales y colectivas”, señaló la organización en un pronunciamiento. Entre las medidas que planteó figuran un endurecimiento de las sanciones diplomáticas, el aislamiento político del gobierno y restricciones financieras.

El reclamo opositor se produce después de que la Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobara en primera legislatura una modificación de la Constitución promovida por Ortega y Murillo. La iniciativa todavía requiere una segunda aprobación parlamentaria para entrar en vigencia.

La reforma en Nicaragua amplía de seis a siete años el período presidencial y desplaza las elecciones generales previstas para 2026 hasta 2027. (REUTERS/Oswaldo Rivas)
La reforma en Nicaragua amplía de seis a siete años el período presidencial y desplaza las elecciones generales previstas para 2026 hasta 2027. (REUTERS/Oswaldo Rivas)

Uno de los puntos más controvertidos es la incorporación de restricciones para quienes sean considerados “traidores a la patria”. Esa categoría puede alcanzar a personas acusadas de promover acciones contra el Estado, solicitar una intervención militar extranjera o respaldar medidas como bloqueos económicos. La oposición sostiene que esas disposiciones pueden utilizarse para impedir la participación electoral de adversarios de la dictadura.

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La reforma también extiende de seis a siete años el período de los funcionarios elegidos mediante voto popular y modifica el calendario político del país. Nicaragua tenía previstas elecciones generales para noviembre de 2026, pero la prolongación de los mandatos desplazaría los comicios hasta 2027.

El partido opositor Ruta del Cambio, encabezado por el exiliado y desnacionalizado Félix Maradiaga, presentó una serie de propuestas ante la próxima discusión de los cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entre ellas incluyó reducir el nivel de las relaciones diplomáticas con Managua, revisar la participación del régimen nicaragüense en mecanismos de integración regional y aplicar sanciones específicas contra personas y organizaciones vinculadas con el sostenimiento del régimen.

Ruta del Cambio llevó a la OEA propuestas para reducir las relaciones diplomáticas con Managua y aplicar sanciones a personas y organizaciones vinculadas con el régimen.
Ruta del Cambio llevó a la OEA propuestas para reducir las relaciones diplomáticas con Managua y aplicar sanciones a personas y organizaciones vinculadas con el régimen.

La agrupación también reclamó que la presión internacional no se limite al castigo y contribuya a crear las condiciones para una salida política. En particular, pidió respaldar una transición democrática que incluya garantías verificables, observación internacional y elecciones en las que puedan competir todas las fuerzas políticas.

El nuevo marco constitucional amplía además las atribuciones de las autoridades electorales para cancelar partidos y adoptar medidas contra candidatos. Para los opositores, estas facultades aumentan el riesgo de que la competencia política quede restringida desde las propias instituciones encargadas de organizar los comicios.

La disputa ocurre después de años de persecución contra sectores opositores. Tras las protestas de 2018, miles de nicaragüenses abandonaron el país y dirigentes políticos, periodistas, intelectuales y religiosos fueron encarcelados, expulsados o privados de su nacionalidad. En las elecciones de 2021, varios de los principales aspirantes presidenciales fueron detenidos antes de la votación.

Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 junto con Murillo, quien ocupa la copresidencia desde 2025. La nueva reforma fortalece el control del Ejecutivo sobre el sistema político y prolonga el período de las actuales autoridades, mientras el oficialismo sostiene que las modificaciones responden a su proyecto institucional.

La oposición ahora busca que los gobiernos extranjeros eleven el costo político y económico de esas decisiones. Su pedido central es que la presión internacional se traduzca en medidas concretas contra los responsables y, al mismo tiempo, en respaldo a un proceso que permita recuperar la competencia electoral en Nicaragua.

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