Exiliados nicaragüenses intensifican su llamado a la comunidad internacional tras las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien aseguró que no volverán a celebrarse elecciones en el país. La advertencia generó una reacción inmediata en organizaciones de exiliados y defensores de derechos humanos, que demandaron una respuesta contundente, principalmente del gobierno de Estados Unidos y organismos multilaterales, para evitar la consolidación de un sistema de poder familiar encabezado por Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
Las declaraciones, difundidas por la agencia EFE y retomadas por Infobae, evidencian el clima de creciente alarma entre la diáspora nicaragüense. En una conferencia en Miami, ciudad con la mayor comunidad nicaragüense en EE.UU., la presidenta de la organización Nicaragüenses-Americanos Unidos por la República, Aida Carrión-Vanegas, instó a la administración de Donald Trump a replicar el modelo de presión empleado por Nicolás Maduro en Venezuela.
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Carrión-Vanegas solicitó que se promuevan cargos criminales por narcotráfico contra Ortega y Murillo, así como su extradición, argumentando que solo una intervención de alto nivel podría abrir paso al restablecimiento democrático en Nicaragua.
De igual manera, la presidenta de la organización explicó que enviaron cartas a Trump, senadores y congresistas estadounidenses, en las que reclaman “emplear todos los instrumentos jurídicos disponibles” para presionar al régimen y forzar la convocatoria de elecciones competitivas.
El grupo también propuso que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) sea declarado organización terrorista y se reactive la Nica Act de 2018, que impone sanciones a altos funcionarios y militares nicaragüenses.
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Impacto en la seguridad nacional estadounidense
Durante el evento, el activista Marco Novoa, estadounidense e hijo de nicaragüenses, advirtió que la crisis en Nicaragua representa un desafío para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Novoa, quien denunció haber sido detenido y torturado en 2018 tras participar en protestas estudiantiles, señaló que la represión estatal alcanza a ciudadanos estadounidenses y constituye un crimen de lesa humanidad.
De igual manera, la periodista Helen Aguirre Ferré, hija de exiliados y presente en la conferencia, subrayó que “la democracia nicaragüense resulta indispensable para la seguridad nacional de Estados Unidos”. Además, advirtió que entre el 10 % y el 15 % del territorio de Nicaragua estaría bajo control de empresas mineras de China, según un reporte reciente presentado en Costa Rica.
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El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua eleva su reclamo ante la ONU
En paralelo, el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, agrupación de activistas exiliados en Costa Rica, solicitó el pasado mes de julio a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la comunidad internacional que frenen la iniciativa impulsada por el régimen de Ortega para eliminar la competencia política y perpetuar la permanencia de su familia en el poder.
El colectivo advirtió que la propuesta oficialista representa “una decisión dictatorial en proceso de materialización”, según declaraciones difundidas por EFE y reproducidas por Infobae.
El exministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Norman Caldera, también exiliado en Estados Unidos, reclamó respaldo internacional luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobara una votación para convocar una reunión urgente de cancilleres sobre la situación de Nicaragua. Solo México y Brasil se opusieron o abstuvieron en la resolución, lo que fue criticado por Caldera, quien recordó: “La soberanía no es de los gobiernos, sino de los pueblos”.
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Carrión-Vanegas, visiblemente conmovida, apeló a la solidaridad latinoamericana: “Que todos los países de Latinoamérica se unan al clamor de libertad para el pueblo de Nicaragua”, recogió EFE. La situación se produce en un contexto donde el régimen Ortega-Murillo ha endurecido el control institucional, tras la proclamación de Murillo como copresidenta y la exclusión sistemática de la oposición.
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