Siete claves de la reforma constitucional con la que Ortega y Murillo buscan perpetuarse en el poder en Nicaragua

El matrimonio de Daniel Ortega y Rosario Murillo prepara una reforma constitucional que sus propios operadores políticos han bautizado con el lema “Estabilidad, Seguridad y Paz” y que la oposición nicaragüense en el exilio, junto con organismos de derechos humanos, califica como el punto final de cualquier posibilidad de alternancia en el poder.

El texto, contenido en un documento de trabajo que circula entre diputados de la Asamblea Nacional bajo el título “Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua”, se articula en tres ejes que el propio borrador denomina Estabilidad, Cohesión y Seguridad, y Coherencia.

La Asamblea, controlada por una mayoría absoluta del Frente Sandinista, prevé llevarlo a votación en primera legislatura a inicios de septiembre. Estas son las claves de lo que contiene.

Mandatos de siete años, y renovables. El cambio central de la reforma extiende a siete años el período de todos los cargos de elección popular y de los puestos sujetos a elección o ratificación por la Asamblea Nacional, frente a los cinco años que fijaba la Constitución de 1987 y los seis a los que el sandinismo ya los había llevado.

El borrador agrega que el nuevo plazo será “renovable”. El presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, ha defendido la medida ante el plenario legislativo argumentando que un período más largo “asegura estabilidad en visión, operatividad y continuidad” para ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo Humano, y ha llegado a decir en público que un mandato de siete años “es algo que no te pueden cuestionar”.

La oposición y analistas independientes sostienen, por el contrario, que la ampliación no responde a necesidades de gestión sino al propósito de mantener indefinidamente en el poder a la misma cúpula, y recuerdan que el cambio alcanzará, según cálculos difundidos por medios independientes, a más de 6.700 cargos de elección popular.

La exclusión de “golpistas” y “traidores a la Patria”. La reforma busca inhabilitar para ser candidato o para ejercer cargos públicos por designación o ratificación a cuatro categorías de personas: los “golpistas”, quienes hayan incurrido en actos que “menoscaben la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación de Nicaragua”, los “traidores a la Patria” y quienes hayan violentado los “principios fundamentales” de la Constitución. Ninguna de esas categorías está definida en el texto.

Porras ha explicado públicamente, ante representantes del cuerpo diplomático, que la cláusula busca impedir la participación de quienes “viven pidiendo intervención militar” y celebran las sanciones internacionales contra funcionarios del régimen, a quienes calificó de “demonios”.

Semanas antes, Daniel Ortega había adelantado que impulsaría leyes para levantar “un muro, un bloque a los golpistas”. Constitucionalistas y organismos de derechos humanos consultados por medios independientes advierten que, al no estar definidos los términos, la potestad de decidir a quién se aplican queda en manos de instituciones controladas por el propio oficialismo, empezando por el Consejo Supremo Electoral, lo que en la práctica habilita la exclusión discrecional de cualquier figura opositora.

Más poder para el Consejo Supremo Electoral. El eje que el borrador llama Cohesión y Seguridad amplía las atribuciones del órgano electoral, que además de organizar las elecciones generales, municipales y regionales cada siete años, podrá negar personalidad jurídica a los partidos constituidos con financiamiento extranjero o cuyos directivos hayan violentado los “principios fundamentales” de la Constitución, cancelar la personalidad jurídica de partidos ya inscritos bajo el mismo criterio, y sancionar a candidatos y funcionarios del propio órgano electoral que incurran en actos que “menoscaben” la soberanía nacional.

El oficialismo no ha explicado públicamente esta cláusula con el mismo detalle que las demás. Estas facultades, sumadas a la ambigüedad de las categorías de exclusión, dejan en manos exclusivas del oficialismo el criterio para decidir qué partidos pueden competir y cuáles desaparecen por decisión administrativa.

Siete años también para el mando militar y policial. La misma extensión de plazo alcanza al comandante en jefe del Ejército de Nicaragua y a los jefes de las fuerzas policiales, dos cargos que el sandinismo ha mantenido alineados con la pareja presidencial desde las protestas de 2018.

La propuesta fue presentada primero ante la cúpula del Ejército y ante mandos policiales, que expresaron su respaldo, antes de someterse a consulta con comunicadores, alcaldes, diputados del Parlacen y representantes de pueblos originarios y comunidades afrodescendientes.

La oposición interpreta esta cláusula como una garantía adicional de lealtad de la cúpula castrense y policial hacia el matrimonio presidencial, en momentos en que crecen las tensiones con Estados Unidos y otros gobiernos de la región.

Una reforma con efecto retroactivo. El tercer eje, denominado Coherencia, dispone que los períodos de las autoridades ya electas en los últimos comicios generales, municipales y regionales queden automáticamente ampliados a siete años, al igual que los cargos designados por la Presidencia o elegidos y ratificados por la Asamblea Nacional, y establece que toda la legislación vigente que fije un período distinto se entenderá “reformada de pleno derecho” para leerse como siete años.

Un cálculo publicado por Infobae sostiene que esa disposición añadiría un año adicional al mandato vigente de Ortega y Murillo, que se extendería hasta 2028. Para la oposición, este punto despoja de cualquier duda sobre el propósito de la reforma: no se trata de ordenar el futuro institucional del país, sino de prolongar de inmediato el mandato de quienes ya gobiernan.

El cambio de fecha de la toma de posesión. Bajo el subtítulo “Pax”, el borrador traslada la fecha de investidura de la copresidencia del 10 al 18 de enero, en homenaje declarado al poeta Rubén Darío. El 10 de enero era la fecha que históricamente se asociaba con la memoria de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, el periodista asesinado en 1978 cuya familia ha sido blanco recurrente de la persecución del régimen.

El diputado Wilfredo Navarro, otrora crítico del sandinismo y hoy aliado del oficialismo, confirmó que el paquete de reformas tocará en total doce artículos de la Constitución, entre ellos el artículo 47, que regula el derecho a elegir y ser electo.

Elecciones sí, pero bajo control absoluto. Porras ha insistido públicamente en que la reforma no elimina las elecciones, en respuesta a la controversia generada por un discurso previo de Ortega en el que el mandatario sugirió que Nicaragua no volvería a celebrar comicios.

“Claro que van a haber elecciones, como siempre ha habido y con acompañamiento electoral”, declaró el presidente del Parlamento, sin precisar qué autoridad definirá en la práctica quién queda comprendido en las categorías de “golpista” o “traidor a la Patria”.

Dirigentes opositores consultados por agencias internacionales sostienen que Ortega teme enfrentar una elección competitiva y que la reforma apunta a consolidar un sistema de partido único, comparable al modelo cubano. Amnistía Internacional pidió a la comunidad internacional evitar la normalización de lo que describió como la supresión del derecho a elegir en el país.

La reforma ya generó una respuesta diplomática. El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de Michael Kozak, responsable de la oficina para América Latina, propuso ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocar una reunión extraordinaria de cancilleres antes de septiembre, fecha prevista para la votación de la reforma, con el fin de evaluar una respuesta colectiva que podría incluir medidas diplomáticas, institucionales, económicas y de seguridad colectiva, aunque descartó explícitamente el uso de la fuerza.

La propuesta, respaldada inicialmente por escrito por Argentina, Panamá, Paraguay y Uruguay, generó reservas de México y Brasil, cuyo embajador ante la OEA pidió privilegiar el diálogo con Managua, lo que obligó a posponer la votación de la moción.

Nicaragua, que se retiró formalmente de la OEA en noviembre de 2023, no tiene representación en el organismo para responder directamente a la iniciativa, aunque medios afines al Gobierno calificaron la gestión estadounidense como un intento de deslegitimar lo que llaman el proceso constitucional soberano del país.

El calendario que maneja la Asamblea Nacional contempla cerrar el proceso de consultas sectoriales durante agosto, elaborar el dictamen de la Comisión Especial de Carácter Constitucional, integrada por la Junta Directiva del Parlamento y los diputados María Auxiliadora Martínez y Wálmaro Gutiérrez, y llevar la reforma a votación en primera legislatura a comienzos de septiembre.

Dada la mayoría absoluta que el Frente Sandinista controla en el hemiciclo, se da por descontado que el trámite prosperará sin obstáculos parlamentarios. El texto completo de la iniciativa no ha sido publicado oficialmente hasta la fecha, por lo que el borrador que circula entre diputados sigue siendo, de momento, la referencia más detallada disponible sobre el alcance real de la reforma.