
Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA, afirmó que el presidente Daniel Ortega prepara únicamente votaciones, sin garantizar elecciones auténticas.
La declaración fue recogida por ACI Prensa el 3 de agosto, en un contexto marcado por la falta de garantías democráticas en el país centroamericano. Según McFields, en Nicaragua se ha perdido desde hace años el derecho fundamental a elegir y ser elegido.
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sostiene McFields, teme incluso organizar procesos fraudulentos por la posibilidad de enfrentar una eventual sorpresa. Para el exdiplomático, el gobierno de Managua ha mostrado sistemáticamente una actitud contraria a la apertura democrática.
“Ortega planea votaciones, pero no elecciones. En Nicaragua llevamos años en que no se respeta el derecho fundamental básico de elegir y ser elegido”, afirmó McFields en declaraciones recogidas por ACI Prensa.

En la misma nota publicada por este medio, el sacerdote nicaragüense Edwing Román, exiliado desde hace cinco años y actual vicario en la parroquia Santa Agatha de Miami, coincidió en que el anuncio de Ortega no constituye una novedad, sino la confirmación de un patrón de represión.
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“Desde hace años encarceló, exilió a miembros de la oposición”, puntualizó el religioso, quien remarcó que Ortega controla el Consejo Supremo Electoral, reformó la Constitución según su conveniencia e instauró la figura de la “copresidencia”.
Román consideró que el mandatario “dejó de fingir y confirmó su dinastía familiar”, y atribuyó el reciente anuncio a un temor persistente. “Este anuncio no demuestra fuerza sino miedo porque siempre ha sido ilegítimo producto de una organización terrorista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)”, dijo.

Martha Patricia Molina, investigadora y autora del informe “Nicaragua: Una Iglesia perseguida”, advirtió que en 2025 Ortega y Murillo implementaron una reforma total de la Constitución Política de Nicaragua, extendiendo de forma inconstitucional el periodo electoral por un año más. Según Molina, citada por ACI Prensa, las elecciones nacionales previstas para noviembre de 2026 fueron trasladadas a 2027 mediante nuevas maniobras legales. “Ahora mediante otro artilugio ilegal piensan ser reelectos para siete años más”, alertó la investigadora.
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Molina, quien reside en el exilio, añadió que las reformas impulsadas por el Ejecutivo anularon la base jurídica del sistema electoral, eliminaron partidos políticos opositores y desmantelaron la oposición. “Su fin último es perpetuarse en el poder y seguir administrando a Nicaragua como una finca”, explicó en diálogo con ACI Prensa.
El impacto internacional ante la situación de Nicaragua no se ha hecho esperar, tras el anuncio reciente de Daniel Ortega. La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó para este 5 de agosto una sesión extraordinaria en Washington D.C. con la finalidad de examinar el caso de Nicaragua. La agenda incluye la posibilidad de convocar a los ministros de relaciones exteriores del continente para discutir la situación política nicaragüense.
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Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un pronunciamiento en el que rechazó tanto las declaraciones de Ortega —sobre que “en Nicaragua no volverá a haber elecciones”— como la reforma constitucional propuesta por la Asamblea Nacional y defendida por el presidente de este órgano de Estado, Gustavo Porras. Según la CIDH, estas acciones buscan perpetuar el ejercicio del poder, restringir la competencia política y suprimir las condiciones necesarias para la alternancia democrática.
El escenario político en Nicaragua permanece en observación internacional, mientras organismos y actores exiliados advierten sobre el desmantelamiento de las garantías democráticas y el fortalecimiento de un modelo autoritario.
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