La Asamblea Nacional de Nicaragua ha presentado una iniciativa de reforma parcial a la Constitución que propone ampliar el mandato presidencial de cinco a siete años, con posibilidad de renovación. Según informó la agencia de noticias EFE, la propuesta fue leída en el plenario por el titular del Parlamento, Gustavo Porras, quien sostuvo que el sistema de Estado y Gobierno de “Pueblo Presidente” busca ordenarse con períodos efectivos de siete años renovables.
La reforma, subordinada a la Presidencia de la República, busca consolidar el poder del Ejecutivo y limitar la participación de la oposición política, en un contexto de concentración de poder por parte del régimen de Daniel Ortega y con exclusión de quienes han perdido la nacionalidad o han sido catalogados como desestabilizadores del Estado, informó EFE.
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Según EFE, el texto de la iniciativa sostiene que la extensión del mandato permitiría garantizar “estabilidad en visión, operatividad y continuidad”, con el fin de responder a las “urgencias materiales, culturales y espirituales” de la población nicaragüense.
El documento agrega que el régimen debe adecuarse a los plazos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo Humano y de liberación de la pobreza para alcanzar los objetivos propuestos.
La reforma constitucional fue presentada apenas nueve días después de que Ortega sugiriera eliminar las elecciones en Nicaragua. Según detalló EFE, el político enfrenta acusaciones de fraude electoral y de haber eliminado y desterrado a la oposición, así como de declarar “inaplicable” el artículo constitucional que prohibía la reelección presidencial.
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Ortega, de 80 años, es el líder que más tiempo ha ostentado el poder en Nicaragua, con un total de 30 años. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y asumió la Presidencia por primera vez entre 1985 y 1990. En 2007, regresó al poder tras un acuerdo con el exjefe de Estado Arnoldo Alemán, que permitió una reforma para reducir al 35% el mínimo de votos necesarios para ganar la presidencia.
La esposa de Ortega y llamada copresidenta del país, Rosario Murillo, anunció que la Asamblea Nacional aprobará en septiembre la reforma en primera legislatura. La misma incluirá la exclusión de opositores desnacionalizados y considerados “traidores a la patria”, una medida que ha generado rechazo internacional.
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“El Gobierno de Nicaragua necesita para este futuro democrático y libre, solidario, complementario cristiano, creativo, próspero, y profundamente humano debe ordenarse de acuerdo a la urgencia y plazos que el Plan Nacional de Desarrollo Humano y de liberación de la pobreza contempla”, señala la exposición de motivos leída por Porras en el Parlamento.
El miércoles pasado, Porras afirmó que sí habrá elecciones en Nicaragua, aunque bajo un nuevo marco constitucional que, según sus palabras, blindará el proceso de la injerencia extranjera y de los “traidores a la patria”.
Las reacciones internacionales
La comunidad internacional ha reaccionado de forma crítica ante las reformas y declaraciones recientes del régimen de Ortega. Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, que retiró a su embajador, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, la Unión Europea, Uruguay, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alberto Ramdin, y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, han expresado preocupación o rechazo.
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EFE resaltó que la iniciativa de reforma constitucional y la exclusión de opositores han intensificado la tensión política en el país y han sido catalogadas como un retroceso democrático por distintos organismos multilaterales.
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