Laura Fernández arremete contra el Poder Judicial por ausentarse del Consejo de Seguridad y lo califica como “berrinche”

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, lanzó fuertes críticas contra las principales autoridades del Poder Judicial luego de que no asistieran a la primera sesión del Consejo Nacional de Seguridad, convocada por el Poder Ejecutivo para analizar la estrategia nacional contra la delincuencia y el crimen organizado.

Al iniciar la reunión, la mandataria destacó las cuatro sillas vacías correspondientes al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre; la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano; el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez; y el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto Rojas.

Fernández recordó que el Consejo Nacional de Seguridad es un órgano contemplado en la Constitución Política y en la Ley General de Policía, por lo que aseguró que la participación de sus integrantes forma parte de las funciones establecidas por el ordenamiento jurídico.

“Estas sillas vacías reflejan el no interés por resolver desde la raíz los problemas de seguridad que tiene Costa Rica. Este desplante no me lo hacen a mí como presidenta de la República, sino que se lo hacen al pueblo de Costa Rica”, afirmó la mandataria.

Incluso, señaló que la ausencia podría dar pie al análisis de una eventual denuncia por incumplimiento de deberes contra las autoridades judiciales, al considerar que dejaron de atender una obligación prevista por la legislación nacional.

Atribuye la ausencia a un “berrinche” por el recorte presupuestario

Durante su intervención, la mandataria aseguró que la carta enviada por el presidente de la Corte permitía concluir que la decisión de no asistir respondía al recorte presupuestario aprobado para el Poder Judicial.

Según Fernández, la reducción de recursos forma parte de un esfuerzo generalizado de austeridad que también alcanzó al Poder Ejecutivo, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y la Asamblea Legislativa.

“Se puede colegir perfectamente que es un berrinche por el tema del recorte del presupuesto del Poder Judicial. Costa Rica no está para berrinches”, manifestó la funcionaria.

La presidenta insistió en que todas las instituciones públicas han debido ajustarse financieramente y sostuvo que el Poder Judicial no debería ser la excepción.

Cuestiona falta de participación en estrategia contra el crimen

Fernández también reprochó que representantes del Poder Judicial, según dijo, suelen ausentarse de las reuniones semanales de una fuerza élite de seguridad impulsada por el Gobierno.

Además, aseguró que el fiscal general Carlo Díaz y el director interino del OIJ, Michael Soto, habían confirmado previamente su asistencia al Consejo Nacional de Seguridad, pero finalmente no se presentaron.

La mandataria afirmó que durante la sesión se analizaría el primer paquete de seis proyectos de ley en materia de seguridad ya enviados a la Asamblea Legislativa, así como otros ocho o nueve proyectos adicionales que el Ejecutivo planea presentar el próximo 27 de julio.

Asimismo, indicó que el encuentro permitiría revisar indicadores sobre la penetración del narcotráfico y el crimen organizado utilizando información proveniente del propio Poder Judicial.

Entre los temas previstos figuraban la ejecución de allanamientos, las presuntas filtraciones de información y la coordinación entre las fuerzas policiales del Gobierno y las autoridades judiciales.

Según Fernández, en varias ocasiones cuerpos policiales del Ejecutivo han sido convocados para colaborar en operativos, pero horas antes reciben la notificación de que los allanamientos fueron suspendidos debido a filtraciones de información.

Reclama propuestas del Poder Judicial

La presidenta sostuvo que, mientras el Gobierno ha impulsado múltiples iniciativas para fortalecer la seguridad pública, no conoce propuestas legislativas provenientes del Poder Judicial para enfrentar la impunidad o mejorar la administración de justicia.

“El país está necesitando resultados”, afirmó, al defender la estrategia del Ejecutivo basada en reuniones periódicas de seguimiento, endurecimiento de medidas en centros penitenciarios y reformas legales para evitar que personas vinculadas con actividades delictivas recuperen rápidamente la libertad.

También lamentó que el fiscal general no estuviera presente para responder directamente a declaraciones en las que, según indicó, la ha señalado de actuar como una dictadora.

Igualmente cuestionó la ausencia de la magistrada Patricia Solano, a quien reprochó participar en manifestaciones públicas en lugar de asistir a la reunión convocada por el Ejecutivo.

Fernández concluyó reiterando que el objetivo del Consejo Nacional de Seguridad es construir soluciones conjuntas frente a la creciente criminalidad y adelantó que en futuras sesiones también espera contar con la participación de la Asamblea Legislativa para avanzar en la agenda de seguridad nacional.

Poder Judicial había adelantado su ausencia

El Poder Judicial justificó su ausencia en la primera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública al considerar que varios de los temas incluidos en la agenda correspondían a actuaciones, procedimientos y decisiones propias del ejercicio de competencias jurisdiccionales. En un oficio enviado a la presidenta Laura Fernández, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, advirtió que la participación de la Presidencia de la Corte y de la Sala Tercera podría generar valoraciones o compromisos que comprometan, de forma directa o indirecta, la independencia de criterio que deben mantener los jueces y magistrados al resolver casos concretos. Por esa razón, la institución concluyó que no era “institucionalmente procedente” asistir a una deliberación planteada en esos términos.

Además, Aguirre explicó que este lunes la Corte Plena tenía programada su sesión ordinaria para analizar el impacto del recorte presupuestario aplicado por el Ministerio de Hacienda al Poder Judicial. El jerarca sostuvo que la institución enfrenta esa reducción tras varios años de contención del gasto y presupuestos limitados, por lo que consideró prioritario valorar sus efectos sobre la investigación criminal, la persecución penal y la atención de víctimas. No obstante, aclaró que la decisión de no asistir al Consejo de Seguridad no debía interpretarse como una falta de interés en la lucha contra la delincuencia, sino como una defensa de la independencia judicial y del principio de separación de poderes establecido en la Constitución.