Diputados costarricenses del Frente Amplio condenan declaraciones de Daniel Ortega sobre el fin de las elecciones en Nicaragua

La fracción costarricense del Frente Amplio manifestó este lunes en el Plenario Legislativo su rechazo a las recientes declaraciones de Daniel Ortega, en las que afirmó que en ese país no volverán a realizarse elecciones. La agrupación calificó esas afirmaciones como una nueva evidencia del deterioro democrático que, según señaló, se ha desarrollado de manera progresiva en la nación vecina durante los últimos años.

Durante una intervención ante el Congreso, la bancada expresó que las declaraciones del dirigente nicaragüense representan la consolidación de un proceso que, a su criterio, ha significado el debilitamiento de las instituciones democráticas y ha tenido consecuencias para miles de ciudadanos, incluidos quienes han buscado refugio en Costa Rica.

El discurso hizo referencia a las personas que, según la agrupación, abandonaron Nicaragua debido a la persecución política. También mencionó casos de ciudadanos que perdieron su nacionalidad, así como denuncias relacionadas con desapariciones, asesinatos y restricciones a las libertades públicas.

Para el Frente Amplio, el anuncio de que no se celebrarán nuevos procesos electorales constituye un paso adicional dentro de un proceso que, según afirmó, ya había convertido las elecciones en mecanismos sin competencia democrática real.

Durante su intervención, la fracción sostuvo que esta situación representa una ruptura con los principios democráticos que inspiraron la Revolución Sandinista de 1979, movimiento que puso fin a la dictadura de Anastasio Somoza. En ese contexto, recordó el respaldo brindado por ciudadanos costarricenses a ese proceso histórico y señaló que parte de ese legado, según su criterio, ha sido desvirtuado con el paso de los años.

El pronunciamiento también abordó el funcionamiento de las instituciones públicas en distintos países de la región. Según expuso la bancada, los procesos de debilitamiento democrático no ocurren de manera inmediata, sino mediante transformaciones graduales que modifican el equilibrio entre los poderes del Estado.

En el caso de Nicaragua, la agrupación sostuvo que el control sobre las altas instancias judiciales se habría consolidado mediante un proceso paulatino, con el nombramiento de magistrados afines al gobierno y el desplazamiento de funcionarios considerados independientes.

Asimismo, señaló que esa dinámica habría permitido, según su criterio, favorecer actuaciones judiciales contra opositores políticos, organizaciones de derechos humanos y personas críticas del régimen, al tiempo que se habrían archivado o dejado de investigar otros asuntos relacionados con la administración pública.

Durante el mensaje, la bancada indicó que los procesos observados reflejan la importancia de preservar la independencia de los poderes del Estado, particularmente del Poder Judicial, al considerar que constituye uno de los principales mecanismos de control dentro de un sistema democrático.

Finalmente, la agrupación señaló que los acontecimientos registrados en Nicaragua deben servir como un elemento de reflexión sobre la necesidad de resguardar la institucionalidad democrática y la autonomía de jueces y magistrados, al considerar que el debilitamiento de estas garantías puede producirse de forma gradual.