La investigación “Presupuesto, fuerza y eficacia: resultados del gasto en seguridad y defensa en Centroamérica (2020-2026)”, coordinada por Javier Meléndez para Expediente Abierto, documenta cómo el régimen de Nicaragua ha instaurado un Estado policial institucionalizado que prioriza el control político interno por encima de la seguridad ciudadana tradicional.
El estudio, citado por Expediente Abierto en su último informe, detalla la transformación de las fuerzas policiales y militares en instrumentos de represión y disciplinamiento social, bajo un aparato estatal marcado por la opacidad y la instrumentalización política.
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Según la investigación, la policía nacional, las fuerzas armadas y los llamados policías voluntarios operan bajo una lógica subordinada a los intereses del poder ejecutivo, desmarcándose de los modelos de seguridad presentes en el resto de Centroamérica.
Desde la crisis sociopolítica de 2018, el principal objetivo de las fuerzas de seguridad pasó a ser el control del disenso interno, desplazando la función de protección ciudadana frente al crimen común.
Expediente Abierto subraya que el gasto en seguridad y defensa en Nicaragua debe analizarse como una herramienta de control político y no únicamente como respuesta a desafíos criminales.
El reporte señala la existencia de vínculos sistémicos entre actores gubernamentales y estructuras del narcotráfico, lo que convierte el fenómeno de la criminalidad en parte de una intersección estructural entre élites políticas y redes ilícitas.
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Esta relación se traduce en una convivencia selectiva entre el Estado y el crimen organizado, donde la represión se dirige principalmente contra la disidencia y la oposición política.
La percepción de seguridad en Nicaragua ha estado marcada por la narrativa oficial, que promueve la imagen de un país seguro y de un “muro de contención” frente al narcotráfico.
Sin embargo, Expediente Abierto advierte que la información oficial resulta escasa y poco verificable. El estudio destaca la imposibilidad de validar de forma independiente los resultados reportados, como decomisos de efectivo sin detenidos y una reducción en las incautaciones de drogas, elementos que generan dudas sobre la autenticidad de los logros proclamados por el gobierno.
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La evolución de las tasas de homicidio también refleja cambios en la dinámica de seguridad. Entre 2020 y 2022, la tasa oficial de homicidios por cada 100,000 habitantes aumentó un 52.27 %, al pasar de 4.4 a 6.7.
Aunque en 2024 la cifra descendió oficialmente a 6.0, el informe advierte que estos datos carecen de mínima confiabilidad por la ausencia de verificación independiente.
Otro mecanismo central en la consolidación del Estado policial es la proliferación de fuerzas paraestatales.
El estudio documenta la existencia de más de 76,000 policías voluntarios, cuyos detalles administrativos y de financiamiento no figuran en los reportes oficiales.
Esta estructura paraestatal refuerza el control territorial y político, con baja trazabilidad fiscal y sin estar sujeta a mecanismos de fiscalización civil o democrática.
Expediente Abierto enfatiza que la consolidación del Estado policial en Nicaragua se sostiene mediante un uso estratégico del gasto público en seguridad y defensa.
El informe sostiene que el aparato de seguridad ha dejado de responder a la protección ciudadana y se ha convertido en un sistema de dispositivos institucionales y paraestatales enfocados en investigar y perseguir a la población considerada opositora.
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“El concepto de ‘seguridad’ en Nicaragua adquiere un sentido distinto al de los demás países del istmo centroamericano. Más que responder a dinámicas de violencia criminal desbordada, el despliegue de las fuerzas de seguridad y defensa se orienta fundamentalmente a preservar el control político y a disciplinar el comportamiento social”, afirma el documento coordinado por Meléndez.
Según la investigación, la opacidad, la falta de rendición de cuentas y la baja profesionalización de las fuerzas de seguridad dificultan cualquier evaluación independiente sobre la seguridad pública.
El informe de Expediente Abierto concluye que el modelo nicaragüense representa una deriva autoritaria en la región, donde el crecimiento presupuestario en seguridad no se traduce en mayor seguridad democrática, sino en la consolidación de un aparato estatal dedicado a la represión y al control social, con graves riesgos para los derechos y libertades fundamentales.
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