Minería china amenaza territorios indígenas ancestrales y comunidades afrodescendientes en Nicaragua

Al menos 29 lotes mineros han sido otorgados por el régimen de Nicaragua a empresas de origen chino dentro de territorios indígenas y afrodescendientes, según el informe más reciente de la Fundación del Río publicado este año.

Esta situación provoca afectaciones directas en 17 territorios ancestrales del Pacífico, Centro Norte y Caribe nicaragüense, donde las concesiones se han entregado bajo esquemas opacos y sin el consentimiento de las comunidades, incumpliendo la Ley 445 sobre propiedad comunal.

La Fundación del Río detalla que las concesiones mineras violan los estándares internacionales de Consulta Libre, Previa e Informada, exigidos para la protección de los derechos de pueblos originarios.

El monitoreo de la organización ambiental revela que el proceso de adjudicación se ha desarrollado con una completa falta de transparencia y en muchos casos, las comunidades afectadas desconocen que sus territorios han sido concesionados.

El informe enfatiza que “algunas comunidades ni siquiera saben que su territorio fue concesionado”, y advierte sobre el riesgo de desplazamiento forzado en zonas como el municipio de Rosita, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, donde la empresa Santa Rita Mining Company ya opera y ha provocado movimientos de población indígena, según el informe publicado oficialmente en marzo de 2026.

El avance de la minería china también se registra en áreas protegidas del país. Dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, la organización reporta la presencia de dos lotes mineros adjudicados a la empresa Thomas Metal: “La Guinera”, con más de 21,882 hectáreas, y “La Mónica”, con 47,410 hectáreas.

Estos territorios, de alto valor ecológico y cultural, enfrentan riesgos de contaminación por cianuro y mercurio, actividades que suelen asociarse a la extracción aurífera. Además, existen otras dos concesiones identificadas en el sector transfronterizo de Las Cruces, en el límite con Costa Rica, lo que aumenta la preocupación por los posibles impactos binacionales.

La Fundación del Río señala que las consecuencias ambientales de la minería aún no han sido plenamente cuantificadas, dado que no se ha logrado desarrollar verificaciones de campo extensas.

Sin embargo, la expansión de la actividad extractiva coincide con reportes de deforestación y afectación a especies en zonas de alta biodiversidad.

La contaminación de fuentes de agua y la alteración de los ecosistemas figuran entre los principales riesgos para las comunidades indígenas y afrodescendientes.

El informe subraya que, desde 2021, el régimen nicaragüense ha otorgado 71 concesiones mineras a 15 empresas chinas, abarcando más de un millón de hectáreas, lo que representa el 8.5 % del territorio nacional.

Este proceso se produce en un contexto de represión política, pérdida de institucionalidad y denuncias de violaciones a los derechos humanos, lo que limita la capacidad de resistencia de las comunidades y organizaciones locales.

Las instituciones públicas han sido señaladas por su conocimiento y aprobación de estas actividades, sin considerar los efectos sobre el ambiente y las alternativas sustentables para el territorio.

El avance de la minería no se limita a grandes proyectos industriales. La Fundación del Río documentó desde 2019 la expansión de la minería artesanal en la Reserva de Biosfera del Sureste de Nicaragua. Desde finales de 2016, tras el auge de la extracción en Las Crucitas, Costa Rica, la organización detectó un aumento significativo de molinos y nuevas infraestructuras mineras, particularmente en los municipios de San Carlos y El Castillo, áreas adyacentes a la zona núcleo de la Reserva Indio-Maíz. Se contabilizaron más de 100 molinos en San Carlos y una proliferación de actividades mineras que se acercan progresivamente a zonas protegidas.

En la zona sureste del país, la minería representa una de las amenazas más severas para la naturaleza, según la Fundación del Río, ya que la legislación prohíbe expresamente actividades extractivas en áreas reconocidas por su relevancia ambiental internacional.

Ante la falta de controles y el contexto de impunidad, la dinámica minera parece responder a estrategias que buscan allanar el camino para futuras concesiones industriales, afectando la base de subsistencia de las comunidades y la integridad de los ecosistemas.

El informe sobre la “Invasión Minera China” destaca la creciente relación entre el régimen de Nicaragua y la República Popular de China, la cual se traduce no solo en proyectos extractivos, sino también en inversiones en infraestructura estratégica. Un ejemplo es la reconstrucción del Aeropuerto Internacional Punta Huete, a cargo de China CAMC Engineering (CAMCE), con una inversión de 517.6 millones de dólares, financiada en un 80% por un préstamo chino, a una tasa del 5.2 % y con un plazo de pago de 15 años.

El aeropuerto está ubicado en una zona rural a 60 kilómetros de Managua, sobre una antigua pista militar, y contará con una pista de categoría 4F, torre de control, hangares, sistemas de iluminación y planta de energía térmica propia.

Analistas advierten que la magnitud del proyecto aeroportuario podría tener implicaciones de seguridad regional, dado su tamaño y localización. El principal aeropuerto del país, Augusto C. Sandino, opera por debajo de su capacidad, mientras que el nuevo proyecto se desarrollará en un área sin infraestructuras comerciales o turísticas relevantes.

El informe destaca que la obra incluye una fuerte presencia de empresas y personal chino, con señalización en español y mandarín, y se lleva a cabo en paralelo a ampliaciones menores en el aeropuerto principal de Managua.

El informe de la Fundación del Río pone en relieve el trasfondo geopolítico de la colaboración entre Nicaragua y China, que ha intensificado la presencia de empresas y financiamiento chinos en sectores estratégicos, especialmente el minero. Esta situación plantea desafíos para la protección de los territorios indígenas y afrodescendientes, así como para la conservación ambiental en el país centroamericano.