Proyecto de ley busca exigir que los conductores que en Panamá provoquen la muerte por atropello paguen una pensión alimenticia a los hijos de las víctimas

Cuando en Panamá ocurre una muerte por atropello provocada por un conductor en estado de ebriedad o bajo efectos de algún alucinógeno se aplica la detención del infractor, mientras que los familiares de las víctimas quedan desamparados.

Esta situación podría cambiar con el anteproyecto presentado por el diputado José Pérez Barboni, que plantea la necesidad de castigar de manera rigurosa la irresponsabilidad del conductor cuando atropelle a padres de familia.

El proyecto de ley busca exigir que los conductores que causen accidentes fatales asuman el pago de pensiones alimenticia para los hijos de las víctimas.

La propuesta promueve en sus articulados que el juez penal o civil competente esté obligado a imponer, como medida de reparación integral, el pago de una pensión alimentaria a favor del menor de edad que haya quedado en estado de desprotección, luego de ser declarado por un juez como responsable del accidente por estar bajo efectos de bebidas alcohólicas u otras sustancias estupefacientes.

También establece en su articulado que el juez determinará una cantidad a pagarse mensualmente al menor por, cuyo padre o madre o ambos hayan fallecido a causa del accidente, hasta cumplir 19 o 25 años de edad, si está en carrera universitaria, debidamente comprobado.

Pérez Barboni explicó a EcoTV que el problema se agrava cuando por esta situación un menor de edad pierde a uno o ambos padres de familia, lo que conlleva la pérdida de los medios de subsistencia, dejándolo en situación de vulnerabilidad económica, desmejora su calidad de vida, quedando al cuidado de abuelos, tíos u otros familiares, lo que representa una carga injusta.

La iniciativa, de acuerdo con el diputado, busca que estos responsables puedan hacerse cargo de los gastos que quedan sin cubrir tras la pérdida de uno de los progenitores, quien lamentablemente ya no podrá brindar ese apoyo económico y familiar.

El diputado detalló que la propuesta surge tras evaluar una legislación similar vigente desde 2022 en el estado de Tennessee, Estados Unidos, la cual ha mostrado resultados positivos en la reducción de siniestros viales causados por el consumo de alcohol o drogas.

En 2022, Tennessee promulgó una ley que obliga a los conductores condenados por homicidio vehicular bajo los efectos del alcohol a pagar una pensión alimenticia a los hijos menores de las víctimas.

Esta legislación es conocida como “Ethan’s, Hailey’s, and Bentley’s Law”, en honor a los hijos de un oficial de policía local que falleció tras ser atropellado por un conductor ebrio.

El texto de esa norma establece que la persona condenada debe pagar manutención a cada hijo menor de la víctima hasta que cumpla 18 años y termine la educación secundaria.

El monto de la pensión se determina considerando las necesidades económicas del menor y las posibilidades tanto del tutor sobreviviente como del propio condenado. Si el responsable se encuentra en prisión, dispone de un año tras su liberación para iniciar los pagos.

Según Barboni, el texto de Tennessee fue analizado y adaptado a la realidad nacional para ser presentado ante la Asamblea Nacional, con el objetivo de prevenir conductas irresponsables y generar mayor conciencia al volante.

“Espero que esta ley pueda tomar el impulso necesario para que todo el país conozca sus alcances y genere conciencia“, aseguró el diputado en una entrevista en el programa Radiografía de Eco TV.

De acuerdo con el parlamentario, la normativa no afectará a quienes sufran accidentes en condiciones de sobriedad, ya que se reconoce que los siniestros viales pueden ocurrir por otros factores no negligentes.