
El decomiso de 100 frascos de ketamina en Nicaragua llevó a la imposición de prisión preventiva para cinco personas originarias de Rivas. La decisión judicial, tomada en Managua, se basa en la gravedad de los cargos y en la continuidad de las investigaciones, que apuntan a una presunta red de crimen organizado vinculada al tráfico de sustancias controladas.
El juez Francisco Mairena resolvió que los acusados, identificados como Walter Bonilla Paredes, Adonis Samuel Meléndez, los hermanos Gerson y Calvin Romero Solórzano, y Shirley Balmaceda Flores, permanezcan bajo custodia mientras avanza la causa. La detención se realizó en Chontales tras una inspección de rutina, en la que la policía halló los frascos de ketamina en el vehículo donde viajaban, según publicó 100% Noticias.
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A los cinco imputados se les atribuyen tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, así como crimen organizado. Dos de ellos, Meléndez y Romero, también enfrentan cargos adicionales por portación ilegal de armas, mientras que Bonilla y Balmaceda suman una acusación por tenencia de moneda falsa.
La medida cautelar responde a la calificación de proceso complejo, que permite extender plazos y mantener la prisión preventiva mientras la Fiscalía amplía la investigación.

El Ministerio Público nicaragüense vinculó a los cinco sujetos con el traslado de frascos de ketamina en circunstancias que sugieren una estructura criminal. El proceso penal seguirá desarrollándose bajo estricta supervisión judicial.
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La ketamina tiene un uso legítimo como anestésico en medicina humana y veterinaria, pero su desvío hacia el mercado ilegal preocupa a las autoridades. Los efectos disociativos y sedantes la han relacionado con delitos como robos y agresiones sexuales, ya que puede provocar pérdida de memoria y vulnerabilidad extrema en quienes la consumen sin control médico.
En el ámbito ilícito, la sustancia recibe nombres como “Special K”, “Gato” o “Kit Kat”, y se comercializa tanto en polvo como en líquido. Las autoridades de Nicaragua y Costa Rica han incrementado los controles fronterizos tras detectar que la mayor parte de los decomisos en territorio costarricense provienen del país vecino.
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Flujos regionales y antecedentes del tráfico de ketamina
El caso de Rivas se suma a otro expediente reciente, donde dos veterinarios fueron enviados a juicio por la presunta venta no autorizada de 133 frascos de ketamina veterinaria. En ese proceso, la Fiscalía sostiene que uno de los acusados recibía el medicamento y el otro lo distribuía en distintas regiones del país.
La defensa de los profesionales afirmó que la ketamina incautada era exclusivamente para uso veterinario y negó cualquier comercialización ilícita, señalando la falta de pruebas sobre posibles compradores ilegales.
La expansión del tráfico de ketamina ha sido documentada desde al menos 2017, cuando Costa Rica reportó el decomiso de 800 frascos procedentes de Nicaragua, valorados en cerca de USD 70,000. Estos hallazgos confirmaron la existencia de rutas de contrabando entre ambos países.
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Uno de los episodios más notorios ocurrió en Peñas Blancas, frontera entre Nicaragua y Costa Rica, donde la policía costarricense interceptó a un joven que transportaba 200 frascos, cuyo valor en el mercado negro rondaba los USD 17,000.
El flujo sostenido de ketamina desde Nicaragua hacia Costa Rica llevó a las autoridades ticas a reforzar la vigilancia en puntos fronterizos y clínicas veterinarias, consideradas las pocas fuentes legales de abastecimiento. De acuerdo con un reporte de InSight Crime, citado por la prensa local, la diversificación del mercado de drogas sintéticas en Costa Rica se ha visto marcada por el ingreso reiterado de este anestésico.
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Walter Espinoza, exdirector del Organismo de Investigación Judicial, advirtió en 2019 que “el ingreso desde Nicaragua es sostenido, donde hay más libertad de venta en el producto”, como recogió 100% Noticias. Su testimonio refleja la preocupación por el fácil acceso y la circulación relativamente libre de la ketamina entre ambos países.
La investigación penal en Nicaragua sigue en curso, mientras las autoridades buscan esclarecer el destino final de los frascos decomisados y desarticular posibles redes transnacionales dedicadas al tráfico de esta sustancia.
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