Piedras y un fusil M-16: El francotirador que desafió al Estado y asesinó a dos policías sobre el asfalto de El Salvador

El asfalto frente a la Universidad de El Salvador (UES) todavía conserva, en la memoria invisible de sus grietas, el olor a gas lacrimógeno y la pólvora de una mañana que hizo retroceder el reloj del país. Era el miércoles 5 de julio de 2006.

Dos décadas después, aquel día no se recuerda como una simple jornada de protestas callejeras; se evoca como el momento exacto en que los fantasmas de la guerra civil rompieron el armisticio de los Acuerdos de Paz de 1992 y reclamaron, a balazos, su lugar en la posguerra salvadoreña.

Para entender por qué San Salvador amaneció sumido en el caos aquel miércoles, es necesario mirar la fragilidad económica de la época. El gobierno de Elías Antonio Saca, bajo la bandera de ARENA, administraba el país con reformas de corte neoliberal que golpeaban directamente los bolsillos de las clases populares.

El detonante de la jornada fue un anuncio tan cotidiano como asfixiante: el incremento en las tarifas del transporte público y las alzas en la energía eléctrica. Para el movimiento estudiantil y las organizaciones de izquierda, la calle era el único megáfono disponible.

Desde tempranas horas, manifestantes encapuchados iniciaron bloqueos en las arterias principales que conectan con la UES. La respuesta estatal no se hizo esperar. Un pelotón de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil (PNC) fue desplegado con escudos, cascos y gases para disolver la concentración y restablecer el tráfico. Lo que parecía un rutinario forcejeo de la época entre piedras y gas pimienta, cambió de naturaleza en un parpadeo.

Los segundos que congelaron al país

El reloj marcaba media mañana cuando la protesta mutó en zona de combate. En medio del tumulto, un hombre cubierto del rostro avanzó decididamente hacia un arriate. No llevaba piedras ni consignas en las manos. Portaba un fusil de asalto M-16, un arma de guerra que el país había intentado sepultar 14 años atrás.

Apostado de rodillas, adoptando una fría posición de francotirador, José Mario Belloso Castillo, un hombre de unos 30 años con pasado en las filas del partido FMLN, abrió fuego directo contra la formación de la UMO. Las ráfagas rasgaron el aire.

Las cámaras de televisión y los fotógrafos de prensa, que cubrían la manifestación en directo, captaron imágenes espeluznantes que esa misma tarde traumatizarían a la nación entera a través de los noticieros: policías cayendo al suelo heridos de muerte, caos generalizado, civiles corriendo por sus vidas y el tirador entregando el fusil a un cómplice antes de esfumarse.

En el acto perdieron la vida los agentes policiales José Pedro Misael Rivas y Miguel Ángel Rubí. Otras diez personas, entre uniformados y civiles, resultaron heridas. La UMO reaccionó buscando cobertura y abriendo fuego hacia las inmediaciones del campus.

La policía tendió un cerco absoluto sobre la universidad, deteniendo masivamente a 31 personas y desatando una crisis institucional donde las autoridades de la UES denunciaron una flagrante violación a su autonomía.

De la fuga en la indigencia a los 56 años de prisión

Tras el ataque, Belloso se convirtió en el prófugo más buscado del país. Su huida alimentó teorías conspirativas, acusaciones directas de ARENA hacia la dirigencia del FMLN por supuesta autoría intelectual, y desesperados desmarques de la oposición, que calificó a Belloso como un “fanático” expulsado de sus filas antes de los hechos.

La fuga terminó casi un año después, el 2 de julio de 2007. El hombre que había desafiado al Estado con un fusil de asalto fue localizado deambulando en las cercanías del Hospital Militar en San Salvador. Su aspecto era el de un indigente; estaba demacrado, vulnerable y sucio, lejos de la estampa del combatiente revolucionario que pretendía emular.

El sistema penal salvadoreño actuó con una severidad proporcional a la presión política y mediática. En el juicio ante el Tribunal Cuarto de Sentencia, y a pesar de que el arma homicida nunca fue recuperada por las autoridades, el peso de los videos televisivos fue incontestable. Belloso fue condenado unánimemente a 35 años de prisión por homicidio agravado, la pena máxima permitida en ese momento para un solo delito.

Sin embargo, el recorrido judicial no terminó ahí. Años más tarde, tras revisiones en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que evaluaron la planificación del atentado y el concurso ideal de los delitos al sumar los homicidios consumados y las lesiones al resto de agentes, la pena efectiva se elevó de forma drástica a 56 años de prisión. Desde entonces, Belloso purga su condena en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca.

A dos décadas de los sucesos, el 5 de julio de 2006 se mantiene como un significante flotante y un símbolo recurrente en la cultura política de El Salvador. Para algunos, la figura del “francotirador de la UES” representa la justificación histórica de las políticas de seguridad de mano dura y la sospecha perenne hacia los movimientos populares.

Veinte años después, el eco de los disparos de Mario Belloso sigue demostrando que la paz salvadoreña se firmó en los papeles, pero que las heridas del pasado continuaban sangrando en el asfalto.