Panamá lidera propuesta para garantizar el acceso a sueros anti venenos en Centroamérica

Panamá fue reconocida al proponer un convenio regional para fortalecer la producción, sostenibilidad y distribución de sueros antiofídicos, antiescorpiónicos, anti venenos y otros antídotos.

La iniciativa responde a la escasez de estos insumos en la región, toda vez que no existe una iniciativa que garantice la obtención oportuna del suero antiofídico, situación que está causando letalidades en la población, principalmente en las áreas agrícolas, rurales y de escasos recursos.

Cifras disponibles sobre personas afectadas anualmente por mordeduras de serpiente en Centroamérica muestran una importante variabilidad entre países y reflejan problemas de subregistro en algunos casos.

El número total de envenenamientos ofídicos en la región centroamericana puede oscilar extraoficialmente entre 4.500 y 5.000 casos por año, aunque las cifras reales probablemente sean mayores, debido a la falta de registro de casos en zonas rurales o apartadas.

Según estimaciones de fuentes científicas y organismos sanitarios, Panamá presenta aproximadamente 1.300 a 2.000 casos por año, una de las tasas de incidencia más altas de la región, entre 40 y 65 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Costa Rica se presentan alrededor de 500 a 600 casos anuales, con una incidencia de 11 a 15 casos por cada 100.000 habitantes.

En Nicaragua la cifra es cercana a los 700 casos al año, en Honduras entre 500 y 600 casos por año, Guatemala entre 500 y 600 casos por año y en El Salvador y Belice la incidencia es menor y no suele superar los 100 a 200 casos anuales en cada país.

La propuesta panameña tiene como objetivo central crear un mecanismo regional que asegure el abastecimiento continuo de sueros para el tratamiento de mordeduras de serpientes y picaduras de animales ponzoñosos.

En su momento, la medida surgió tras reportes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que advertían sobre el impacto sanitario y social de la escasez de antivenenos en la región, donde cada año miles de personas sufren accidentes ofídicos sin acceso a tratamientos.

“El poder trabajar con otros países y contar con un centro logístico que permita la adquisición y distribución oportuna de estos sueros fortalecerá la respuesta de nuestros servicios de salud. Este trabajo posiciona a Panamá como un referente en la parte normativa y regulatoria”, manifestó la directora general de Salud Pública, Yelkys Gill. Resaltó que este logro fortalece el liderazgo de Panamá en materia regulatoria y de cooperación internacional.

Lourdes Bermúdez, de la Oficina de Asesoría Legal del Ministerio de Salud, destacó que el recién finalizado Primer Seminario de Derecho Comunitario de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), realizado en El Salvador, permitió confirmar que la falta de estos sueros constituye una problemática compartida por todos los países de la región.

En ese encuentro, además de Bermúdez, fueron reconocidos los funcionarios del Ministerio de Salud de Panamá, Genevieve Epailly Silvestri, Jorge Aguirre y Guillermo Santamaría, quienes participaron en la elaboración de la propuesta de convenio regional para fortalecer la producción, sostenibilidad y distribución de sueros antiofídicos, antiescorpiónicos, anti venenos y otros antídotos.

Con anterioridad, Panamá había presentado la creación de un fondo común regional, coordinado por COMISCA y con el respaldo técnico de la OPS y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este fondo permitiría realizar compras consolidadas y negociaciones directas con laboratorios productores, a fin de reducir costos y asegurar la calidad y eficacia de los anti venenos.

Además, el plan incluía la implementación de una red logística para la distribución rápida en casos de emergencia, así como la capacitación del personal sanitario en el uso y manejo adecuado de estos productos.

La escasez de sueros anti venenos en la región no solo responde a problemas de producción, sino también a limitaciones legales y administrativas que dificultan la importación y registro rápido de los insumos en cada país.