Bolivia inicia procesos contra 133 exfuncionarios bolivianos que no devolvieron sus pasaportes diplomáticos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia abrió un proceso administrativo contra 133 exfuncionarios públicos que presuntamente incumplieron la obligación de devolver pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio una vez concluidas sus funciones.

La medida alcanza a exministros, exdiplomáticos y otros exservidores públicos de los gobiernos de Evo Morales (2006-2019), Jeanine Añez (2019-2020) y Luis Arce (2020-2025) que, según la documentación oficial, no restituyeron estos documentos dentro del plazo establecido por la normativa vigente.

Entre los nombres incluidos en el listado difundido por medios locales figuran los excancilleres Fernando Huanacuni y Diego Pary, el exministro de Gobierno y exrepresentante permanente de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti, el ex encargado de Negocios en Estados Unidos, Pablo Canedo, el exembajador “para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación” Mohammed Mostajo, y el alcalde del municipio de Warnes, Mario Cronembold, entre otros exfuncionarios.

La nómina muestra que hay pasaportes otorgados a familiares que tampoco fueron devueltos. El caso sobresaliente es el del excanciller Pary, quien recibió nueve documentos oficiales —para él, su esposa y sus hijos— y no devolvió ninguno.

Los antecedentes del caso señalan que la Unidad de Privilegios e Inmunidades identificó documentos que permanecen sin ser devueltos y remitió el informe correspondiente para determinar eventuales responsabilidades administrativas. Según la normativa, los pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio son propiedad del Estado y deben ser restituidos al finalizar la misión o el cargo que justificó su emisión.

Como parte del procedimiento, se otorgó a los involucrados un plazo de diez días para presentar descargos y la documentación que consideren pertinente.

En los últimos meses, estuvieron en debate la otorgación, los controles y la fiscalización de los pasaportes oficiales y diplomáticos, luego de que se detectaran irregularidades en su uso.

En enero se conoció que la exdiputada suplente Laura Rojas había utilizado meses atrás un pasaporte oficial para ingresar al país en un vuelo privado procedente de Miami con 32 maletas. Según la investigación, la exfuncionaria utilizó el documento diplomático para facilitar el ingreso del equipaje sin pasar por los controles habituales.

Las valijas permanecieron un día en un depósito del Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz, y fueron recogidas al día siguiente por Rojas y una empresa de seguridad que la ayudó a desembarcar el equipaje la jornada anterior y cuyo socio capital fue aprehendido. Según versiones extraoficiales difundidas por la prensa local, las maletas contenían millones de dólares y estaban vinculadas a un juez que más tarde fue aprehendido por este caso.

A finales de enero, la Fiscalía ordenó su detención preventiva y amplió la investigación sobre una presunta red que habría facilitado el operativo.

En ese marco, la Cancillería anunció acciones penales contra la exdiputada por el presunto uso ilícito del pasaporte diplomático y reforzó los controles para verificar qué funcionarios públicos cesaron funciones sin devolver los documentos oficiales.

Según la normativa boliviana, los documentos diplomáticos y oficiales se otorgan a funcionarios de un rango amplio: desde el presidente del Estado hasta vocales electorales regionales. Los titulares de estos documentos tienen un plazo de dos meses a partir del cese de sus funciones para remitir “obligatoriamente” al Estado el pasaporte que les fue asignado.