“Estado ladrón”: el régimen de Ortega utiliza las confiscaciones como un arma de represión y recaudación en Nicaragua

A finales de mayo de 2026, el fotoperiodista nicaragüense Oswaldo Rivas, exiliado en Estados Unidos, descubrió algo que lo dejó sin palabras: la casa que construyó durante más de dos décadas de trabajo, con préstamos y esfuerzo familiar, aparecía publicada “en venta” en la plataforma digital Encuentra24 por USD 255.000.

El anuncio, atribuido a un gestor de bienes raíces identificado como Moreno Merlo, incluía incluso las mismas fotografías que Rivas había tomado cuando intentó vender la propiedad antes de huir al exilio.

La vivienda de Rivas, ubicada en el kilómetro 11 de la carretera vieja a León, en Managua, fue ocupada por la Policía el 6 de junio de 2024, un día después de que el periodista, que cubría para la AFP las manifestaciones contra el régimen desde 2018, recibiera advertencias de que sería arrestado.

“La fuimos construyendo desde cero, con puro sudor”, declaró Rivas al diario La Prensa de Nicaragua. “Yo solo estaba haciendo mi trabajo. Ni siquiera hacía fotos de política ya para no meterme mucho en los rollos”.

El caso de Rivas no es una anomalía. Es la expresión más reciente y concreta de lo que una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) llama la nueva piñata Ortega-Murillo: un sistema de confiscaciones ilegales que, a partir de 2018, ha convertido al Estado nicaragüense en el principal depredador de la propiedad privada en el país.

Confiscaciones ilegales

El punto de partida de esta maquinaria represiva fue la masiva rebelión ciudadana de abril de 2018, cuando cientos de miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar contra el régimen. La respuesta de Ortega y Murillo fue brutal: la represión dejó más de 300 muertos y miles de detenidos.

Pero además del garrote físico, el régimen construyó un arsenal legal para golpear económicamente a quienes consideraba sus enemigos. Todo esto, cabe subrayar, en abierta contradicción con la Constitución Política de Nicaragua, cuyo artículo 44 prohibía expresamente la confiscación de bienes y establecía que los funcionarios que infrinjan esa disposición “responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.

Para sortear ese obstáculo, el régimen lo eliminó: en febrero de 2023 reformó el artículo 20 de la Constitución para establecer que todo nicaragüense declarado “traidor a la patria” sería despojado de su nacionalidad y sus bienes pasarían al Estado.

La investigación del OPTA, realizada por los periodistas Wilfredo Miranda Aburto y Luciana Quintero, es el primer esfuerzo sistemático por cuantificar el alcance de estas confiscaciones y sus resultados son elocuentes.

El estudio logró documentar la confiscación consumada de 135 propiedades cuyo valor total asciende a los USD 250 millones. Sin embargo, los propios investigadores advierten que esa cifra es apenas la punta del iceberg, condicionada por dos factores que dificultan cualquier cuantificación: el secretismo del aparato público, en especial de la Procuraduría General de la República (PGR), y el terror que paraliza a las víctimas ante la perspectiva de más represalias.

Despojos masivos

Los afectados por las confiscaciones abarcan prácticamente todos los sectores de la sociedad nicaragüense. El 9 de febrero de 2023, el régimen desterró a 222 presos políticos hacia Estados Unidos. Seis días después, expulsó a otros 95. En total, 317 nicaragüenses fueron declarados “traidores a la patria” y despojados de todos sus bienes, incluidas las pensiones de los mayores de edad y el saldo de sus cuentas bancarias.

El OPTA logró documentar 36 casos dentro de este grupo, con 78 propiedades afectadas. El 51.4% de los confiscados tenía solo una vivienda; el 27%, dos inmuebles. El valor de mercado de esas 78 propiedades suma casi USD 17.2 millones.

El 58% se ubican en zonas residenciales con plusvalía y el 58.3% de los afectados confirmó que la confiscación ya había sido ejecutada de manera cabal por agentes gubernamentales.

La mecánica del despojo quedó documentada en el caso del Condominio Amazonia, en el reparto San Juan de Managua, donde vivían la periodista Sofía Montenegro y la feminista Azahalea Solís, ambas desnacionalizadas. El régimen no se conformó con confiscar los apartamentos de las dos mujeres afectadas: extendió la medida a los 16 apartamentos del complejo, cada uno valorado en un promedio de USD 60.000.

A los inquilinos que no tenían nada que ver con el proceso político les informaron que si querían seguir viviendo ahí debían pagar un canon de arrendamiento de 500 dólares al mes al Estado. Todos se marcharon.

Los organismos no gubernamentales fueron otro blanco predilecto. Hasta abril de 2026, el gobierno había clausurado una 5.700 ONG en Nicaragua, con consecuencias que trascienden lo patrimonial.

Iglesia, universidades y medios de comunicación

Según el recuento de la abogada Martha Patricia Molina, autora del informe Nicaragua: Una Iglesia perseguida, el régimen de Ortega y Murillo ha despojado a la Iglesia Católica de al menos 43 propiedades, cuyo valor no ha podido ser cuantificado.

El OPTA confirmó que 30 ONGs sufrieron la confiscación de 41 propiedades, en su mayoría edificios de oficinas, filiales en los departamentos y fincas. El valor total de esos inmuebles se estima en 8.4 millones de dólares.

El mayor impacto, sin embargo, se concentró en el sector empresarial. En marzo de 2023, el régimen confiscó la casa sede del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la patronal del país, valorada en USD 500.000.

El caso más emblemático es el del empresario Piero Coen, quien en junio de 2023 confirmó la confiscación de todas sus propiedades, incluido el lujoso complejo residencial y de oficinas Viejo Santo Domingo. El valor total de sus bienes, según el estudio, asciende a USD 100 millones. El OPTA logró cuantificar en el plano empresarial una suma de USD 163.4 millones, aunque reconoce que se trata de un número mínimo.

A las víctimas individuales, las ONG, las iglesias y los empresarios se suman 21 universidades confiscadas por el régimen, y bienes de al menos seis medios de comunicación.

Entre estos últimos destaca el caso de La Prensa, el periódico más antiguo de Nicaragua, cuyas instalaciones fueron ocupadas por la fuerza el 13 de agosto de 2021. Sus directivos calculan en más de USD 20 millones las pérdidas por la confiscación, incluyendo terrenos y bienes internos, además del lucro cesante acumulado desde 2018 por los embargos aduaneros sobre papel y tinta que precedieron a la toma.

El valor de los medios confiscados en inmuebles suma 22.1 millones de dólares, y en equipos, 4.4 millones adicionales.

Una de las operaciones más características del régimen consiste en utilizar estas propiedades para inaugurar centros estatales que exhibe como logros de su gestión. Donde antes funcionaba la redacción de Confidencial el régimen inauguró en febrero de 2021 la Casa Materna Camila López.

En las instalaciones del canal 100% Noticias funciona ahora un Centro de Atención para personas con adicción. Y en el plantel del diario La Prensa, el régimen instaló en abril de 2023 el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, gestionado por el Instituto Tecnológico Nacional (INATEC).

Régimen busca venta

Críticos del régimen señalan que muchas de estas dependencias son inauguradas con fanfarria, pero quedan en desuso o con actividad mínima. El traspaso de estas propiedades al Estado, en varios casos, ni siquiera fue publicado en La Gaceta, el diario oficial, ni se emitió notificación alguna a sus propietarios legítimos.

En los últimos días, sin embargo, el régimen ha dado dos pasos que revelan la voluntad de sistematizar e intensificar esta política. El primero fue la creación, a través del Acuerdo Ministerial 006-2026 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Comité de Bienes del Estado, un órgano de carácter permanente diseñado para administrar, clasificar y rematar el inventario de activos que han pasado a manos del Estado.

El acuerdo también contempla la conformación de “comités ad hoc de subasta pública” para ejecutar los remates de manera expedita. Llamó la atención entre analistas el uso de términos como “chatarra vehicular” y “bienes en mal estado” para referirse a activos de alto valor, una fórmula que abre la puerta a que vehículos de ONGs, plantas transmisoras de medios o maquinaria agrícola sean declarados oficialmente chatarra para ser rematados a precios ínfimos entre allegados al partido de gobierno.

El segundo paso fue la aprobación por la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista, de un paquete de reformas que modifica simultáneamente cinco leyes: la Ley Contra el Lavado de Activos (Ley 977), la Ley de la Unidad de Análisis Financiero (Ley 976), el Código Penal (Ley 641), el Código Procesal Penal (Ley 406) y la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado (Ley 735).

La iniciativa permitirá inmovilizar cuentas bancarias y otros activos en cuestión de horas y sin autorización judicial previa. El proyecto incorpora una definición expresa del término “sin demora”, estableciendo que debe entenderse como “la ejecución inmediata de las medidas de inmovilización de fondos u otros activos en cuestión de horas a partir de una designación”.

La inmovilización permanecería vigente hasta que un juez la ratifique o la rechace, trasladando el control judicial a una etapa posterior de la medida.

La iniciativa también amplía la definición de terrorismo al incorporar los actos que tengan como finalidad “alterar gravemente el orden público”, una formulación que especialistas consideran susceptible de interpretaciones arbitrariamente amplias.

El abogado constitucionalista nicaragüense Juan Diego Barberena señaló que el paquete de reformas profundiza la lógica del denominado “derecho penal del enemigo”.

“Nos referimos a una lógica en la que el Estado deja de tratar a una persona como sujeto de derechos y comienza a verla como un objeto de persecución. Al supuesto enemigo se le despoja de las garantías que normalmente tendría cualquier ciudadano. Se le restringe el derecho de defensa, el derecho a ser oído y otras garantías básicas”, afirmó. En Nicaragua, el terrorismo puede ser castigado con penas de hasta 20 años de prisión y el decomiso de bienes.

El diario La Prensa, cuyas instalaciones fueron confiscadas por el propio régimen que ahora analiza, publicó un editorial que llama al fenómeno “Estado ladrón”.

La Prensa recupera el concepto acuñado por el escritor colombiano Carlos Lemos Simmonds en 1993, que describe cómo en algunos países el Estado ha pasado de ser un ente administrador de bienes públicos a ser una estructura que “en vez de proteger la propiedad y servir a los ciudadanos, utiliza su monopolio del poder y la fuerza para apropiarse de los recursos privados mediante impuestos excesivos, inflación o corrupción.”

Eso plantea un riesgo concreto para quienes estén tentados de adquirir alguna de las propiedades que el régimen ponga en venta, ya sea a través del recién creado Comité de Bienes del Estado o en plataformas digitales como Encuentra24.

Juristas y analistas advierten que estas transacciones carecen de legitimidad legal y que, cuando cambie la situación política en Nicaragua, sus propietarios originales tendrán argumentos sólidos para reclamar la restitución de sus bienes. Quien compre una propiedad confiscada no adquiere un derecho, sino un riesgo.

Oswaldo Rivas lo sabe. Desde su exilio en Estados Unidos, el fotoperiodista sigue el rastro de la casa que construyó con sus propias manos desde que compró el terreno a finales de los años noventa. Dice que luchará por recuperar su propiedad cuando las condiciones en Nicaragua lo permitan. La plataforma Encuentra24 retiró el anuncio poco después de la denuncia del fotoperiodista.