Régimen de Nicaragua confisca y pone en venta por $255,000 la casa de un fotoperiodista que se encuentra en el exilio

La casa de Oswaldo Rivas, reconocida figura del fotoperiodismo nicaragüense, forma parte de las propiedades confiscadas por el régimen de Nicaragua y ha sido puesta en venta en la plataforma digital Encuentra24 por 255,000 dólares. La vivienda, ubicada en el kilómetro 11 de la carretera vieja a León, en Managua, aparece ofertada tras ser ocupada por la Policía en 2024, según documentó La Prensa de Nicaragua.

Desde su exilio en Estados Unidos, Rivas se enteró de la venta en línea de la propiedad en la que invirtió más de dos décadas de trabajo y que perdió luego de haber huido a raíz de la persecución estatal.

Según informó La Prensa, el anuncio de la venta fue publicado a finales de mayo de 2026 por una persona identificada como Moreno Merlo, gestor de bienes raíces. Rivas, que desconoce la identidad de quien ahora figura como vendedor, intentó deshacerse de la casa poco antes de partir al exilio, pero no encontró comprador. Al descubrir el anuncio, constató que incluso se reutilizaron las mismas fotografías que él había publicado antes de su huida.

La residencia confiscada cuenta con dos plantas, tres habitaciones, tres baños, comedor, sala, cocina, terraza y un amplio patio con estacionamiento. El área construida abarca 464 metros cuadrados y el terreno total suma 4,218 metros cuadrados. Rivas relata que la ocupación policial ocurrió el 6 de junio de 2024, un día después de haber recibido advertencias sobre que sería arrestado. En ese operativo, la Policía se llevó computadoras, televisores, bicicletas y vehículos que se encontraban en la propiedad.

Persecución y exilio

Oswaldo Rivas suma casi 40 años de experiencia como fotoperiodista y cubría para la agencia France-Presse (AFP) las manifestaciones de 2018 contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La Prensa detalló que la persecución en su contra comenzó el 4 de junio de 2024, cuando agentes policiales le prohibieron realizar su trabajo en la catedral de Granada, donde preparaba un reportaje con un colega extranjero. Tras recibir una advertencia, huyó del Estadio Nacional y se ocultó durante la noche hasta confirmar que su vivienda estaba siendo allanada.

Según narró a La Prensa, al día siguiente, tres camionetas con policías llegaron a buscarlo y permanecieron dentro de la casa junto a su familia, quienes finalmente debieron salir al exilio. El periodista desconoce quién habita actualmente la vivienda o cuál es su estado, pues ha perdido contacto con los vecinos y allegados, y no aparece ninguna acusación en su contra en el sistema judicial nicaragüense.

Rivas señaló que no sabe por qué le arrebataron su hogar y que, tras consultar con abogados, le informaron que no podían intervenir porque “les podían quitar la licencia” si se involucraban. La vivienda fue entregada a un tercero identificado como Armando Llanes, aunque Rivas desconoce de quién se trata.

“La fuimos construyendo desde cero, con puro sudor”, declaró el fotoperiodista a La Prensa, recordando que adquirió el terreno a finales de los años noventa y que desde 2003 fue levantando la casa con esfuerzo familiar y préstamos. Insiste en que la confiscación responde a motivos ajenos a la ley. “Yo solo estaba haciendo mi trabajo. Ni siquiera hacía fotos de política ya para no meterme mucho en los rollos”, afirmó.

Contexto: otras confiscaciones y ventas de propiedades en Nicaragua

La confiscación de propiedades y su posterior venta o transferencia a terceros no es un hecho aislado en Nicaragua. Desde 2018, el régimen ha expropiado cientos de bienes pertenecientes a periodistas, empresarios, ONG, universidades, asociaciones y miembros de la Iglesia católica. De acuerdo con investigaciones de medios como Confidencial, solo entre agosto de 2024 y principios de 2025, el Estado donó al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) al menos 93 propiedades, muchas de las cuales fueron confiscadas a opositores y entidades sociales. En la mayoría de estos casos, el gobierno ocultó los datos registrales para dificultar futuros reclamos de los legítimos dueños.

Otras propiedades incautadas a periodistas, como el hostal y vivienda del comunicador Henry Briceño, fueron transformadas en centros públicos o asignadas a instituciones afines al oficialismo. En muchas ocasiones, las confiscaciones incluyeron también cuentas bancarias, vehículos, joyas y pertenencias personales, dejando a los afectados sin patrimonio ni posibilidad de apelación legal.

El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en abril de 2025, documentó que la política de confiscaciones sigue un patrón sistemático. Más de 5,000 organizaciones han sido cerradas desde 2018 y sus bienes transferidos al Estado, mientras la cifra de personas despojadas de sus propiedades supera las 450.

La advertencia sobre la inseguridad jurídica en el país ha llevado a la embajada de Estados Unidos a recomendar a sus ciudadanos evitar inversiones inmobiliarias en Nicaragua, debido al uso arbitrario de leyes que permiten la ocupación y venta de propiedades sin previo aviso ni debido proceso.