El Ministerio de Justicia y Paz puso fin al convenio de cooperación que mantenía con el Poder Judicial para la realización de audiencias virtuales desde los centros penitenciarios, una decisión que llega apenas días después de la controversia generada por el traslado presencial de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, a los Tribunales del Primer Circuito Judicial de San José para su audiencia de medidas cautelares.
La cartera informó que el convenio será dado por terminado debido a la “preferencia de las autoridades judiciales por realizar audiencias presenciales”, criterio que quedó en evidencia luego de que una jueza rechazara la solicitud de Justicia para que la primera comparecencia de Arias Monge y Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, se efectuara de forma virtual desde el centro penitenciario La Reforma.
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Según el Ministerio, la decisión permitirá reasignar a labores de vigilancia, control y seguridad dentro de las cárceles al personal policial que actualmente participa en la logística de las audiencias virtuales. Como parte del cierre del acuerdo, también devolverá al Poder Judicial las computadoras, equipos de videoconferencia y demás dispositivos utilizados para este mecanismo.
Un cambio tras la controversia
El anuncio ocurre una semana después de que el Gobierno cuestionara la decisión judicial de trasladar a Arias Monge a los tribunales, pese a que el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, insistió en que la audiencia debía desarrollarse de manera virtual por razones de seguridad y para evitar los riesgos asociados al desplazamiento de un privado de libertad considerado de alta peligrosidad.
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Incluso, el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, respaldó públicamente el uso de la virtualidad al señalar que este modelo reduce el despliegue policial, disminuye el consumo de combustible y minimiza los riesgos durante los traslados de reclusos.
Poder Judicial critica la decisión
La magistrada presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, calificó la medida como un “retroceso” y recordó que el sistema de audiencias virtuales comenzó a implementarse durante la pandemia.
“Es un atraso porque el OIJ es el que hace el traslado a los diferentes tribunales de las personas que están detenidas y tienen que ir a audiencias. Es una contradicción cuando hay una ley que trata de potenciar la virtualidad en algunos casos y eso tiene una economía en cuanto a los traslados y toda la parte operativa que se nos encarece con este tipo de decisiones”, manifestó durante su comparecencia ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa.
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La magistrada advirtió que la eliminación del convenio incrementará los costos operativos y la carga logística para el OIJ, institución encargada de custodiar y trasladar a los privados de libertad hacia las sedes judiciales.
Más de 2,400 audiencias en seis meses
Las cifras del Sistema Penitenciario Nacional reflejan la magnitud del programa que ahora quedará sin efecto.
Entre enero y junio de 2026 se realizaron 2,416 audiencias virtuales, distribuidas en:
- 944 ante juzgados.
- 421 en tribunales de juicio.
- 354 diligencias con defensores
- 697 correspondientes a otras actuaciones judiciales.
Solo en el Centro Nacional de Atención Específica (Máxima Seguridad) se efectuaron 159 audiencias virtuales durante ese período, lo que requirió la participación de 318 policías penitenciarios.
La decisión abre un nuevo frente de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, luego del desacuerdo por el manejo del caso de alias “Diablo”, mientras ambas instituciones mantienen posiciones opuestas sobre la conveniencia de utilizar la virtualidad para este tipo de procesos judiciales.
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