Un grupo de 24 ciudadanos nicaragüenses fue devuelto a su país por el Servicio Nacional de Migración de Panamá, que ejecutó la medida tras identificar delitos cometidos y situaciones migratorias irregulares entre los afectados.
Ocho de ellos enfrentaban cargos graves o eran considerados una amenaza para la seguridad pública, mientras que los 16 restantes incumplían normas migratorias.
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De acuerdo con el comunicado divulgado el 16 de junio, las autoridades panameñas especificaron que las expulsiones por delitos incluyeron casos de antecedentes penales, tráfico y venta de drogas, tráfico ilícito de migrantes, tentativa de incendio contra bienes estatales y evasión de controles oficiales. La institución subrayó que estas conductas ponen en riesgo la seguridad colectiva.
Por otro lado, el Servicio Nacional de Migración aclaró que 16 personas fueron deportadas por permanecer en situación migratoria irregular, ya sea por estadía vencida o por no cumplir los requisitos legales de ingreso y permanencia que exige la legislación local.
La entidad recordó que la normativa panameña establece procedimientos claros para quienes no respetan estos lineamientos.
El proceso de traslado hacia Nicaragua se realizó mediante un vuelo que partió del Aeropuerto Marcos A. Gelabert, ubicado en la ciudad de Panamá. Las autoridades recalcaron que la operación respetó tanto la legislación nacional vigente como los convenios internacionales firmados por Panamá en materia de migración.
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Control migratorio y seguridad
La deportación y expulsión de este grupo forma parte de los esfuerzos oficiales para mantener un control estricto sobre los flujos migratorios y proteger el orden público en el territorio nacional. Panamá ha reiterado que estos procedimientos buscan evitar situaciones que puedan afectar la seguridad o el bienestar de la población.
El Servicio Nacional de Migración reafirmó: “Con esta acción, el Servicio Nacional de Migración reafirma su compromiso de hacer valer la normativa nacional, garantizar el orden migratorio y preservar la seguridad y el bienestar general de la población panameña”. La declaración refleja la postura oficial ante la llegada de personas que no cumplen los requisitos migratorios o que se ven involucradas en delitos.
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La política migratoria panameña contempla operativos periódicos para identificar y sancionar tanto a quienes infringen la ley como a quienes no regularizan su estatus migratorio. Las autoridades insisten en la importancia de estos controles para la convivencia y la seguridad social.
Otras deportaciones
El Servicio Nacional de Migración de Panamá deportó y expulsó el 17 de marzo de 2026 a 33 ciudadanos nicaragüenses por incumplimientos de la normativa migratoria, de acuerdo con el Servicio Nacional de Migración.
El operativo incluyó casos de reingreso irregular tras deportaciones previas y antecedentes penales graves, entre ellos femicidio y portación ilegal de armas de fuego, según el organismo.
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El retorno se realizó desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert hacia Managua y se encuadró en el Memorándum de Entendimiento entre Panamá y Estados Unidos para una gestión migratoria ordenada y segura, según Migración. Del total de personas retornadas, 18 eran mujeres, indicó la entidad.
Otro hecho similar ocurrió el 27 de enero de 2026, cuando el Servicio Nacional de Migración deportó y expulsó a 21 nicaragüenses por ingreso irregular, reingreso ilegal y antecedentes vinculados a tráfico internacional de drogas, hurto agravado y trata de personas, según informó La Estrella de Panamá. En ese grupo hubo 11 mujeres y 10 hombres, y el traslado también partió del Aeropuerto Marcos A. Gelabert con destino a Nicaragua, detalló el medio.
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