
El senador Marco Rubio subrayó recientemente en Estados Unidos que Nicaragua permanece como una excepción en la región latinoamericana respecto a la coalición de países considerados aliados de Washington.
Según el legislador, mientras la mayoría de los gobiernos del hemisferio occidental han fortalecido la cooperación con Estados Unidos en asuntos de seguridad y economía, el régimen de Daniel Ortega en Managua sigue distanciado y enfrenta sanciones internacionales.
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De acuerdo con información de la Casa Blanca, Nicaragua, al igual que Cuba y Venezuela, figura como uno de los “outliers” en la política exterior estadounidense hacia América Latina. Rubio, influyente miembro del Comité de Relaciones Exteriores, remarcó que la consolidación de gobiernos afines a Estados Unidos en la región contrasta con el aislamiento del gobierno nicaragüense, al que calificó como un desafío para la estabilidad hemisférica.
De acuerdo con reportes de Americas Quarterly, la administración estadounidense ha impuesto sanciones económicas y financieras a varios altos funcionarios y entidades vinculadas al régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo. Entre las medidas figuran bloqueos de activos, restricciones comerciales y prohibiciones de visado.
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a figuras centrales del círculo de poder de Managua, incluyendo a la vicepresidenta Rosario Murillo y al asesor de seguridad Néstor Moncada Lau, por su implicación en violaciones de derechos humanos y actos de corrupción. Según la Casa Blanca, el objetivo es “presionar al régimen de Ortega para restaurar la democracia y el Estado de derecho en el país”.
El video registra la participación de Marco Rubio en una audiencia. Se le observa sentado en una mesa, vistiendo traje oscuro y corbata, con un micrófono al frente. Una placa identifica su nombre. Durante su pronunciamiento, hace referencia a Nicaragua, Cuba y Venezuela sobre la política internacional y considera a estos países como una excepción en América Latina entre los aliados de Estados Unidos. /(Video de La Prensa de Nicaragua)
La estrategia de sanciones se amplió en 2018 con la firma de la Orden Ejecutiva 13851, que permite el congelamiento de bienes de personas y entidades que contribuyan a la situación de represión en Nicaragua. Esta medida, implementada durante la administración de Donald Trump, marcó un punto de inflexión en la relación bilateral.
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Pronunciamientos de Donald Trump sobre Nicaragua
Durante su presidencia, Donald Trump ha mantenido una postura especialmente dura respecto al gobierno de Ortega. Durante su primer mandato, Trump denunció públicamente la represión ejercida por las autoridades nicaragüenses contra manifestantes y opositores, y llamó a la celebración de elecciones libres y transparentes como única vía para solucionar la crisis política.
En un comunicado oficial, la Casa Blanca aseguró que Trump “está comprometido a presionar al régimen de Daniel Ortega para restaurar la democracia y el Estado de derecho”. Según este documento, “el presidente ordenó sanciones contra individuos y entidades que amenacen la paz, seguridad y estabilidad en Nicaragua”.
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The Atlantic Council reportó que la administración Trump designó a Nicaragua como una prioridad en la política de sanciones, junto a Venezuela y Cuba, y amplió la autoridad para sancionar a cualquier funcionario del régimen que hubiera ejercido funciones desde el regreso de Ortega al poder en 2007.
Efectos y perspectivas
Según Americas Quarterly, desde 2020 hasta 2024, el número de sanciones estadounidenses vinculadas a Nicaragua ascendió a 47 personas y 15 entidades, junto a restricciones de visado para más de 1,000 individuos relacionados con el gobierno de Ortega. Además, el gobierno de Trump suspendió programas de ayuda humanitaria y congeló fondos destinados a organizaciones de derechos humanos que operan en Nicaragua.
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En declaraciones recogidas por este medio, Rubio ha calificado a Nicaragua como “una democracia completamente aniquilada” y ha advertido sobre los riesgos de los vínculos del régimen con Rusia y China. Washington ha manifestado preocupación por la presencia militar rusa en el país centroamericano y el uso de instituciones estatales para reprimir la disidencia.
La administración Trump también ha impulsado mecanismos diplomáticos en la Organización de Estados Americanos (OEA) para condenar la violencia y defender la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Nicaragua.
Mientras la mayoría de los países latinoamericanos refuerzan sus lazos con Estados Unidos, Nicaragua sigue bajo el escrutinio internacional y enfrenta una presión creciente por parte de Washington, que exige una transición democrática y el cese a la represión, en un contexto marcado por el endurecimiento de las sanciones y la vigilancia de organismos multilaterales.
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