Una investigación que se extendió durante dos años permitió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticular una organización criminal señalada como una de las principales estructuras dedicadas al ingreso de drogas a los centros penitenciarios del país. El operativo, denominado “Dalila”, incluyó 39 allanamientos simultáneos y dejó, hasta el momento, 34 personas detenidas.
Entre los capturados figura un jefe de la Policía Penitenciaria destacado en Guápiles, además de otros funcionarios penitenciarios investigados por su presunta participación en el ingreso de artículos prohibidos a los centros penales.
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La investigación también alcanzó a 15 privados de libertad identificados como presuntos integrantes de la organización, quienes se encontraban recluidos en cinco centros penitenciarios intervenidos durante la operación.
De acuerdo con las autoridades, la estructura mantenía vínculos con Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, uno de los hombres más buscados del país y señalado como líder de una organización criminal.
Según explicó el director interino del OIJ, Michael Soto, la organización reclutaba mujeres en condición de vulnerabilidad en la zona de Siquirres y les ofrecía alrededor de ₡300,000 (USD 666) para introducir cápsulas de aproximadamente 150 gramos de cocaína o marihuana ocultas entre sus genitales. Una vez dentro de los centros penitenciarios, la droga era distribuida al menudeo, generando ganancias superiores a los ₡5 millones (USD 11 mil) por cada carga ingresada.
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La investigación permitió establecer que una mujer de aproximadamente 40 años ejercía un papel de liderazgo dentro de la estructura. La sospechosa fue detenida este martes junto con uno de sus hijos. Su pareja sentimental y otros dos hijos ya habían sido capturados anteriormente por hechos relacionados con violencia y criminalidad organizada.
Además del tráfico de drogas, el grupo es investigado por su presunta participación en al menos tres homicidios ocurridos en el cantón de Siquirres. Uno de esos asesinatos dio origen al nombre de la operación “Dalila”, en referencia al personaje bíblico que traicionó a Sansón, ya que, según el OIJ, la víctima fue engañada con la promesa de un encuentro con dos mujeres antes de ser asesinada.
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Durante los allanamientos, los agentes decomisaron tres armas de fuego y una importante cantidad de droga dosificada, evidencia que será incorporada al expediente judicial.
El director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi, explicó que el caso es resultado de un proceso permanente de intercambio de información de inteligencia entre esa policía y el OIJ.
Esa coordinación permitió generar al menos ocho alertas operativas sobre posibles ingresos de drogas y otros artículos ilícitos a los centros penitenciarios. Cuatro de esas intervenciones concluyeron con resultados positivos y las restantes aportaron información clave para fortalecer la investigación.
Bertozzi añadió que las personas privadas de libertad investigadas mantenían cercanía con alias “Diablo” y que las diligencias realizadas evidencian la importancia de reforzar los mecanismos de inteligencia dentro del sistema penitenciario.
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Por su parte, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, aseguró que el operativo demuestra la política de cero tolerancia contra la corrupción dentro de las cárceles.
“Quien decida servir al crimen organizado deja de servir a Costa Rica. No vamos a proteger a ningún funcionario que traicione su uniforme”, afirmó el jerarca a teletica.com
El Ministerio de Justicia y Paz indicó que continuará fortaleciendo las capacidades de inteligencia penitenciaria para combatir las redes criminales que operan tanto dentro como fuera de los centros penales. Mientras tanto, las autoridades judiciales continúan con las diligencias para ubicar a los sospechosos que aún permanecen pendientes de captura y determinar la posible participación de otras personas en esta organización.
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