La abogada nicaragüense Wendy Flores solicitó este miércoles ante el Parlamento Europeo que la Unión Europea promueva una demanda contra el régimen de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por su política de apatridia y exilio forzado, argumentando que estas acciones representan posibles crímenes de lesa humanidad y exigen una respuesta internacional urgente. Así lo expuso durante una audiencia en Ginebra, según informó el medio digital Centroamérica 360.
Flores, vicepresidenta del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más (CNN+), relató ante la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo que su salida forzada de Nicaragua forma parte de una tendencia de persecución política que, desde 2018, ha obligado al exilio a más de 873,000 nicaragüenses, de acuerdo con datos citados por el medio. En febrero de 2023, al menos 452 personas fueron despojadas arbitrariamente de su nacionalidad; en 33 % de los afectados los afectados eran adultos mayores, muchos de los cuales han perdido también sus pensiones.
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Nicaragua mantiene persecución en el exilio
Durante su intervención, Wendy Flores denunció que desde febrero de 2023 las autoridades nicaragüenses han retirado la nacionalidad a por lo menos 452 opositores mediante procesos judiciales sin garantías, cancelando registros civiles y confiscando bienes, una práctica que ha alcanzado incluso a menores de edad cuyas partidas de nacimiento fueron modificadas. Flores precisó que aproximadamente 33 % de los afectados son adultos mayores, lo que incrementa su vulnerabilidad y dificulta su integración en los países de acogida.
La CIDH ha identificado 292 casos de nicaragüenses que no han podido regresar a Nicaragua, según información publicada por Centroamérica 360, quedando como apátridas de facto y con acceso limitado a servicios esenciales como salud, empleo y educación.
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Flores advirtió además que la represión oficial trasciende fronteras. Respaldada por informes del GHREN, detalló que existe una persecución transnacional sostenida. De acuerdo con cifras de su organización, desde 2019 y hasta 2025, al menos 9 personas exiliadas han sido asesinadas y más de 200 han sufrido amenazas o atentados en Honduras y Costa Rica.
Propuestas ante la Unión Europea y el contexto internacional
Flores instó al Parlamento Europeo a impulsar una acción concreta ante la Corte Internacional de Justicia, amparándose en la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, para demandar a Nicaragua por violaciones a la normativa internacional en materia de apatridia y destierros forzados. También propuso la creación de mecanismos que faciliten la adquisición de nacionalidad para las personas afectadas y el fortalecimiento de la protección internacional a quienes se encuentran en el exilio.
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En su declaración, Flores alertó sobre el carácter sistemático de la desnacionalización y el destierro como herramientas gubernamentales para “borrar la existencia cívica” de las voces disidentes en Nicaragua. Solicitó asimismo que estos crímenes sean denunciados ante la Corte Penal Internacional, incluyendo delitos cometidos fuera del territorio nacional.
La audiencia en el Parlamento Europeo tuvo lugar en un contexto en que Nicaragua continúa bajo control represivo del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde 2018, entidades como la CIDH han documentado casos de detenciones arbitrarias, torturas, restricciones al espacio cívico y persecución contra opositores, periodistas y organizaciones civiles, de acuerdo con el medio digital especializado Centroamérica 360.
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