Caso Brooklyn Rivera y el señalamiento internacional sobre desapariciones forzadas en Nicaragua

La solicitud de una prueba de vida inmediata para el líder indígena Brooklyn Rivera ha sido planteada este viernes por expertos de la ONU a las autoridades de Nicaragua y citada por la agencia EFE.

Rivera, quien figura como diputado de la Asamblea Nacional y dirigente miskito, permanece en condición de desaparecido forzado desde hace más de dos años.

La preocupación internacional gira en torno a la ausencia de información oficial sobre su paradero y estado. Los expertos señalaron que, si Rivera hubiera fallecido, el gobierno nicaragüense debe informar “las circunstancias y causas de la muerte y el destino de sus restos”.

Condiciones de detención y denuncias de la ONU

Según el comunicado conjunto, Rivera fue arrestado en septiembre de 2023 por integrantes de la Policía Nacional de Nicaragua. Existen reportes de que el dirigente podría haber perdido la vida bajo custodia, aunque las autoridades no han confirmado ni desmentido esta posibilidad.

Los expertos de Naciones Unidas califican de “inhumanas” las condiciones en los centros de detención del país centroamericano.

De acuerdo con datos de la organización, al menos 112 personas han sido víctimas de desaparición forzada y podrían haber sufrido tortura durante su confinamiento.

La ONU destaca que la policía y las autoridades penitenciarias nicaragüenses han impedido repetidamente que las familias conozcan la suerte y el paradero de los detenidos. Esta práctica, afirman, profundiza la angustia y el sufrimiento de los allegados, quienes continúan a la espera de respuestas.

Reacción de los expertos y contexto de las desapariciones

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas, junto a los relatores sobre ejecuciones extrajudiciales y libertad de opinión y expresión, firmaron el comunicado. Entre los firmantes se encuentran Morris Tidball-Binz e Irene Khan.

La desaparición forzada, sostienen los expertos, causa “una herida permanente en las familias, atrapadas entre la esperanza y las dudas sobre la suerte de sus seres queridos”. El caso de Rivera es visto como un símbolo de la falta de transparencia estatal y del sufrimiento causado por estas prácticas.

La exigencia de la ONU reclama al gobierno de Nicaragua no solo una respuesta puntual sobre Rivera, sino también un cambio de actitud respecto al trato de las personas desaparecidas y sus familiares.

El pedido incluye la necesidad de esclarecer el destino de quienes permanecen sin rastro y el respeto a los derechos humanos de los detenidos.

La persistencia de las desapariciones forzadas bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha encendido alarmas entre organismos internacionales de derechos humanos.

La profundización de esta estrategia represiva, vinculada a la supresión de la oposición política, ha desembocado en la demanda de medidas urgentes para proteger la vida y la integridad de las personas detenidas.

Familiares y organizaciones reclaman, además, la presentación de pruebas de vida y atención médica inmediata para los afectados.

Hasta el 31 de marzo de 2026, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas reportó que 47 opositores permanecían detenidos por razones políticas en Nicaragua.

Entre ellos, según el mismo informe citado por infobae.com, 11 personas se encuentran en desaparición forzada, situación en la que las familias no tienen información sobre su paradero ni sobre su estado de salud.

La magnitud de la crisis

En abril de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de cuatro opositores desaparecidos: Carmen Sáenz, Eveling Matus, Lesbia Gutiérrez y Gerson Zeledón.

Según medios internacionales, la CIDH advirtió que estas personas se hallan “en una situación de gravedad y urgencia, enfrentando un riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad personal”.

Tanto familiares de los desaparecidos como organismos internacionales han intensificado sus llamados al Estado nicaragüense para que termine con estas prácticas y respete los derechos fundamentales de sus ciudadanos.