La CIDH desenmascara la consolidación del régimen autoritario en Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre la consolidación de un régimen autoritario en Nicaragua con violaciones a los derechos humanos, tras la reciente publicación de su informe anual 2025. El documento detalla un proceso de represión, cierre del espacio cívico y desmantelamiento de la institucionalidad democrática bajo el liderazgo de Daniel Ortega y Rosario Murillo. También incluye un extenso apartado de recomendaciones dirigidas al Estado nicaragüense para revertir el deterioro institucional.

Según el reporte de la CIDH, la entrada en vigor de la reforma parcial a la Constitución en 2025 institucionalizó la concentración del poder en la Presidencia, eliminó la separación de poderes y restringió libertades fundamentales. La Comisión describe cómo el cierre del espacio democrático se mantiene, con criminalización de la protesta, cierre masivo de organizaciones sociales, restricciones a la libertad religiosa y persecución contra activistas, periodistas, líderes indígenas y personas consideradas opositoras, incluso dentro del partido oficialista.

En el informe, la CIDH señala que persisten las detenciones arbitrarias, los malos tratos y la tortura en centros de detención. Según datos recogidos por la Comisión, al menos 63 personas permanecen privadas arbitrariamente de la libertad, de las cuales 33 están en condición de desaparición forzada. El documento también informa sobre la muerte bajo custodia estatal de dos opositores detenidos en 2025, en un contexto de aislamiento y ausencia de garantías judiciales.

Represión más allá de las fronteras y el exilio masivo

El reporte advierte que la represión se extiende fuera del país. Organizaciones civiles y el Grupo de Expertos de la ONU en Derechos Humanos sobre Nicaragua han informado de actos de hostigamiento y amenazas contra exiliados y sus familias, así como de uso indebido de mecanismos internacionales para perseguir la disidencia.

La Comisión destaca que desde 2018, más de 400,000 personas han abandonado el país, y al menos 453 han sido despojadas de su nacionalidad de manera punitiva, como represalia por su activismo o disidencia política. Además, se documenta la cancelación de más de 5,600 organizaciones civiles, lo que representa el 75 % del tejido asociativo registrado en 2018.

Entre las conclusiones, la CIDH subraya que las reformas legales y constitucionales de 2025 desmantelaron la autonomía de la Costa Caribe y legalizaron concesiones extractivas en territorios indígenas sin consulta previa. El informe Violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe en Nicaragua detalla ataques, desplazamientos y actos de violencia que siguen en la impunidad, agravados por la militarización y la entrega de concesiones mineras a empresas extranjeras.

Derechos económicos, sociales y situación de la prensa independiente

En materia de derechos económicos y sociales, la CIDH advierte sobre la persistencia de la pobreza, el acceso restringido a servicios básicos y la alta vulnerabilidad climática, con deforestación y sequías que afectan la seguridad alimentaria. Sobre el salario mínimo mensual, aclara: oscila entre USD 148 y USD 333, cifras muy por debajo del costo de la canasta básica, establecido en USD 555.

Respecto a la libertad de expresión, la situación es grave. La Comisión y su Relatoría Especial documentaron detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de periodistas, cierre de medios, confiscación de equipos y campañas de estigmatización. Nicaragua, según la Red Centroamericana de Periodistas, organización regional de periodistas, y Reporteros Sin Fronteras, es el país con mayores restricciones para el ejercicio del periodismo en la región. La mayoría de periodistas independientes está en el exilio, bajo amenaza de apatridia y sin condiciones para ejercer su labor.

Recomendaciones de la CIDH al Estado nicaragüense

Como parte de sus recomendaciones, la CIDH insta al Estado de Nicaragua a restablecer la institucionalidad democrática, garantizar el debido proceso, la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, restituir la nacionalidad y los derechos patrimoniales a quienes fueron despojados de manera irregular, y cesar la persecución contra la sociedad civil, la Iglesia y los medios de comunicación.

Además, el documento exige el respeto a la autonomía y a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como el diseño de políticas orientadas a garantizar el acceso igualitario a la educación, salud, empleo y servicios básicos.

“El Estado debe adoptar de inmediato medidas para poner fin a las políticas y prácticas estatales que generan desplazamiento forzado, destierro y apatridia, garantizando el pleno ejercicio de los derechos a la nacionalidad, la identidad y la libertad de circulación”, indica el informe en una de sus recomendaciones.

La CIDH advierte que la retirada de Nicaragua de organismos internacionales no exime al país del cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y subraya que el monitoreo y la exigencia de rendición de cuentas seguirán activos pese a la falta de cooperación de las autoridades nicaragüenses.