Las autoridades judiciales investigan la posible existencia de una red de falsificación de informes y firmas digitales en el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) de Costa Rica.
El caso involucra a funcionarios y empresas del sector de combustibles, tras detectarse la alteración de al menos 31 expedientes técnicos para favorecer a compañías distribuidoras de gas y estaciones de servicio.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) habría recibido esta semana nueva información, sumando elementos a una denuncia presentada en marzo. Según la acusación, la manipulación de informes habría implicado la adulteración de firmas digitales y la omisión de observaciones sobre incumplimientos normativos, eliminando además los plazos estipulados para corregir deficiencias.
La investigación se centra en el dueño de la empresa Blue Flame, identificado por sus apellidos como Ramírez Sandí, y en un jefe de ingeniería del Minae, de apellidos Salas Picado.
El origen de la indagación fue una anomalía detectada por un ingeniero del propio ministerio, quien al revisar el expediente de la Estación de Servicio Pacífico S.A. notó que su informe, firmado digitalmente el 22 de abril de 2022, había sido modificado y volvía a circular con su nombre, pero con conclusiones distintas y la misma estampa de tiempo. Este hecho fue reportado inicialmente por CR Hoy.
El ingeniero denunciante, quien pidió reserva de identidad por temor a represalias, advirtió que el sistema del Banco Central determinó que su firma digital en los documentos alterados carecía de validez legal, aunque visualmente apareciera su nombre.
Por el contrario, la firma de su superior inmediato, el funcionario Salas, sí resultaba reconocida como auténtica.
Red de alteración de informes y consecuencias tras la explosión en Blue Flame
La Fiscalía abrió la investigación tras identificar una serie de informes técnicos en los que se habrían borrado deliberadamente incumplimientos normativos y eliminado recomendaciones de plazos para subsanar deficiencias.
Al menos 31 documentos aparecen bajo sospecha, todos ellos gestionados electrónicamente por el jefe de ingeniería señalado en la denuncia.
Este patrón de alteraciones apunta a la existencia de una posible red interna que, mediante la manipulación de expedientes, habría beneficiado a diversas empresas del sector, entre ellas Blue Flame.
La gravedad del hecho se incrementó luego de la explosión ocurrida el 7 de marzo en la planta de Blue Flame en Santa Ana, suceso tras el cual el Minae ordenó la suspensión total de operaciones de la compañía. Vecinos del área han exigido el cierre definitivo de la planta, argumentando que la fiscalización fue insuficiente y que un control más estricto habría permitido evitar la emergencia.
El ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, tenía conocimiento de estos incidentes desde septiembre de 2024, según consta en los reportes internos.
Por esta razón, el Minae conformó una comisión investigadora con participación del propio titular de la cartera. Las consultas realizadas a la institución apuntan a que el caso fue trasladado al Viceministerio de Ambiente, pero hasta el momento no se ha emitido un reporte oficial sobre el avance de las pesquisas.
Consultado en anteriores ocasiones, el abogado de Blue Flame, Rafael Rodríguez, manifestó que la empresa desconocía la existencia de la investigación judicial y que se pondría a disposición del Ministerio Público en caso de ser requerido.
El expediente se amplió días después de la primera denuncia, tras detectarse más informes modificados en el sistema oficial de la DGTCC, todos ellos vinculados a los correos electrónicos del jefe de ingeniería.
Entre los cambios más graves identificados por la Fiscalía destacan la desaparición de señalamientos de incumplimientos, la eliminación de plazos para corregir deficiencias y la reformulación de consultas técnicas dirigidas al Ministerio de Salud para restarles peso, como también lo destacó CR Hoy.
Actualmente, la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantienen abierta la causa penal para determinar la responsabilidad de los involucrados tanto en la alteración documental como en la cadena de hechos que derivaron en la explosión de la planta y en la posible entrega irregular de permisos de operación.
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