El régimen de Nicaragua autoriza nueva concesión minera a empresa china

El régimen de Nicaragua amplió su vínculo con empresas extranjeras al conceder a la compañía china Inrun Huaxia Internacional Minería S.A. una nueva autorización para la explotación a cielo abierto de minerales en una superficie de 11,584.8 hectáreas ubicadas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, según publicó La Gaceta. Esta decisión responde a una tendencia creciente impulsada por el régimen nicaragüense, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ha favorecido desde 2021 la expansión del sector minero chino en el país.

En ese periodo, la ONG ambientalista Fundación del Río advirtió sobre la llegada de inversiones y el desarrollo de proyectos de gran escala, incluso en zonas protegidas y comunidades indígenas. De acuerdo con un informe de la organización, titulado Invasión minera china en Nicaragua, las concesiones otorgadas a 17 empresas chinas desde 2021 hasta 2026 abarcan un total de 1.027.310,24 hectáreas, lo que representa el 8.5% del territorio nacional. Esta cifra dimensiona la cesión de una parte significativa del país para actividades extractivas destinadas tanto a minerales preciosos como a elementos considerados críticos a nivel estratégico.

La última adjudicación minera se localiza en el municipio de La Cruz del Río Grande, dentro de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. El lote, denominado San Pedro, fue asignado formalmente mediante acuerdo de la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia y tiene por objeto el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos, según detalló La Gaceta. La empresa beneficiaria, representada en Nicaragua por la ciudadana china Lijun Dong, se suma así al conjunto de firmas extranjeras que acceden a este segmento regulado por el Estado nicaragüense.

La participación china avanza sobre áreas indígenas y protegidas

Según la Fundación del Río, dirigida por el ambientalista Amaru Ruiz —a quien el gobierno nicaragüense privó de la nacionalidad tras oponerse públicamente a políticas oficiales en 2023—, la expansión de las concesiones a empresas mineras chinas no solo abarca zonas de alto valor ambiental, sino también territorios habitados por comunidades indígenas y afrodescendientes. La organización ambientalista ha denunciado que estas licencias incluyen áreas protegidas y han sido autorizadas pese a objeciones de distintas organizaciones ecológicas y políticas opositoras.

El informe elaborado por la ONG observa, además, que las compañías chinas que operan en territorio nicaragüense son de creación reciente. Según la documentación, “muchas de estas empresas carecen de páginas web y no forman parte de corporaciones listadas en bolsas de valores internacionales”. Tampoco se ha presentado información pública sobre la experiencia previa en el sector minero, estudios de factibilidad o el volumen de inversión comprometido.

El interés en minerales estratégicos y las reformas legales para atraer inversión china

En su reporte, la Fundación del Río afirma que el interés de los capitales chinos no se restringe únicamente al oro y la plata, sino que se orienta también hacia la extracción de minerales catalogados como “críticos”. Entre estos recursos, la ONG enumera el cobre, el cobalto, así como el molibdeno, el uranio, el tungsteno, el plomo, el zinc, el cromo y el níquel.

La organización ambientalista sostiene que el Ejecutivo sandinista ha emprendido modificaciones legales para otorgar beneficios y condiciones preferenciales a las inversiones mineras procedentes de China. Estos cambios han permitido, según el análisis de la Fundación del Río, evitar el impacto de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), y posibilitar la continuidad de las concesiones a través de alianzas entre el Estado y empresas chinas incluso en zonas declaradas como reservas mineras.

Distintas organizaciones no gubernamentales de carácter ecológico y actores opositores han manifestado su rechazo a la política de concesiones y han exigido la revocación de las licencias otorgadas en los últimos años.