El Gobierno aprobó el presupuesto para sostener 6.000 km de rutas durante su traspaso a privados

El Gobierno nacional aprobó el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de Corredores Viales Sociedad Anónima, la empresa estatal que administra alrededor de 6.000 kilómetros de rutas nacionales y 42 estaciones de peaje. El esquema fue diseñado como un presupuesto de transición, con el objetivo de sostener la operación y el mantenimiento de la red hasta que los nuevos concesionarios privados asuman efectivamente la gestión de los corredores.

El documento oficial señala que el presupuesto fue elaborado bajo un criterio de “gestión transicional” después del inicio del proceso de privatización total de Corredores Viales y de su posterior intervención. La administración actual deberá garantizar, hasta que se concreten los traspasos, la operación, el mantenimiento, los niveles de servicio y la protección de los activos viales.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 1540/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. El plan prevé $302.711 millones en gastos de operación, frente a ingresos operativos estimados en $131.703 millones, lo que arroja una pérdida operativa proyectada de poco más de $171.007 millones.

Una red clave para el transporte por carretera

La dimensión del esquema adquiere relevancia para el transporte de cargas porque la empresa administra diez tramos estratégicos de la red nacional y, según el propio plan, por esa infraestructura circula aproximadamente el 80% del tráfico correspondiente a la red vial concesionada.

Corredores Viales tiene actualmente a su cargo tareas de construcción, mejora, reparación, ampliación, mantenimiento y administración de esos corredores. Para 2026, sin embargo, el objetivo central pasa por mantener la continuidad operativa durante el proceso de transferencia, iniciado a partir de las licitaciones lanzadas durante el primer cuatrimestre.

El plan establece que las transferencias a los futuros concesionarios deberán concretarse durante el año, mientras la sociedad avanza posteriormente hacia su disolución y liquidación. Hasta entonces, el funcionamiento de rutas y estaciones de peaje continuará bajo responsabilidad de la empresa estatal.

Cuánto se destinará a operar y cuánto a invertir

Dentro del presupuesto, los gastos corrientes alcanzan $302.720 millones. De ese total, las remuneraciones representan $205.788 millones y los bienes y servicios otros $75.773 millones. La empresa proyecta además recibir $110.000 millones en transferencias corrientes de la Administración Nacional.

La diferencia entre ingresos y egresos deriva en un desahorro de $38.039 millones, mientras que el resultado financiero previsto para el ejercicio es deficitario en $25.575 millones.

En materia de infraestructura, el presupuesto presenta una particularidad: la inversión real directa alcanza apenas $400 millones. De ese monto, $100 millones corresponden a maquinaria y equipos y $300 millones a activos intangibles. Las planillas presupuestarias no asignan fondos a construcciones, ni a proyectos en ejecución ni a nuevos proyectos a iniciar.

Ese esquema coincide con el carácter transitorio definido para 2026. El Plan de Acción señala que la política de inversión estará orientada a preservar el patrimonio vial y garantizar condiciones de tránsito y seguridad, mientras se completa el cambio de administración.

Para el transporte vial, el punto central del presupuesto estará entonces en cómo se mantiene la continuidad de una red de 6.000 kilómetros que concentra una porción significativa del tránsito concesionado mientras cambia su modelo de gestión. Durante ese período, el desafío será sostener mantenimiento, seguridad y niveles de servicio sin interrupciones hasta que cada corredor quede efectivamente bajo responsabilidad de los nuevos operadores privados.