Organizaciones ambientales se suman a la defensa de la prensa libre: Son espacios para las voces históricamente excluidas

Luego de que Luisa María Alcalde, Consejera Jurídica del gobierno de Claudia Sheinbaum, exhibiera nombres de periodistas, analistas políticos, líderes de opinión y medios de comunicación calificados como opositores al gobierno, organizaciones de derechos humanos y ambientalistas han denunciado que ello pone en riesgo la libertad de expresión y a los espacios independientes necesarios en una democracia.

Organizaciones como Amnistía Internacional, Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) exigen que el gobierno federal garantice el respeto y la permanencia de los espacios libres, plurales e independientes. A través de un comunicado, plantearon que estos espacios no solo cumplen funciones de vigilancia al poder y formación de opinión, sino que resultan esenciales para la movilización social y la difusión de demandas de grupos históricamente excluidos.

“Sociedad civil organizada, colectivos y voces históricamente excluidas encuentran en ellos espacios para incentivar la movilización, la acción colectiva y difundir demandas de relevancia social”, se lee en el posicionamiento.

Espacios libres permiten agendas sociales y defensa ambiental

Para las organizaciones firmantes, contar con medios que ejerzan un periodismo autónomo y la crítica pública libre es una condición necesaria para que la sociedad civil y los grupos relegados puedan alzar la voz. Expresaron que la crítica al poder y la labor informativa no deben ser descalificadas ni amedrentadas por instancias oficiales.

Señalan que la existencia de espacios independientes contribuye a garantizar canales ciudadanos donde las agendas sociales cobran visibilidad. “No a los listados de periodistas y medios de comunicación. No a cualquier intento de acallar voces”, advirtieron en respuesta a los señalamientos desde el gobierno.

La defensa de estos espacios cobra especial relevancia para los colectivos ambientalistas, quienes consideraron que la visibilidad de las luchas por territorio, medio ambiente y derechos de comunidades indígenas depende en buena medida de la pluralidad en los espacios informativos. Exponen que, en contextos de alta conflictividad socioambiental, los canales independientes han sido la vía para que comunidades mayas y rurales presenten denuncias y demandas.

Asimismo, enfatizaron que los espacios plurales permiten la participación de sujetos que tradicionalmente han sido excluidos del debate público. Destacan que, sin estos espacios, temas como la defensa del agua, la protección de territorios indígenas o la denuncia de proyectos extractivos quedarían fuera del radar social y político.

El pronunciamiento hace referencia directa a la necesidad de garantizar canales de expresión y crítica bajo contextos de respeto y apertura. “Sí a la libertad de prensa y de expresión. Sí al derecho a disentir con respeto”, subrayan como mensaje central.

Exigen garantías para la pluralidad y la crítica

Las organizaciones firmantes agrupan a colectivos ambientalistas, defensoras de derechos humanos y representantes de comunidades indígenas, incluyen a Amnistía Internacional, Grupo GEMA del Mayab A.C., Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (Cemda), Colectivo Maya de los Chenes, Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR), Greenpeace México A.C., Red Mexicana de Periodistas Ambientales, SélvaMe MX, así como a Wilberth Alfonso Nahuat Puc, comisario municipal de la Comisaría de Santa María Chi, comunidad maya de Yucatán.

Exigen a la administración federal que encabeza Claudia Sheinbaum respetar y salvaguardar la crítica en un marco de pluralidad y apertura. Insistieron en que la permanencia de los espacios libres y críticos es condición para que la sociedad civil y las perspectivas disidentes difundan demandas de relevancia social y fomenten la movilización.

El comunicado concluye con la exigencia de frenar cualquier práctica oficial que implique la elaboración de listados o señalamientos públicos contra periodistas, colectivos y organizaciones. Sostienen que estos actos constituyen un riesgo para los contrapesos sociales y la democracia.