La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que existió un malentendido en torno a los nombres de periodistas, medios de comunicación y personajes políticos presentados por Luisa María Alcalde Luján durante el programa “Derecho de Réplica” la semana pasada. Ante las críticas generadas por el ejercicio, planteó que podrían dejar de mencionarse personas en futuras exposiciones.
Durante la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo” de este martes, la mandataria sostuvo que el objetivo de la presentación no fue elaborar una “lista negra” ni señalar a determinados comunicadores como enemigos del gobierno. Según explicó, los nombres fueron utilizados como ejemplos de contenidos que son retomados y amplificados por cuentas falsas:
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“A ver, primero, no hubo ninguna lista, se presentaron nombres (…) Si generó un problema, pues que ya no se digan estos nombres. Lo que sí estoy de acuerdo es que se siga hablando de cómo las redes sociales pagadas, a través de bots y troles, pueden generar un esquema en contra del Gobierno y generar tendencias de opinión en las redes que además son falsas. Y también estoy de acuerdo que haya derecho de réplica", declaró la presidenta.
La discusión se originó después de que una reportera cuestionó si identificar con nombre y apellido a comunicadores podía responsabilizarlos directamente de iniciar una ofensiva digital contra el gobierno.
La presidenta argumentó que el ejercicio de Alcalde explicó cómo una nota periodística puede convertirse en el punto de partida de una tendencia digital, incluso cuando su autora o autor no participa en la supuesta estrategia de amplificación.

Como ejemplos mencionó las narrativas asociadas con expresiones como “narcogobierno”, “narcocandidata” o “narcopresidente”, así como publicaciones sobre el desabasto de medicamentos. De acuerdo con su explicación, algunas notas continúan circulando meses después de que una institución informó que el problema ya había sido resuelto.
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Sheinbaum señaló que en este tipo de casos el contenido original puede ser reutilizado para generar publicaciones engañosas o descontextualizadas. No obstante, precisó que la aparición del nombre de un periodista en la exposición no necesariamente significa que participe en una red coordinada.
“Puede ser que el periodista no esté en ese tema, pero ella dio ejemplos. Nunca planteó: Esta es la lista de los malos periodistas”, aseguró la mandataria y rechazó que Alcalde hubiera pedido a la ciudadanía dejar de consultar sus contenidos.
Más adelante, subrayó que en México existe un amplio debate político y negó que su administración ejerza censura, pues no se ha solicitado a medios de comunicación retirar comunicadores o impedir la publicación de información crítica.
Cuando la reportera señaló que algunas de las personas mencionadas recibieron agresiones en las redes sociales, Sheinbaum respondió que ella y quienes respaldan las políticas gubernamentales también son blanco de ataques digitales:
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“Yo también recibo muchas agresiones en redes sociales. También los compañeros que están a favor de muchas políticas que hace el Gobierno reciben cantidad de agresiones en redes sociales. Es parte del problema de las redes sociales. Pero nunca se planteó ni censura ni una lista”, reiteró.
La presidenta abrió la posibilidad de modificar el formato de futuras presentaciones y que ya no se digan nombres. Sin embargo, insistió en que debe mantenerse la discusión pública sobre la operación de cuentas pagadas, bots y troles que pueden posicionar tendencias o multiplicar información falsa.
“Cuatro capas” en presunta red de amplificación digital
El análisis presentado por Luisa María Alcalde consistió en un monitoreo de siete meses, del 1 de enero al 8 de agosto, periodo en el que se detectaron 560 mil 520 cuentas bots y más de22 millones de publicaciones presuntamente dirigidas, en su mayor parte, a atacar al gobierno y la Presidenta. El estudio detalla “cuatro capas”:
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- La primera, formada por medios y analistas, donde se identificaron 54 cuentas con 282 mil 866 publicaciones que originan el mensaje.
- La segunda, corresponde a figuras públicas y políticos, quienes retoman y politizan el contenido. En esta se muestran 32 cuentas con 67 mil 215 publicaciones.
- La tercera capa está compuesta por cuentas de ataque, “bloque anónimo” y trolls. Estas generan 213 mil 580 publicaciones y su función es reempaquetar, editorializar y distribuir el mensaje, principalmente a través de retuits y respuestas en conversaciones ajenas. Subrayó que estas cuentas pueden publicar cada 33 segundos, con actividad 21 horas al día.
- La cuarta capa es el anillo de bots, con 500 mil cuentas detectadas que replican los mensajes de las capas anteriores. Estos bots operan de forma automatizada con computadoras y celulares programados para amplificar mensajes de forma masiva.
Además, la funcionaria afirmó que el fenómeno se extiende más allá de México, al señalar que el 33% de esas menciones puede geolocalizarse, con nodos de actividad en México, Estados Unidos, España, Argentina, Venezuela, Colombia, Indonesia, Perú y Ecuador.
Artículo 19 alerta sobre lista “anti 4T” de Luisa María Alcalde
A raíz de la presentación, la organización Artículo 19 expresó preocupación por el uso de recursos y plataformas oficiales para monitorear y clasificar la conversación pública en internet. Dicho pronunciamiento cuestionó que la exposición no incluyera una metodología transparente ni evidencia técnica verificable sobre la selección de las cuentas.
La organización advirtió que la diferencia de poder entre el Estado y las personas identificadas obliga a las autoridades a actuar con mayor responsabilidad. A su juicio, presentar nombres desde un espacio oficial puede tener un efecto inhibitorio sobre la participación de periodistas y ciudadanos en la conversación digital.
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En las 48 horas posteriores a la exposición, Artículo 19 detectó un aumento de mensajes intimidatorios y etiquetas como #PrensaVendida y #ChayoteroMercenario contra algunas de las personas mencionadas. El organismo alertó que esta clase de campañas puede traducirse en hostigamiento, amenazas y violencia digital, con afectaciones diferenciadas para las mujeres periodistas.
Además, recordó que durante 2025 documentó 197 episodios vinculados con un ambiente hostil contra quienes ejercen el periodismo, entre ellos discursos estigmatizantes, amenazas y actos de criminalización.
La organización concluyó que el Estado debe abstenerse de desacreditar información crítica sin pruebas suficientes y garantizar la neutralidad institucional ante las expresiones de interés público.
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Video de 2021 donde Sheinbaum llama “fascistas” a las listas genera polémica
La controversia aumentó después de que usuarios de las redes sociales recuperaron un video de 2021 en el que Claudia Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, cuestionó la elaboración de listas para identificar a personas por sus posiciones políticas.
En aquella grabación, Sheinbaum relacionó ese tipo de prácticas con “el macartismo y el nazismo”. La circulación del fragmento fue utilizada por críticos del actual gobierno para contrastar esa postura con la presentación encabezada por Luisa María Alcalde.
La comparación generó cuestionamientos sobre los límites entre el derecho de réplica, la identificación de tendencias digitales y el señalamiento de periodistas desde una plataforma gubernamental.
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El episodio también recuperó antecedentes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En mayo de 2019, su administración presentó una relación de 36 comunicadores que presuntamente habían recibido contratos de publicidad oficial durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En años posteriores, López Obrador exhibió cifras sobre supuestos ingresos de periodistas y conductores, en algunos casos sin acompañarlas de documentación pública verificable.
Sheinbaum respaldó este martes la existencia del fenómeno descrito, pero aceptó que la difusión de nombres pudo causar problemas. Su propuesta de omitirlos en adelante busca cerrar una parte de la controversia, aunque mantiene abierto el debate sobre la vigilancia estatal de las redes sociales y los límites de la respuesta gubernamental ante contenidos críticos.
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