Preocupante que el Estado mexicano monitoree conversación pública: Artículo 19 sobre lista ‘anti 4T’ de Luisa María Alcalde

Tras la difusión desde Palacio Nacional de una lista con más de 500 mil cuentas críticas al gobierno federal, en donde se incluyen periodistas y comunicadores, la organización de derechos humanos, Artículo 19 alertó sobre el riesgo que representa para la libertad de expresión que el Estado mexicano utilice recursos y plataformas oficiales para vigilar y calificar la conversación pública en redes sociales.

A través de un comunicado, sostuvo que este tipo de acciones abre un precedente delicado para la libertad de expresión y el ejercicio de derechos en el espacio digital. Advirtió que el monitoreo estatal, sin transparencia en la metodología ni evidencia técnica verificable, genera dudas sobre el propósito real detrás de la clasificación de participantes en redes sociales.

Señaló que la capacidad institucional del Estado no es equiparable a la de ciudadanos individuales y que la asignación de recursos oficiales para calificar la difusión de mensajes críticos como “inorgánica” puede derivar en efectos inhibitorios sobre la conversación pública en línea.

Durante 2025, Artículo 19 documentó 197 casos relacionados con un ambiente hostil hacia quienes ejercen el periodismo, entre ellos discursos estigmatizantes, amenazas y criminalización. La organización subrayó que la presentación de listas de cuentas críticas desde espacios oficiales intensifica la vulnerabilidad de quienes participan en el debate público digital y puede incrementar la violencia digital.

Luisa María Alcalde exhibió red digital: más de 500,000 cuentas fueron señaladas como ‘anti 4T’

El 12 de agosto, la titular de la Consejería Jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, presentó una presunta “red de amplificación digital” compuesta por cuatro capas de usuarios, donde incluyó periodistas, analistas políticos, opositores y cuentas anónimas.

Según su exposición, la red estaría coordinada para amplificar tendencias contrarias al gobierno. El análisis, presentado en el espacio “Derecho de Réplica”, realizado desde Palacio Nacional, no detalló la metodología ni los criterios de selección de cuentas, situación que Artículo 19 consideró preocupante por la ausencia de evidencia técnica.

La organización insistió en que el Estado mexicano debe abstenerse de calificar y desacreditar información crítica o incómoda, ya que esto contraviene tanto la Constitución como los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

El monitoreo y señalamiento desde instancias oficiales no corresponde a las facultades de la Consejería Jurídica, cuyo marco legal está restringido a funciones de asesoría y apoyo técnico-jurídico para la presidencia.

Estigmatización y violencia digital: riesgos para la libertad de expresión

Artículo 19 sostuvo que la estigmatización derivada de este tipo de ejercicios oficiales contribuye a que periodistas y ciudadanos decidan “abstenerse de participar” en la conversación pública por temor a ser exhibidos y asediados. Señaló que la diferencia de poder entre el Estado y los individuos implica una responsabilidad mayor en el uso de recursos públicos para monitorear y calificar opiniones emitidas en redes sociales.

En las 48 horas posteriores a la difusión de la lista, se incrementaron los mensajes intimidantes contra quienes aparecieron señalados. De acuerdo a la organización, se observó el uso de hashtags como #PrensaVendida o #ChayoteroMercenario, asociados a campañas de descrédito y hostigamiento, lo que evidenció el potencial de estos ejercicios para incidir en la seguridad y el bienestar de los involucrados.

El organismo también señaló que las agresiones en espacios digitales tienen un impacto diferenciado en las mujeres periodistas. Casos recientes han mostrado que, además de insultos y descalificaciones, suelen recibir ataques con componentes sexistas y representaciones gráficas ofensivas, situación que agrava la violencia de género en el entorno digital.

Monitoreo estatal: incompatible con la protección de derechos

La postura de Artículo 19 fue que el monitoreo del discurso público por parte del Estado, con el propósito de calificar o desacreditar información, resulta incompatible con los principios de una sociedad democrática. El organismo apuntó que la existencia de listas y acusaciones sobre redes supuestamente organizadas para influir en la opinión pública, sin sustento técnico, contribuye a la desinformación en vez de combatirla.

La organización recordó que la neutralidad estatal ante las expresiones de interés público es una obligación primaria y que funcionarios y entidades deben tolerar la crítica en mayor medida que los particulares. Limitar o condicionar el debate público mediante mecanismos indirectos, como la estigmatización desde el poder, reduce la protección de la libertad de expresión.

El comunicado concluyó que ampliar las facultades del Estado para monitorear la conversación pública, sin transparencia ni evidencia suficiente, se aleja de los objetivos de una sociedad democrática y puede convertirse en un instrumento de autocensura en internet.