Se agota el tiempo: así ha avanzado el caso de Rubén Rocha Moya tras las acusaciones de EEUU por presuntos nexos con Los Chapitos

Las acusaciones de Estados Unidos en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y 9 personas más que en su momento formaron parte de su administración, forman parte de uno de los escándalos que más ha sacudido a Morena y en especial, al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que se fundamentan en la presunta relación del sinaloense con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Un plazo de 60 días y la controversia sobre la extradición de Rocha Moya

Actualmente, el gobernador se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que las autoridades estadounidenses solicitaron la detención provisional con fines de extradición, situación que no ha sucedido por la falta de pruebas, según han acusado las autoridades mexicanas.

Cabe destacar que para que se lleve a cabo el procedimiento de extradición (en caso de ser solicitado), se requiere que en un plazo no mayor a 60 días -según el artículo 10 del Tratado Bilateral de Extradición- Estados Unidos entregue los siguientes requerimientos una vez que las personas solicitadas hayan sido detenidas en el país de origen:

• Una copia certificada de la orden de aprehensión librada por un juez u otro funcionario judicial de la Parte requirente
• Pruebas que justifiquen la aprehensión y enjuiciamiento de la persona reclamada

El asunto de la solicitud de pruebas en contra de los 10 mexicanos acusados ha sido muy debatido en el último mes, siendo la propia presidenta de México quien ha externado que de no presentarlas, estas acusaciones y la exhibición por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos podrían tener otros fines:

“Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.

A un mes de la exhibición por nexos con Los Chapitos

El pasado 29 de abril marcó un nuevo capítulo para el gobierno de Sinaloa, luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América para el Distrito Sur de Nueva York hiciera público el documento titulado “El gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios mexicanos, tanto en activo como retirados, fueron acusados ​​de narcotráfico y delitos relacionados con armas“, donde se destapa una presunta red de la administración estatal para beneficiar a integrantes de Los Chapitos.

La publicación llevó a la desarticulación del gobierno de Rocha Moya en menos de una semana, ya que sobre los funcionarios en activo, con licencia o fuera del servicio público pesan acusaciones que podrían alcanzar una pena mínima de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua:

• Conspiración para importación de narcóticos,
• Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos
• Protección a líderes del cártel y filtración de información confidencial al crimen organizado

Pese a que México confirmó que solicitaría más pruebas sobre el caso, el pasado 27 de mayo el canciller Roberto Velasco evitó dar respuesta a cuestionamientos de la prensa sobre los resultados de esta solicitud, lo que deja en el limbo los avances de la investigación para esclarecer uno de los escándalos políticos que ha dejado huella en la administración de Sheinbaum.

Este es el estatus actual de los 10 acusados por Estados Unidos

A un mes de que se dieran a conocer los graves señalamientos en contra de integrantes de la administración de Rubén Rocha Moya, la situación del gobierno de Sinaloa llevó a la aprobación urgente de licencias -permiso que lleva a la separación del cargo público por tiempo definido, indeterminado o permanente- por parte de quienes se mantenían activos.

En este artículo te explicamos en breves líneas el estatus actual de cada uno de los 10 acusados por Estados Unidos:

Funcionarios en activo:

• Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Sinaloa, el único de los acusados que no ha solicitado licencia a su cargo, se ha mantenido lejos de los reflectores públicos y activo en redes sociales. El 22 de mayo se reunió con Javier Corral en el exclusivo Country Club de Culiacán; además, dijo haberse presentado a declarar ante la FGR el martes 26 y aseguró que no se escudará en el fuero constitucional.

Funcionarios con licencia:

• Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa solicitó licencia la noche del 1 de mayo, la noticia la dio a conocer a través de un video (a manera de comunicado). El pasado 23 de mayo reapareció en redes sociales para confirmar la citación de la FGR para declarar por las acusaciones de los estadounidenses. Desde su cuenta de X compartió haberse presentado a la Fiscalía, sin embargo, no hay evidencia de que haya acudido.
• Dámaso Castro Zaavedra, quien era el vicefiscal estatal de Rocha Moya, también pidió licencia a inicios de mayo y se había mantenido fuera de la esfera pública hasta el 26, ya que se presentó en la FGR para brindar su testimonio, ante medios descartó los vínculos con el Cártel de Sinaloa y no proporcionó más información sobre este proceso.
• Juan de Dios Gámez Mendívil, el alcalde de Culiacán pidió licencia también el primer día de mayo, misma que se aprobó de forma exprés por el cabildo. En sus redes sociales dio a conocer que atendería el llamado de la Fiscalía, bajo discreción y sin contacto con medios se presume que acudió a la comparecencia el pasado martes.

Exservidores públicos:

• Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, se presume que se habría entregado en Nueva York el pasado 15 de mayo, sin embargo, el dato no ha sido confirmado por ninguna autoridad.
• Gerardo Mérida Sánchez, el exsecretario de Seguridad Pública habría tramitado un amparo para no ser extraditado, pese a este movimiento fue “detenido” en Arizona tras cruzar por la Garita de Nogales el 11 de mayo, compareció ante la corte federal de Manhattan y rechazó los cargos imputados.
• Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, acudió a la citación de las autoridades mexicanas el 26 de mayo, en entrevista con medios de comunicación negó los vínculos con el crimen organizado y descartó intentar ser testigo protegido del gobierno estadounidense.
• Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa, hasta el momento no se tiene información pública sobre su paradero ni existe registro de que haya comparecido ante la FGR.
• José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal, hasta el momento no se tiene información pública sobre su paradero ni existe registro de que haya comparecido ante la FGR.
• Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, exmando en la Policía Municipal de Culiacán, hasta el momento no se tiene información pública sobre su paradero ni existe registro de que haya comparecido ante la FGR.

Cabe destacar que ante la salida de Rubén Rocha Moya del gobierno de Sinaloa, el congreso local nombró a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina, quien en sus primeras declaraciones defendió al mandatario con licencia, mostrándose afín a su antecesor y confiando en el esclarecimiento del caso.

Un mes de contradicciones por la seguridad de Rocha Moya

En este mes, tanto la presidenta de México como el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, se han contradicho respecto a quién resguarda a Rocha Moya, un dato que ha generado especulación por la alta probabilidad de que el funcionario con licencia se dé a la fuga y no haga frente al proceso de Estados Unidos en caso de que el asunto prospere.

El pasado 21 de mayo, Sheinbaum afirmó que el exmandatario cuenta con vigilancia de la Guardia Nacional: “Entiendo que hay vigilancia, como hay para cualquier persona que la solicita y a partir de una evaluación de riesgo... Entiendo que sí”, declaró en su conferencia mañanera.

La presidenta precisó que la decisión no recae en ella, sino en un proceso institucional:

“Se solicita a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o directamente a la Secretaría de la Defensa. La Defensa tiene una metodología para hacer la evaluación... hace una revisión de riesgo y a partir de ahí toma la decisión de sí poner vigilancia o no poner vigilancia”.

Sin embargo, un día antes, el 20 de mayo, Harfuch ofreció una versión distinta, debido a que confirmó que Rocha Moya se encuentra en Sinaloa y aseguró que ninguna institución federal le brinda escolta:

“Tiene policía estatal, hasta donde tenemos entendido. La escolta corre a cargo del Estado. Él, como es gobernador con licencia, cuenta con un servicio de escolta, pero del Estado”.