Maru Campos, Samuel García, Cabeza de Vaca y Riquelme: cuatro gobernadores y sus acuerdos con Texas

Cuando el nombre de Maru Campos apareció ligado a una citación de la Fiscalía General de la República (FGR) y a la presunta presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, la atención nacional se concentró en ella. Sin embargo, los documentos oficiales, los videos y las publicaciones en redes sociales de la época cuentan una historia más amplia: la gobernadora de Chihuahua no fue la única que se sentó frente a Greg Abbott para firmar un acuerdo de seguridad fronteriza al margen del gobierno federal.

En apenas tres días de abril de 2022, los gobernadores de Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas firmaron, uno por uno, memorandos de entendimiento con el Estado de Texas. Hoy, con la FGR investigando el caso Campos, la pregunta que emerge es la misma para los cuatro: ¿tenían facultades constitucionales para hacerlo?

Maru Campos: la que pidió unidad y negoció en solitario

El 12 de abril de 2022, Campos publicó en su cuenta de X un video grabado desde el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno de Chihuahua. En él describía la crisis que vivía la frontera —largas filas de camiones de carga en Ciudad Juárez por las inspecciones exhaustivas que Texas había impuesto— y lanzaba un llamado directo a los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para “mantenerse unidos y buscar juntos el diálogo con el gobierno de Texas”.

Dos días después, el 14 de abril, Campos viajó a Austin y firmó en solitario su propio memorando con Abbott. El gobernador texano leyó en voz alta el párrafo central del acuerdo: Chihuahua se comprometía a reforzar la seguridad a lo largo del Río Bravo, desplegar drones en la franja fronteriza e implementar la Plataforma Centinela, una inversión de aproximadamente 200 millones de dólares en tecnología de rastreo vehicular desde los parques industriales de Juárez hasta el cruce a Texas.

Abbott, por su parte, describió el plan presentado por Campos como “el mejor que he visto de cualquier gobernador de México” y anunció que los cruces fronterizos entre ambos estados regresarían a operar con normalidad de inmediato.

Samuel García: el que dijo que hacía historia

Ese mismo 13 de abril, un día antes que Campos, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, firmó su propio memorando con Abbott en Laredo. En el acto, García celebró el acuerdo con entusiasmo: “Estoy muy feliz de hacer historia, porque hoy dos estados, creo que los dos estados más importantes, están haciendo un memorándum de entendimiento”, declaró.

El pacto contemplaba reforzar la seguridad en los 14 kilómetros de frontera que comparten ambos estados y agilizar el paso de transportistas de carga pesada por el Puente Colombia hacia Laredo, Texas. García también anunció que Nuevo León había instalado puntos de revisión en su franja fronteriza para que Abbott “no tuviera ningún problema con Nuevo León”.

Riquelme: el tweet que lo confirma

El mismo 14 de abril en que Campos firmaba en Austin, el entonces gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, también salía del Capitolio de Texas con su propio acuerdo firmado. Lo confirmó él mismo en X: “Saliendo del Capitolio, terminando una productiva reunión con el gobernador de Texas, Greg Abbott, donde firmamos un acuerdo bilateral en materia de seguridad y migración en nuestra frontera”, escribió.

Una semana después, Riquelme publicó otro tuit informando que se reunió con el subdirector de Operaciones Fronterizas del Departamento de Seguridad Pública de Texas en Eagle Pass, donde abordaron temas de seguridad y migración.

Cabeza de Vaca: firmó el acuerdo con una investigación encima

El último en sumarse fue el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien firmó su memorando con Abbott el 15 de abril de 2022 en Weslaco. El acuerdo contemplaba frenar el cruce irregular de migrantes, agilizar el flujo comercial en los puentes internacionales y establecer coordinación de inteligencia entre los departamentos de seguridad de ambos estados.

Lo que no apareció en el acto oficial es el contexto que lo rodeaba: para ese momento, la FGR llevaba más de un año intentando procesarlo penalmente. En 2021, la Fiscalía había solicitado su desafuero por los presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal. Aunque la Cámara de Diputados aprobó retirarle el fuero, el Congreso local de Tamaulipas determinó que no procedía la declaración de procedencia. Al momento de firmar con Abbott, Cabeza de Vaca tenía una orden de aprehensión suspendida mediante amparo y una investigación activa sobre presuntos vínculos con el crimen organizado —precisamente el fenómeno que el memorando prometía combatir.

La presión que lo detonó todo

Los cuatro acuerdos respondían a la misma causa: Abbott había ordenado inspecciones exhaustivas a todos los camiones mexicanos que cruzaran a Texas, ante el temor de un aumento en el tráfico de personas y drogas tras el anuncio del gobierno de Biden de poner fin a las expulsiones del Título 42. Las pérdidas estimadas por las revisiones alcanzaban los 8 millones de dólares diarios en la región fronteriza.

La estrategia de Abbott fue presionar estado por estado hasta obtener compromisos de seguridad individuales. Y funcionó. En tres días, los cuatro gobernadores fronterizos más importantes de México firmaron en Austin, Laredo y Weslaco acuerdos que, según la presidenta Claudia Sheinbaum, ningún gobierno estatal tenía facultades constitucionales para suscribir con una entidad extranjera.

Maru Campos: la que hoy responde ante la FGR

El caso de Campos no surge en el vacío. La FGR la citó a comparecer el 27 de mayo en Ciudad Juárez como testigo en una investigación relacionada con la presunta presencia de agentes de la CIA en un operativo en la Sierra de Chihuahua —pero los memorandos firmados en abril de 2022 revelan que la coordinación directa con autoridades estadounidenses al margen del gobierno federal no fue exclusiva de Chihuahua.

Es precisamente ese patrón el que preocupa al gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido enfática: ningún estado tiene facultades constitucionales para suscribir acuerdos o establecer canales de coordinación con entidades extranjeras.