Olga Sánchez Cordero apoya reforma al Poder Judicial, pero bajo ciertas condiciones

La diputada de Morena y exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero planteó este 27 de mayo en la Cámara de Diputados una serie de reservas a la reforma del Poder Judicial para aplazar la elección judicial hasta 2028, reorganizar al Máximo Tribunal en dos secciones y, al mismo tiempo, blindar la estabilidad laboral de jueces, magistrados y personal durante el periodo transitorio.

En su intervención, Sánchez Cordero sostuvo que las propuestas recogen inquietudes de juezas, jueces, magistradas y magistrados con quienes coincidió durante la discusión de la reforma. Según la diputada, esas ideas buscan “fortalecer a México y mejorar las condiciones en las que se integra y transforma el Poder Judicial”.

La morenista dijo ante el pleno que celebra dos puntos del dictamen: aplazar la elección para 2028 y crear dos secciones en la SCJN para hacerla “más eficiente”. Aun así, advirtió que debía ser crítica “con el fondo del asunto” para explicar el alcance de sus reservas.

Las reservas buscan limitar presiones sobre jueces y magistrados

Sánchez Cordero afirmó que una de sus propuestas centrales consiste en garantizar la estabilidad en el cargo de jueces y magistrados durante el periodo transitorio. Según explicó, eso implica evitar que el régimen disciplinario se use como mecanismo de presión.

También propuso regular de manera estricta los cambios de adscripción y las sanciones. De acuerdo con su planteamiento, esas medidas no deben derivar en la disminución de derechos económicos o compensatorios, ni afectar las indemnizaciones constitucionales previstas.

La diputada agregó que también consideró esencial asegurar el respeto total a los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial. Ese punto incluye una indemnización justa para quienes concluyan su encargo por separación voluntaria, por declinación o porque no resulten electos.

En un bloque de cambios a los artículos 95 y 97, Sánchez Cordero propuso que para ser ministra o ministro de la Corte se requiera únicamente la ciudadanía mexicana y no la nacionalidad por nacimiento. Según su exposición, ese criterio también debería adaptarse para el acceso a todos los cargos públicos.

La exministra planteó además que se tome en cuenta una experiencia profesional mínima de 10 años y una certificación de competencias regulada por ley secundaria para quienes aspiren a integrar la Corte. Para magistradas, magistrados, juezas y jueces, añadió una práctica profesional mínima de cinco años dentro de los tribunales y una certificación vigente. “No podemos dejar estos estándares a la discrecionalidad administrativa”, dijo Sánchez Cordero.

Para Sánchez Cordero el comité de evaluación y las suplencias concentran “el corazón del problema”

Al referirse a los artículos 96, 98, 116 y 122, la diputada señaló que ahí se ubica “el corazón del problema” porque regulan la selección y las suplencias. Su propuesta es que el comité de evaluación contemplado en la iniciativa presentada por algunos diputados y senadores se integre por personas con práctica profesional mínima de 10 años y trayectoria reconocida, con dos representantes por cada poder.

También planteó que los exámenes de conocimiento sean elaborados y aplicados por la Escuela Nacional de Formación Judicial. Según explicó, el comité debería valorar la idoneidad con base en la trayectoria de las personas aspirantes.

Sánchez Cordero sostuvo además que no deben poder ser juzgadores de poderes judiciales federales y locales quienes estén inhabilitados y quienes hayan sido secretarios de Estado, fiscales, diputados, concejales y presidentes municipales.

La legisladora propuso, además, que los órganos de administración judicial y el tribunal de disciplina se renueven de forma escalonada. La intención es que no se pierda la experiencia acumulada en esos órganos y que la renovación ocurra paulatinamente.

En el mismo paquete de reservas, planteó que las personas juzgadoras puedan declinar su candidatura hasta 30 días después de publicada la convocatoria. También pidió que la presidencia del tribunal de disciplina y del órgano de administración sea votada por sus pares cada dos años y no mediante reelección.